Las provincias podrán subir o crear nuevos impuestos
La medida, que se publicó en el Boletín Oficial, tiene como objetivo ordenar la política tributaria a nivel nacional y controlar la evasión impositiva. Por su parte, los gobernadores pueden subir o crear nuevos tributos como forma de compensar los ingresos de los distritos frente a un menor envío de fondos de la administración nacional, que avanza en un ajuste del gasto para achicar el déficit fiscal.
Entre otros aspectos, el Decreto 677/22 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Sergio Massa, dispone que las alícuotas para las actividades autónomas no excedan los límites fijados para cada segmento.
En materia de responsabilidad fiscal, la iniciativa estipula que “la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del Producto Bruto Interno (PBI)”.
En cuanto al impuesto a los Sellos, se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la transferencia de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
En paralelo, la Ley ratifica la decisión de evaluar durante este año la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la Herencia. También contiene un capítulo denominado “endeudamiento responsable”, que dispone que las provincias podrán aumentar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.
La iniciativa fue aprobada por 136 votos aportados por el Frente de Todos, el Interbloque Federal, Provincias Unidas, Bloque Ser, y legisladores radicales, mientras que en forma negativa se pronunciaron 108 legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, la Libertad Avanza, Avanza la Libertad y el Frente de Izquierda. En tanto que se registraron 4 abstenciones.
Las transferencias del Estado nacional a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en concepto de Coparticipación y compensaciones del Consenso Fiscal ascendieron en septiembre a $598.929 millones, tal como informó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía.
El nuevo consenso fiscal fue firmado el 27 de diciembre del año pasado entre Alberto Fernández y 21 gobernadores, fue remitido al Congreso para su tratamiento y tardó varios meses para convertirse en ley.
