La ley se sancionó en particular y regirá para los cargos electivos futuros, es decir, para gobernadores, vice y diputados.
Economía 22 de diciembre de 2023
La Legislatura sancionó la ley 3421, que deja sin efecto las jubilaciones de privilegio para los cargos electivos proclamados a partir de la entrada en vigencia de la norma.
Con esto se deroga la ley 1282, que incorporó al régimen especial de jubilaciones para magistrados y funcionarios Judiciales (ley 859) a quienes ejercieron cargos de carácter electivo en los Poderes del Estado provincial. Se trata de una ley-decreto aprobada hace 40 años, bajo la última dictadura militar, en el 1981.
La normativa establecía los requisitos para acceder a ese régimen jubilatorio especial, entre ellos una antigüedad no menor de un año continuo o dos discontinuos en el cargo y un mínimo de seis años de servicios de aportes al ISSN.
Durante su tratamiento en particular en la sesión de este jueves, los bloques del PTS-FIT-U, FdT y FIT-U propusieron agregar un artículo para incluir también en la derogación al régimen de jubilaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial (la mencionada ley 859). Los dos primeros pedían la derogación total de la ley, mientras que el del FIT-U la derogación parcial en los artículos que dan una situación de “privilegio” frente a las jubilaciones ordinarias regidas por la ley 611. Pero esto no prosperó y fue una de las razones por las cuales la sesión no había obtenido quórum cuando se quiso dar inicio a las 10 y por la que votaron en contra después.
Los diputados volvieron al recinto a las 12 y allí se trató la norma en particular, que en general ya se había aprobado el miércoles por unanimidad.
Al inicio de la sesión, se leyó una nota del bloque MPN (votó a favor) en la que se expresó la voluntad de los diputados y las diputadas de autoexcluirse del beneficio para acogerse al régimen jubilatorio ordinario.
La diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) se abstuvo de votar al considerar que la ley le otorga beneficios. “No puedo votar algo que me otorga un privilegio”, explicó tras recordar que impulsó una redacción alternativa en el plenario de comisiones que no llegó al recinto.
Dijo que la propuesta mantenía el articulado original del proyecto y dejaba a salvo, en otro artículo, los derechos adquiridos de las personas que al momento de la derogación de la ley contaban con los requisitos que la norma establecía para acceder al beneficio.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
