Comprenderá a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados y contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días de su vigencia.
Así lo establece el proyecto de ley que será enviado al Congreso para los que entren hasta el 31 de marzo. La multa se eleva al doble si los bienes no son repatriados. Quienes pasaron por la función pública desde 2010 no podrán ingresar.
La normativa tiene como objetivo promover el desarrollo en proyectos inmobiliarios realizados en Argentina y recuperar puestos de trabajo perdidos.
