La Legislatura sancionó la ley 3421, que deja sin efecto las jubilaciones de privilegio para los cargos electivos proclamados a partir de la entrada en vigencia de la norma.
Con esto se deroga la ley 1282, que incorporó al régimen especial de jubilaciones para magistrados y funcionarios Judiciales (ley 859) a quienes ejercieron cargos de carácter electivo en los Poderes del Estado provincial. Se trata de una ley-decreto aprobada hace 40 años, bajo la última dictadura militar, en el 1981.
La normativa establecía los requisitos para acceder a ese régimen jubilatorio especial, entre ellos una antigüedad no menor de un año continuo o dos discontinuos en el cargo y un mínimo de seis años de servicios de aportes al ISSN.
Durante su tratamiento en particular en la sesión de este jueves, los bloques del PTS-FIT-U, FdT y FIT-U propusieron agregar un artículo para incluir también en la derogación al régimen de jubilaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial (la mencionada ley 859). Los dos primeros pedían la derogación total de la ley, mientras que el del FIT-U la derogación parcial en los artículos que dan una situación de “privilegio” frente a las jubilaciones ordinarias regidas por la ley 611. Pero esto no prosperó y fue una de las razones por las cuales la sesión no había obtenido quórum cuando se quiso dar inicio a las 10 y por la que votaron en contra después.
Los diputados volvieron al recinto a las 12 y allí se trató la norma en particular, que en general ya se había aprobado el miércoles por unanimidad.
Al inicio de la sesión, se leyó una nota del bloque MPN (votó a favor) en la que se expresó la voluntad de los diputados y las diputadas de autoexcluirse del beneficio para acogerse al régimen jubilatorio ordinario.
La diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) se abstuvo de votar al considerar que la ley le otorga beneficios. “No puedo votar algo que me otorga un privilegio”, explicó tras recordar que impulsó una redacción alternativa en el plenario de comisiones que no llegó al recinto.
Dijo que la propuesta mantenía el articulado original del proyecto y dejaba a salvo, en otro artículo, los derechos adquiridos de las personas que al momento de la derogación de la ley contaban con los requisitos que la norma establecía para acceder al beneficio.
