La suba estaba prevista para el inicio del año, pero se decidió postergarlo hasta el mes de abril para evitar el impacto en los precios que tienen aumentos establecidos para el primer trimestre del 2023 y no deberán superar el 4%.
Energía02 de enero de 2023
El Gobierno suspendió nuevamente el incremento de los impuestos a los combustibles líquidos, para evitar un ajuste en los precios de las naftas y el gasoil. A través del Decreto 864/2022, el Poder Ejecutivo dispuso que el aumento de aplique recién a partir del 1 de abril de 2023.
"Establécese que los incrementos en los montos de los impuestos fijados en la Ley N° 23.966 que resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario de 2021 y al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario de 2022, surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, a partir del 1° de abril de 2023, inclusive", según el texto oficial.
Se trata de una nueva prórroga del impuesto a los combustibles, tal como viene sucediendo desde 2021; la Ley 23.966 -sancionada en 1998- creó ese tributo, que se suma al precio de naftas y gasoil.
Ese gravamen debe actualizarse por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC, pero el Gobierno viene postergando su aplicación para que no impacte en los precios al surtidor.
El Poder Ejecutivo justificó esta nueva postergación al señalar que "tratándose de impuestos al consumo y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles".
Por tal motivo, subrayó que "en línea con las medidas instrumentadas hasta la fecha y con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios, resulta razonable, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, postergar hasta el 1° de abril de 2023 los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos".
En noviembre, el Ministerio de Economía cerró un acuerdo con las petroleras YPF, Shell, Axion y Puma a través del cual la nafta y el gasoil no deberán subir más de 4% durante los primeros tres meses de 2023 y 3,8% en el cuarto mes.
Así lo señaló el Ministro Luis Caputo luego de reunirse con el Gobernador Figueroa, con Vaca Muerta como tema central. La reunión se da en un contexto de crecimiento de la producción de gas y petróleo en la provincia. Este miércoles en la Legislatura tomará estado parlamentario el proyecto de ley para la pavimentación del bypass de Añelo.
En septiembre el expendio de combustibles en la Provincia superó los 36 mil metros cúbicos, un 6,22 por ciento más que igual mes del año pasado. Entre las que más retrocedieron, figura Río Negro donde la venta cayó el 2,8 por ciento. Los combustibles Premium continuaron liderando el crecimiento, tanto la nafta como el gasoil Grado 3.
Según Rystad Energy, alcanzar los objetivos de producción para 2030 requiere sumar 800 pozos adicionales. El informe detalla que la flota de perforación debe escalar de las 38 torres o rigs actuales, a un rango de 55 a 64. Pero advierte que sin más rigs, infraestructura (VMOS, NGL, GNL), eficiencia operativa y señales macroeconómicas claras, la proyección “queda en voluntad”.
La compañía logró un incremento del 7% respecto al trimestre anterior y un 74% de aumento interanual. Este crecimiento fue apalancado por los nuevos pozos puestos en marcha en las áreas Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica. Con estos resultados, Vista Energy cerró el último trimestre con un resultado de U$S315 millones de dólares.
Con un saldo de 775 millones de dólares, septiembre marcó otro récord para la industria gracias a un salto del 25% en exportaciones. Es decir, 17 de cada 20 dólares de superávit comercial de Argentina vienen del sector energético. El incremento de las ventas al exterior está íntimamente relacionado con el ascenso de producción de petróleo de Vaca Muerta.
El acuerdo firmado por el sindicato y las cámaras empresarias, consiste en una asignación mensual actualizada, equivalente al último salario bruto devengado por el trabajador o el promedio de los últimos seis meses, que se mantendrá durante cinco años desde la fecha del fallecimiento o de la declaración de incapacidad. La prima del seguro estará a cargo del empleador.
