La legisladora Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) presentó un proyecto de ley para que el sector privado quede habilitado para construir y administrar cárceles en la provincia. Así lo dispone la iniciativa al recordar el déficit en materia de capacidad para alojar reclusos que padece la provincia y asegurar que la incorporación de privados a través de contratos asociación con el sector público puede colaborar a solucionar la situación de hacinamiento que presenta el sistema carcelario.
En ese sentido, el proyecto establece que cada obra debe realizarse con el llamado a licitación pública correspondiente. También modifica el artículo 2° de la ley 3074 para incluir a los establecimientos carcelarios y penitenciarios dentro de los parámetros previstos para la contratación de obras de asociación público-privada.
De igual modo, la iniciativa incentiva la inserción laboral de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Para ello, dispone la celebración de convenios que faciliten la generación de empleo a cambio de una remuneración para los internos que se encuentren alojados en las instalaciones carcelarias. Indica que, de esta forma, se busca facilitar su reinserción social una vez cumplida la pena.
Sostiene en sus fundamentos que la incorporación del sector privado a la construcción y administración de cárceles busca mitigar la sobrepoblación carcelaria, dado que el número de internos actualmente excede ampliamente la capacidad de las instalaciones penitenciarias. Al respecto, destaca que las unidades de detención se encuentran superpobladas, situación que deriva en la necesidad de alojar personas con condena en comisarías junto a personas que aún se encuentran procesadas.
Sobre este punto, indica que resulta imprescindible ampliar la capacidad de alojamiento y explorar nuevas alternativas para mejorar la gestión penitenciaria, tal como se realiza en otros países de Latinoamérica desde hace varias décadas.
