La iniciativa propone que las entidades puedan confeccionar un estado de situación patrimonial y uno de recursos y gastos, con firmas certificadas de quienes ejerzan la presidencia y la tesorería, para dar cumplimiento a la obligación de presentar sus estados contables. De igual modo, prevé la presentación del informe del órgano de fiscalización de la entidad con firma certificada de sus integrantes. La autoridad de aplicación será la Inspección Provincial de Personas Jurídicas.
En los fundamentos, el autor destaca el rol central que cumplen las asociaciones civiles en la sociedad al desarrollar actividades de contención e inclusión social, atender derechos sociales y culturales, o promover actividades deportivas.
Explica que muchas de esas entidades son pequeñas y tienen escaso ingresos, lo que les genera mucha dificultad para cumplir con las normas y exigencias contables cuyos costos y complejidad han sido diseñados para abarcar el desarrollo de actividades de entidades de mayor tamaño y gran cantidad de socios o asociados.
En ese sentido, la iniciativa propone que esas entidades puedan cumplir con los requisitos legales para funcionar en forma regular, con un adecuado control y transparencia del manejo de sus fondos, y destaca que la provincia de Río Negro sancionó una herramienta similar.
“Si bien deben aplicarse normas y criterios generales de control a todas las entidades civiles, la experiencia demuestra que aquellas que cuentan con menores recursos, son las que presentan mayores inconvenientes a la hora de presentar la documentación contable para la realización de una Asamblea”, señala al argumentar la importancia de contar con un régimen especial para esas entidades.
El proyecto (16306) ingresó por Mesa de Entradas el 7 de noviembre y ha sido elaborado por el Diputado Carlos Coggiola y el Contador Público Esteban Junca.
