El Gobierno reestructurará el fideicomiso del trigo. La medida comenzaría a regir a partir del 1° de octubre. Los molineros apoyan el cambio, pero los panaderos se oponen y advierten que el kilo de pan podría aumentar a más de $450.
Economía 31 de agosto de 2022
El secretario de Comercio, Matías Tombolini, reestructurará el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que desde octubre comenzará a subsidiar a las panaderías en lugar de los molinos, como venía haciéndose desde que fue creado a mediados de marzo de este año.
El nuevo esquema es fuertemente cuestionado desde el sector panadero, quienes este martes mantuvieron una tensa reunión con el funcionario nacional y argumentaron que su decisión generaría un encarecimiento de este alimento, que podría llegar a costar más de $450 por kilo. En cambio, la medida es respaldada por los molineros, ya que sostenían que con el anterior sistema se generaban distorsiones en el mercado.
El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, aseguró: “Tombolini nos comunicó que iba a buscar la forma para subsidiar a la demanda de harina, es decir a los panaderos, en vez de la oferta. Eso nos pareció correcto, es una idea superadora de lo que teníamos”.
A diferencia de lo que sostienen los panaderos, Cifarelli consideró que esta iniciativa no generaría un incremento de precios. Según explicó, el FETA estaba integrado por 10 molinos sobre 150, porque ni siquiera habían llegado a incorporarse los otros 10 que Tombolini había sumado recientemente.
“El 90% de las panaderías estaban recibiendo una harina sin subsidio, por lo tanto no debería pasar nada, excepto que haya una suba descomunal en la cotización del trigo, algo que parece poco probable”, indicaron.
El dirigente aseguró que, según lo que dialogaron el lunes con el secretario, el nuevo FETA comenzará a implementarse desde el 1° de octubre, y durante septiembre el Gobierno se ocupará de su rediseño. “Ahora comenzarán a trabajar con los panaderos para instrumentarlo, más allá de los ruidos que se han escuchado en estos días”.
Sobre eso, detalló: “Tombolini lo asoció al funcionamiento del Pre Viaje, donde se asiste a una cantidad de miles de pedidos, cosa que ahora se hará con las panaderías. Ellos quieren trabajar en un modelo sistémico que tenga ese virtuosismo, pero subsidiando a la oferta en lugar de la demanda, para tener la certeza de que el pan a precio accesible llegue al consumidor y no se quede en el camino”.
De este modo, en principio, las panaderías tendrían que presentar las facturas de venta para acceder al subsidio. “El concepto me parece superador, después tendrán que ver cómo es la forma en que se hace y creo que tiene muchas posibilidades de ser exitoso. Lo más importante es que se pueda llegar con un pan accesible al consumidor”.
No obstante, Cifarelli aseguró que algunos molinos esperan cobrar los subsidios que el Gobierno les debe desde junio. Además aseguró que no puede detallar el monto de esa deuda, porque la situación es distinta en cada empresa.
Al igual que FAIM, desde otras entidades del sector también habían criticado fuertemente al fideicomiso. Fueron los casos de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA) y la Cámara de Industriales Molineros (CIM).
Ambas entidades coincidieron que esa herramienta “fracasó” y pidieron darla de baja, ya que generó diferentes distorsiones en el mercado sin lograr que baje el precio del pan, ya que la harina incide solo en un 14% del mismo.
El fideicomiso además generó cuestionamientos de las 4 entidades de la mesa de enlace (Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro), ya que es solventado con los fondos que se recaudarían a partir de la última suba de retenciones a la harina y el aceite de soja, del 31% al 33%, que fue anunciada a mediados de marzo y se calcula en unos US$400 millones.
Una tensa reunión con los panaderos. En contrapartida a la opinión de los molineros, ahora son los panaderos los que se oponen a este cambio y mantuvieron este martes un tenso encuentro con Tombolini. En declaraciones a los medios, el titular de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Raúl Santoandré, comentó: “La realidad es que el secretario de Comercio nos dejó en claro que no le interesa que pueda faltar el pan en la mesa de los argentinos. Una vez que los panaderos no tengan más harina con subsidio, el precio del kilo de pan podría alcanzar los $450, o más”.
En esa línea, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, aseguró que la reunión con el nuevo secretario de Comercio fue un “fracaso rotundo” y afirmó: “No sabíamos si estábamos sentados con un secretario de Comercio o con un lobbysta de los molineros”.
“Nos sorprendió la insensibilidad social del nuevo secretario de Comercio”, agregó el dirigente. “Cuando le planteamos que cortar el fideicomiso del trigo afecta seriamente a los sectores más vulnerables, que son los que no pueden acceder a un producto tan indispensable como el pan, nos respondió que él estaba para hablar de economía, no de cuestiones sociales”.
“Es inadmisible que propongan otorgar subsidios de manera directa, cuando hay un alto porcentaje de panaderías que están inhibidas y que no pueden recibir fondos a través de una cuenta bancaria, porque venimos de una pandemia y de un gobierno anterior que devastó a la industria, y en especial a las pymes y los pequeños comercios, pero nada de esto le importó al funcionario”, se quejó.
Por otra parte, la oposición cuestionó al FETA en la Justicia por irregularidades en el manejo de los fondos. Se trata una denuncia presentada a principios de junio por los diputados de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Marcela Campagnoli.
Los legisladores acusaron los 2 ex secretarios de Comercio, Roberto Feletti y Guillermo Hang, por supuestas irregularidades en la administración del fideicomiso. Por esta acusación, Feletti ya fue imputado y la causa es investigada por el fiscal Ramiro González.
En su planteo, los legisladores cuestionan que se les hayan girado subsidios millonarios a Molinos Cañuelas, que está concursada. En este contexto, de los $1.400 millones que la Secretaría de Comercio informó ya haber pagado, casi $1.100 millones, es decir más del 80%, se habrían acreditado en una cuenta bancaria de la Compañía Argentina de Granos SA (CAGSA), que controla a Molinos Cañuelas SACTFIA y Molinos Florencia SAU.
El gobernador Figueroa, subrayó la necesidad de reducir impuestos para potenciar las inversiones. “Vamos por un nuevo esquema tributario que beneficie a Neuquén y que no toque derechos”. Como perdemos la mitad de lo que aportamos de IVA estamos en condiciones de bajar ese impuesto en la provincia a 17%. Hay que bajar los impuestos y sobre todo los impuestos nacionales”.
La aplicación móvil formalizó su registro en la Municipalidad de Neuquén y cumplió todos los requisitos que estipula la ordenanza. La empresa convocará a titulares de vehículos y a choferes a incorporarse para poder prestar el servicio en la ciudad. El municipio ya secuestró más de 30 coches que operaban sin autorización para ejercer la actividad de plataformas de transporte de pasajeros.
El incremento será del 6,96 por ciento y surge de la última actualización de los salarios por IPC del año. El último aumento había impactado con los salarios en julio. El índice de IPC de Neuquén correspondiente a septiembre arrojó 2,8%, mientras que a nivel nacional la inflación fue del 2,1 por ciento.
Neuquén mantuvo en el noveno mes del año la misma inflación que en agosto, y acumula un alza del 41% interanual. Los servicios y combustibles lideraron las subas, mientras que los alimentos mostraron aumentos más moderados. A nivel país, el IPC fue 2,1%. Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,8% y acumuló 22% en lo que va del 2025.
El gobernador recordó que en dos años de gestión “se disminuyó 31% la deuda” y anticipó que “la proyección es eliminarla totalmente hacia 2030, quedando solamente lo que está comprometido con organismos internacionales”. Recordó que hasta 2023 se pagaban aguinaldos a los empleados del Estado “pidiéndole anticipos a las petroleras, ahora lo hacemos con fondos propios”.
La entidad solicitó modernizar el Código de Faltas y fortalecer los mecanismos de control sobre la venta callejera y el comercio irregular. La propuesta plantea que toda actividad comercial que se desarrolle en domicilios particulares, eventos privados o depósitos alquilados y sea promocionada por medios digitales o cartelería, debe contar con licencia comercial habilitante.
