La iniciativa presentada por la diputada Gisselle Stillger deroga la ley 859 y modifica la ley 1971; y surge de la necesidad de promover “la igualdad, la equidad y la austeridad” en el sistema de jubilaciones y salarios del Poder Judicial. La modificación sugerida implica un ahorro fiscal en sintonía con lo planteado por los gobiernos provincial y nacional.
Economía 06 de marzo de 2024
La legisladora de Arriba Neuquén asegura en la fundamentación del proyecto, que el régimen privilegiado de jubilaciones del Poder Judicial genera “desigualdades y distorsiones” que afectan negativamente la “cohesión social y la confianza en las instituciones”. Además de un trato igualitario de toda la ciudadanía ante la ley, la modificación sugerida implica un ahorro fiscal en sintonía con lo planteado por los gobiernos provincial y nacional, argumenta Stillger.
La modificación del artículo 10° de la ley 1971 establece que los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial e integrantes de los ministerios públicos y cuerpos auxiliares de la Justicia provincial perciben en concepto de adicional por antigüedad por cada año de servicio o fracción mayor a seis meses, que registren al 31 de diciembre del año inmediato anterior, una suma equivalente al 3,5 % de la sumatoria de los rubros: salario básico, compensación jerárquica, compensación funcional, permanencia en la categoría, diferencia compensatoria.
A la vez, especifica que la determinación de la antigüedad total se hará sobre la base de los servicios no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos nacionales, provinciales y municipales. La bonificación se calculará en función de la antigüedad real en el servicio.
También determina que no se computarán los años de antigüedad que devengan de un beneficio previsional. Esta bonificación se computará hasta que el magistrado, funcionario o agente judicial haya acumulado 30 años de servicio. Para quienes, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, perciban un adicional por antigüedad superior a 30 años de servicio, dicha suma será considerada como tope máximo en cada caso en particular.
El proyecto de ley (16483) ingresó por Mesa de Entradas el 5 de marzo firmado por Gisselle Stillger (Arriba Neuquén); Verónica Lichter (PRO-NCN); Mónica Guanque y Federico Méndez (Desarrollo Ciudadano-Comunidad).
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
