Establece modificaciones para el pago en cuotas del Impuesto Inmobiliario y en la base del Impuesto de Sellos en los contratos de locación de viviendas. En este caso, el monto exento se tomará “como un mínimo no imponible”, es decir que, “ese monto exento se deducirá de la base imponible del que tiene que pagar".
Economía 06 de noviembre de 2024
El gobernador Rolando Figueroa presentó en la Legislatura el proyecto de ley para modificar el Código Fiscal de la provincia –ley 2.680-. La reforma involucra a los artículos 81, 83, 101, 108, 133, 165, 167, 203, 222, 228, 230, 236, 237, 246, 257 y 266.
El subsecretario de Ingresos Públicos, Juan Martín Insua, se refirió a la presentación y explicó que las reformas introducidas buscan mejoras. Indicó que se incorpora la Tasa de Actualización Inmobiliaria, que permitirá a la Dirección Provincial de Rentas emitir no sólo el pago anual, sino que también podrá emitir las cuotas, que ya tendrán “un pequeño incremento” incorporado.
Analizó que “en épocas inflacionarias se iba quedando atrás el monto a pagar” y por otro lado señaló que “no había un incentivo muy grande para el pago de contado”. Con la modificación se suma al descuento por cumplimiento, para quienes elijan el pago de contado.
Otro aspecto de la reforma es el que impactará sobre el Impuesto de Sellos de los contratos de locación de viviendas. En este caso, el monto exento se tomará “como un mínimo no imponible”, es decir que, “ese monto exento se deducirá de la base imponible del que tiene que pagar, para generar una contribución más justa”.
También en el Impuesto de Sellos, se modifica el artículo 222 a efecto aclaratorio que, en caso de rescisión anticipada, anulación o no utilización de los actos instrumentados, no se hará lugar a devolución, compensación o acreditación del impuesto pagado.
Por otra parte, en el artículo 83 se modifica lo que se refiere a los pagos efectuados sin imputación o efectuados erróneamente, con fines aclaratorios, se establece que las imputaciones se realizarán a los períodos no prescriptos.
Además, en relación con los créditos incobrables legislados actualmente en el artículo 133, se propone una modificación que permita tanto al contribuyente como al Fisco instar el procedimiento relativo a dichas deudas, habilitando que lo pueda impulsar el mismo particular sin necesidad de actuar de oficio por parte de la Dirección Provincial de Rentas.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
