El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres, presentó el proyecto de ley que establece el presupuesto del Poder Judicial para el 2027, estimado en 508.910 millones de pesos. La iniciativa contempla los recursos necesarios para el funcionamiento del servicio de justicia, la actualización tecnológica y la continuidad de obras de infraestructura judicial en distintas localidades de la provincia.
Del total previsto, 461.110 millones de pesos corresponden a gastos de personal; 35.199 millones a servicios; 2.800 millones a bienes de consumo; 7.500 millones a equipamiento y 2.300 millones a obras públicas. El proyecto mantiene la planta de personal en 2549 cargos y no prevé nuevas incorporaciones. En materia salarial, incluye la antigüedad y la recomposición aprobada durante 2026 mediante la ley 3560, pero no contempla nuevos incrementos para el próximo ejercicio. Asimismo, establece que el TSJ podrá evaluar el otorgamiento de anticipos por recomposición salarial cuando existan elementos objetivos que lo justifiquen. También lo faculta a ampliar el presupuesto para afrontar gastos derivados de nuevas leyes, decretos o convenios de aplicación provincial, hasta los montos de los recursos que esas normas o acuerdos prevean.
En cuanto al financiamiento, se estiman ingresos por 240.927 millones de pesos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, 255.982 millones de aportes del Tesoro provincial y 12.000 millones de recursos propios.
En materia de infraestructura, se destinan 2.300 millones de pesos, de los cuales 1.700 millones permitirán continuar la construcción del edificio judicial de Plottier, la remodelación del inmueble ubicado en Rivadavia 205 de Neuquén capital y la construcción del Juzgado de Paz de Taquimilán. Los 600 millones restantes se prevén para proyectos y estudios vinculados con la ampliación del edificio judicial de Chos Malal y la construcción de nuevas sedes en Rincón de los Sauces y Añelo. Además, se contemplan inversiones en equipamiento informático y actualización de los sistemas tecnológicos.
En los fundamentos, el TSJ señala que uno de los ejes de la planificación presupuestaria responde a las necesidades derivadas de la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Adversarial que “requerirá sostener los procesos de adecuación organizacional, capacitación, gestión de audiencias, desarrollo tecnológico y seguimiento de resultados, con el objetivo de alcanzar procedimientos más ágiles, transparentes y eficientes, sin afectar las garantías del debido proceso”.
La propuesta también contempla la adecuación de la organización judicial al Plan Provincial de Regionalización, de acuerdo a la ley 3544, y las responsabilidades asumidas por la provincia en materia de narcomenudeo. En este último punto, plantea fortalecer el Laboratorio Toxicológico mediante la incorporación de equipamiento e insumos. También destaca la necesidad de mejorar el acceso al servicio de justicia en el interior provincial y continuar con la capacitación del personal judicial. Además, en materia de modernización, uno de los objetivos estratégicos apunta a consolidar el Sistema Pehuén para avanzar hacia una gestión judicial digital integral.
“El Proyecto de Presupuesto 2027 del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén expresa la continuidad y profundización de una política institucional orientada a consolidar una justicia independiente, accesible, moderna, transparente y cercana a la comunidad”, sostiene Mazieres.
Actualización de tasas del servicio de justicia
Mazieres, presentó un proyecto para actualizar los importes que, en concepto de tasas, se recaudarán por el servicio de justicia durante el 2027. El incremento de los valores fijos busca atenuar los efectos del proceso inflacionario, respetando los criterios de igualdad, proporcionalidad, generalidad y no confiscatoriedad, que constituyen los pilares del principio de capacidad contributiva, según explica en la fundamentación de la iniciativa.
El articulado propone la modificación de capítulos de tasa de actuación judicial vigentes en la ley impositiva (N° 3541), que constituyen los recursos propios del Poder Judicial, según lo establecido en la ley de "Autarquía Financiera" (N° 1971). Así, se reforman los títulos referidos a tasas retributivas de servicios, de carácter judicial y administrativas y de servicios del cuerpo médico forense.
La iniciativa propone la readecuación de los artículos vinculados a la Dirección General del Registro de la propiedad inmueble, en el que se incorporan tres hechos imponibles: la solicitud de copia de la plancha de inscripción; la conversión de medidas cautelares de embargo y los pedidos de desistimiento de inscripción o registración. Además, se dispone la supresión formal del trámite de rúbrica de libros de consorcios de propiedad horizontal, en función de la ausencia de competencia legal específica del Registro en la materia, su insignificante volumen operativo y su nulo impacto recaudatorio, permitiendo reasignar capacidad operativa a funciones esenciales.
A la vez, en materia arancelaria, se contempla un ajuste diferencial en las tasas de monto fijo de dicho Registro, medida que responde a la necesidad de atenuar el retraso tarifario de los aranceles registrales locales en comparación con los valores vigentes en otras jurisdicciones provinciales, explica Mazieres.
Asimismo, y ante la implementación de las tramitaciones digitales programadas para el próximo año, se propone instituir una bonificación del 20% sobre los valores tarifados en soporte físico, a fin de estimular su empleo preferente y profundizar la modernización del sistema registral.
Finalmente, y atento a la puesta en marcha del Laboratorio de Toxicología Forense, se readecua el arancelamiento pericial mediante la inclusión del inciso de “Pericia Toxicológica", con ocho sub-incisos: pericias cualitativas y cuantitativas de sustancias incautadas por población de hasta 100 unidades y mayores a 100 unidades; pericia de alcoholes o sustancia volátiles por matriz; pericia de monóxido de carbono en sangre; pericias cualitativas y cuantitativas de drogas de abuso/psicofármacos por matriz.
Los sueldos representan 8 de cada 10 pesos del presupuesto de la Legislatura neuquina
