Alertaron que el retraso en los precios de los combustibles hace insostenible sostener los negocios abiertos. ““Estamos con la soga al cuello, necesitamos una solución” exigieron.
Economía 13 de junio de 2023
Tras sucesivos reclamos al Gobierno sin una respuesta concreta y teniendo en cuenta que las comisiones dadas por las empresas petroleras no han sido contractualmente adecuadas frente a la creciente disminución de la rentabilidad del sector, las cámaras y federaciones que integran CECHA decidieron declarar el estado de emergencia en todo el país.
“Estamos con la soga al cuello, la inflación y el retraso en los precios de los combustibles hace insostenible mantener las estaciones abiertas. Necesitamos una solución”, reclamaron.
“Desde la pandemia que venimos registrando pérdida de rentabilidad en el sector con la caída de ventas y el congelamiento de precios. Luego, el cuadro fue mejorando paulatinamente pero hoy nos encontramos en un contexto crítico producto de la inflación y el retraso en los precios en los surtidores”, aseguraron los representantes de la entidad.
En este marco- consideraron- que el programa de Precios Justos plantea un sendero de incrementos regulados, pero no alivia la situación de los estacioneros, ya que no se equipara al índice de precios generales y no alcanza a cubrir los aumentos de sueldos acordados. “Las variables macroeconómicas y energéticas condicionan hasta el hartazgo nuestra actividad”, denunciaron.
Según números de la organización, los ingresos de las Estaciones de Servicio por venta de los combustibles -promedio el 10 por ciento del precio del surtidor- se encontraron congelados durante el período mayo 2021 a enero 2022 y luego contenidos por el sendero de precios en el período diciembre 2022 a mayo 2023.
“Si proyectamos a agosto de este año, el descalce entre los ingresos contenidos y los egresos actualizados llevará a que la mitad de las estaciones de todo el país no alcance el punto de equilibrio hoy ubicado en 330.000 litros por mes”, alertaron.
“Necesitamos medidas paliativas concretas que nos permitan salir de la crisis que estamos viviendo, poder cubrir los costos de la operación diaria y cumplir con los acuerdos paritarios. Frente a la falta de respuesta por parte del Gobierno y con el solo objetivo de garantizar el funcionamiento de las estaciones y los miles de puestos de trabajo, hemos decidido declarar el estado de emergencia y tomar las medidas a nuestro alcance para revertir esta situación”, advirtieron finalmente.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
