El Fondo Monetario Internacional alertó que no se deberán usar reservas para la recompra de deuda y apuntó a la demora en la implementación completa de la segmentación de tarifas.
Economía 13 de marzo de 2023
La nueva etapa del programa con el Fondo Monetario Internacional estará marcada por una concesión y una exigencia mayor, que correrán en paralelo: habrá un margen mayor para el Ministerio de Economía para acumular reservas sin caer en incumplimientos pero deberá acelerar la puesta en marcha de la quita de subsidios, un punto sobre el que el organismo machacó especialmente al discutir durante las últimas semanas el devenir fiscal del Poder Ejecutivo.
El Gobierno celebró pero con prudencia la aprobación del acuerdo con el staff del Fondo Monetario que dará luz verde a un cambio en la exigencia de acumulación de reservas, una meta que se complicó por el impacto de la severa sequía que afectó la producción agropecuaria. La prudencia está relacionada a un juego de tiempos muy apretado.
El directorio no llegará a decidir sobre la aprobación del staff report antes del 22 de marzo -fecha en que caen los vencimientos- por lo que se abrirán dos alternativas para el equipo económico: o paga a tiempo los USD 2.700 millones con reservas o negocia que las obligaciones de pago pasen para fin de mes, una fecha más probable en que el board pueda dar luz verde al desembolso de USD 5.400 millones.
Más allá de la definición de una fecha de pago, el consenso al que llegó el equipo económico con el staff técnico del FMI incluye cambios sustanciales al programa Extended Fund Facilities (EFF), que la semana próxima cumplirá un año de vigencia. La principal modificación tiene que ver con el objetivo más sensible del programa, y el que asomaba con mayores nubarrones por la caída de exportaciones que provocó la sequía.
En el Palacio de Hacienda eligieron no dar números concretos sobre cómo quedarían establecidas las metas nuevas de acopio de divisas en el BCRA, pero trascendió que a fin de año terminarían siendo unos USD 2.000 millones inferior a los USD 9.800 millones trazados en la hoja de ruta original.
El uso que se le podrá hacer a las reservas también estuvo en la mesa de discusión entre Buenos Aires y Washington. El acuerdo fue que no podrán utilizarse los dólares de la autoridad monetaria para realizar recompras de deuda en moneda extranjera, lo que no implica que el proceso de recompra haya sido prohibido. “A lo mejor con un repo (de bancos)”, deslizó una alta fuente oficial este lunes horas después de conocerse el comunicado del Fondo.
También habrá otra restricción a la hora del uso de reservas: no podrán ser utilizadas para la intervención en el precio de los dólares paralelos como el contado con liquidación o el MEP. “Lo que no se haga con reservas, no es problema”, se defendieron desde el equipo económico.
Otro elemento que arrojó como conclusión el tira y afloje entre el Gobierno y el FMI es la posibilidad de un nuevo dólar soja. El Fondo, por estatuto, no acepta las prácticas de tipos de cambio múltiples como lo sería un esquema de esa naturaleza. En el último informe de staff, incluso, desalentó una tercera edición de esa medida por considerar que podría “dejar de ser efectiva”. También había reconocido que le había servido al Poder Ejecutivo para cumplir con sus metas de reservas del año pasado.
Finalmente este último criterio prevaleció. Según dejaron saber en el equipo económico, si bien no puede darle un respaldo directo por tratarse de una medida que va contra su manual, la negociación entre el Gobierno y el Fondo abrió la puerta para un nuevo “dólar soja” o versiones alternativas como el tipo de cambio diferencial para economías regionales que anunció Sergio Massa hace algunas semanas.
Hubo espacio, durante las últimas dos semanas de intercambio entre el staff y el grupo de funcionarios, de escarceos por distintos temas. Uno de ellos, sobre el que el FMI machacó especialmente, tiene que ver con la puesta en marcha -completa y definitiva- de un sistema de quita de subsidios que tenga peso en el recorte fiscal. El organismo consideró que el esquema anunciado había contado con demoras y se lo hizo saber al Gobierno, incluso lo dejó plasmado en el comunicado.
“Para cumplir con las metas de reducción del déficit y fortalecer la progresividad de los subsidios energéticos, las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y para los usuarios comerciales a fines de 2023″, apuró el staff.
Para la lógica del Fondo Monetario, no tiene sentido de razón económica que las subvenciones a las tarifas sigan siendo un mecanismo por el cual los sectores de menores recursos le paguen con sus impuestos los subsidios a la porción con mayores ingresos de la sociedad. El propio board ya había alertado sobre este tema en distintas ocasiones en el pasado.
En el equipo económico admiten, ahora, que deberán acelerar ese proceso, y que todavía resta que una parte importante de la población acceda y regularice su situación ante la Secretaría de Energía. Para eso, harán campañas renovadas para que los usuarios vuelvan al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
La moratoria jubilatoria que aprobó recientemente el Congreso fue uno de los factores que estiró la definició del acuerdo con el staff. Según comentaron en el Palacio de Hacienda, incluso, la sanción de esa ley tuvo lugar cuando el grueso del consenso ya había sido alcanzado, por lo que obligó a revisar las proyecciones fiscales.
Parte del costo fiscal de ese plan de pagos para jubilados sin aportes completos, aseguran en el Poder Ejecutivo, está cubierto en el Presupuesto 2023, pero el Fondo Monetario hizo especial énfasis en que su implementación no implique “un desborde del gasto” y que su alcance sea limitado.
La cuestión de la tasa de interés también tuvo lugar en la mesa negociadora. El Fondo Monetario insistió en que debe continuar siendo “real positiva” frente a la inflación, a pesar de que pueda implicar un encarecimiento del crédito y, eventualmente, un impacto en la actividad económica. Está en estudio si el nivel actual de tasas seguirá siendo positivo con el dato de inflación de febrero que se conocerá este martes, más la expectativa hacia adelante en marzo.
El gobierno provincial comenzará el diálogo el miércoles 5 de noviembre. Para esa fecha están convocados los gremios ATE, ATEN, UPCN y los viales de UNAVP. Las reuniones definirán la pauta salarial que regirá para los agentes públicos el próximo año. El próximo viernes 31 inicia el cronograma de pagos que contempla un aumento del 6,96%.
El nuevo beneficio ofrece reducciones de hasta el 50% en el pago de retributivos para los contribuyentes. En el caso de jubilados, pensionados, personas con discapacidad y organizaciones sin fines de lucro, el descuento llega al 100 por ciento. Entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y el trámite podrá realizarse hasta el 15 de diciembre de 2025.
El ministro Luis Caputo, aseguró que luego de las elecciones propondrá la baja, eliminación y simplificación de impuestos con epicentro en Ganancias a trabajadores y jubilados, e Ingresos Brutos. “Los gobernadores tienen clarísimo que es el peor de los impuestos”. Según una encuesta de la UIA, los saldos a favor que las provincias le deben a las empresas alcanzan $54.000 millones.
La totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día. Los salarios incluirán el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios, con una suba que será del 6,96%.
El ticket promedio fue de $44.000 y el 70% de las compras se pagó con tarjeta de crédito. Seis de cada diez comercios manifestó que tuvieron caídas en unidad de producto respecto al Día de la Madre del año pasado y calificaron a las ventas como “malas y muy malas”. En este sentido, ACIPAN registró una caída del 8% en relación al 2024.
El gobernador Figueroa, subrayó la necesidad de reducir impuestos para potenciar las inversiones. “Vamos por un nuevo esquema tributario que beneficie a Neuquén y que no toque derechos”. Como perdemos la mitad de lo que aportamos de IVA estamos en condiciones de bajar ese impuesto en la provincia a 17%. Hay que bajar los impuestos y sobre todo los impuestos nacionales”.
