El Gobierno reestructurará el fideicomiso del trigo. La medida comenzaría a regir a partir del 1° de octubre. Los molineros apoyan el cambio, pero los panaderos se oponen y advierten que el kilo de pan podría aumentar a más de $450.
Economía 31 de agosto de 2022
El secretario de Comercio, Matías Tombolini, reestructurará el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que desde octubre comenzará a subsidiar a las panaderías en lugar de los molinos, como venía haciéndose desde que fue creado a mediados de marzo de este año.
El nuevo esquema es fuertemente cuestionado desde el sector panadero, quienes este martes mantuvieron una tensa reunión con el funcionario nacional y argumentaron que su decisión generaría un encarecimiento de este alimento, que podría llegar a costar más de $450 por kilo. En cambio, la medida es respaldada por los molineros, ya que sostenían que con el anterior sistema se generaban distorsiones en el mercado.
El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, aseguró: “Tombolini nos comunicó que iba a buscar la forma para subsidiar a la demanda de harina, es decir a los panaderos, en vez de la oferta. Eso nos pareció correcto, es una idea superadora de lo que teníamos”.
A diferencia de lo que sostienen los panaderos, Cifarelli consideró que esta iniciativa no generaría un incremento de precios. Según explicó, el FETA estaba integrado por 10 molinos sobre 150, porque ni siquiera habían llegado a incorporarse los otros 10 que Tombolini había sumado recientemente.
“El 90% de las panaderías estaban recibiendo una harina sin subsidio, por lo tanto no debería pasar nada, excepto que haya una suba descomunal en la cotización del trigo, algo que parece poco probable”, indicaron.
El dirigente aseguró que, según lo que dialogaron el lunes con el secretario, el nuevo FETA comenzará a implementarse desde el 1° de octubre, y durante septiembre el Gobierno se ocupará de su rediseño. “Ahora comenzarán a trabajar con los panaderos para instrumentarlo, más allá de los ruidos que se han escuchado en estos días”.
Sobre eso, detalló: “Tombolini lo asoció al funcionamiento del Pre Viaje, donde se asiste a una cantidad de miles de pedidos, cosa que ahora se hará con las panaderías. Ellos quieren trabajar en un modelo sistémico que tenga ese virtuosismo, pero subsidiando a la oferta en lugar de la demanda, para tener la certeza de que el pan a precio accesible llegue al consumidor y no se quede en el camino”.
De este modo, en principio, las panaderías tendrían que presentar las facturas de venta para acceder al subsidio. “El concepto me parece superador, después tendrán que ver cómo es la forma en que se hace y creo que tiene muchas posibilidades de ser exitoso. Lo más importante es que se pueda llegar con un pan accesible al consumidor”.
No obstante, Cifarelli aseguró que algunos molinos esperan cobrar los subsidios que el Gobierno les debe desde junio. Además aseguró que no puede detallar el monto de esa deuda, porque la situación es distinta en cada empresa.
Al igual que FAIM, desde otras entidades del sector también habían criticado fuertemente al fideicomiso. Fueron los casos de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA) y la Cámara de Industriales Molineros (CIM).
Ambas entidades coincidieron que esa herramienta “fracasó” y pidieron darla de baja, ya que generó diferentes distorsiones en el mercado sin lograr que baje el precio del pan, ya que la harina incide solo en un 14% del mismo.
El fideicomiso además generó cuestionamientos de las 4 entidades de la mesa de enlace (Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro), ya que es solventado con los fondos que se recaudarían a partir de la última suba de retenciones a la harina y el aceite de soja, del 31% al 33%, que fue anunciada a mediados de marzo y se calcula en unos US$400 millones.
Una tensa reunión con los panaderos. En contrapartida a la opinión de los molineros, ahora son los panaderos los que se oponen a este cambio y mantuvieron este martes un tenso encuentro con Tombolini. En declaraciones a los medios, el titular de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Raúl Santoandré, comentó: “La realidad es que el secretario de Comercio nos dejó en claro que no le interesa que pueda faltar el pan en la mesa de los argentinos. Una vez que los panaderos no tengan más harina con subsidio, el precio del kilo de pan podría alcanzar los $450, o más”.
En esa línea, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, aseguró que la reunión con el nuevo secretario de Comercio fue un “fracaso rotundo” y afirmó: “No sabíamos si estábamos sentados con un secretario de Comercio o con un lobbysta de los molineros”.
“Nos sorprendió la insensibilidad social del nuevo secretario de Comercio”, agregó el dirigente. “Cuando le planteamos que cortar el fideicomiso del trigo afecta seriamente a los sectores más vulnerables, que son los que no pueden acceder a un producto tan indispensable como el pan, nos respondió que él estaba para hablar de economía, no de cuestiones sociales”.
“Es inadmisible que propongan otorgar subsidios de manera directa, cuando hay un alto porcentaje de panaderías que están inhibidas y que no pueden recibir fondos a través de una cuenta bancaria, porque venimos de una pandemia y de un gobierno anterior que devastó a la industria, y en especial a las pymes y los pequeños comercios, pero nada de esto le importó al funcionario”, se quejó.
Por otra parte, la oposición cuestionó al FETA en la Justicia por irregularidades en el manejo de los fondos. Se trata una denuncia presentada a principios de junio por los diputados de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Marcela Campagnoli.
Los legisladores acusaron los 2 ex secretarios de Comercio, Roberto Feletti y Guillermo Hang, por supuestas irregularidades en la administración del fideicomiso. Por esta acusación, Feletti ya fue imputado y la causa es investigada por el fiscal Ramiro González.
En su planteo, los legisladores cuestionan que se les hayan girado subsidios millonarios a Molinos Cañuelas, que está concursada. En este contexto, de los $1.400 millones que la Secretaría de Comercio informó ya haber pagado, casi $1.100 millones, es decir más del 80%, se habrían acreditado en una cuenta bancaria de la Compañía Argentina de Granos SA (CAGSA), que controla a Molinos Cañuelas SACTFIA y Molinos Florencia SAU.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
