Nación prorrogó nuevamente la actualización prevista para el impuesto sobre los combustibles líquidos pasándola para el 1 de julio. Esta es la séptima postergación de la aplicación de los aumentos del impuesto desde 2021.
Energía02 de abril de 2023
El aumento del impuesto sobre los combustibles líquidos fue nuevamente postergado. Así quedó determinado con la publicación del decreto 168/2023 en el Boletín Oficial, con el objetivo de "asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios". La actualización pasó para el 1 de julio.
“Tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”, indicó el decreto.
Por eso subrayó que “resulta razonable postergar para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil los efectos de los incrementos en los montos del impuesto”.
A partir de una modificación en 2018, el Impuesto a los Combustibles prevé actualizaciones en su suma fija en enero, abril, julio y octubre de cada año sobre la base de las variaciones de la inflación de cada periodo trimestral precedente, buscando, de esta forma, amortiguar las fluctuaciones del dólar o de la cotización del crudo que se tenían como referencia previamente.
Esta es la séptima postergación de la aplicación de los aumentos del impuesto desde 2021 a la fecha.
En el último tiempo la única actualización que se realizó de este impuesto fue en octubre del año pasado, momento en el cual se aplicaron los aumentos pendientes del primer y segundo trimestre de 2021 que implicó un ajuste de los combustibles entre 1% y 4%, dependiendo de si es nafta o gasoil.
Aún se desconoce cuál será la pauta de aumentos de combustibles a regir desde abril: a fines de noviembre último, el Ministerio de Economía acordó una pauta de aumentos con las petroleras de 4% en diciembre, 4% en enero, 4% en febrero y 3,8% en marzo, en línea con los incrementos previstos dentro del programa Precios Justos para los alimentos y otros bienes de consumo masivo.
El proyecto Duplicar Norte prevé alcanzar una capacidad de evacuación de 360.000 barriles desde Puesto Hernández, cerca de Rincón de los Sauces, hasta la estación de bombeo Allen, en Río Negro. Es una obra de unos 400 millones de dólares y alrededor de 200 kilómetros de ducto para ampliar la capacidad de transporte. La iniciativa será presentada para obtener los beneficios del RIGI.
Según el informe de OilProduction Consulting de febrero, cinco empresas concentran el 87% de la producción shale del país. YPF es el actor dominante mientras que Vista, Shell, Pluspetrol y Pan American Energy (PAE) disputan los lugares de privilegio en un mercado cada vez más competitivo.
Con la adquisición de la participación de la petrolera malaya en La Amarga Chica, a cambio de unos US$ 1.340 millones, Vista se convierte en el mayor productor independiente de Argentina. La compañía pasará a producir 120.000 barriles diarios de crudo asociada con YPF, propietaria del 50% restante y operadora del bloque.
El pliego licitatorio para reprivatizar las cinco centrales contempla que durante los primeros dos años, un 95% de la energía generada se utilizará para cubrir la demanda prioritaria residencial. Los nuevos concesionarios recibirán por esa energía un precio diferencial cercano a los 15/20 dólares por MWh. El porcentaje restante, se podrá vender a precio libre.
Los gobernadores habían pedido al menos 30 días para analizar los pliegos, pero desde Nación solo otorgaron 15 días, de los cuales ya han pasado cinco. “Están haciendo esto en forma un poco apresurada”, expresó el ministro Rubén Etcheverry. El proceso licitatorio pondrá en manos privadas las represas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
El Gobierno nacional eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un trámite que hasta ahora condicionaba el ingreso de equipos con años de uso al país. La decisión permitirá a las compañías del sector petrolero importar equipos usados, como torres de perforación, bombas o generadores, sin necesidad de cumplir con requisitos administrativos adicionales.
