El Gobierno Provincial, la Defensoría del Pueblo, intendentes de municipios afectados y entidades empresariales presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad, por el deplorable estado de la Ruta Nacional 151. El escrito reclama que se ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro.
Economía 06 de julio de 2025
La presentación judicial busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional.
El amparo fue realizado por el Estado rionegrino, representado por el gobernador Alberto Weretilneck; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal adjunto, Luciano Minetti Kern; la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.
El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso a la acción y requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de once días para responder, mientras que para la medida cautelar se fijó un plazo de cinco días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial.
El escrito reclama al tribunal que declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento de la ruta y que ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
También exige medidas cautelares urgentes como la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
Entre los puntos centrales del amparo se detalla que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso.
Entre las normas invocadas se destacan artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449), además de jurisprudencia relevante.
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Creen que dentro de un año va a ser mejor, aunque les preocupa el nivel de consumo. De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por IDEA, el 58% de los ejecutivos proyecta que la situación será “moderadamente mejor”, mientras que el 24% espera que sea “mucho mejor”.
Se hará efectivo esta semana, antes de que culmine el mes. La fecha fue confirmada por el Ministerio de Economía y alcanza al sector pasivo del ISSN. Los salarios estatales se incrementaron 6,5% el mes pasado, en virtud de la actualización automática por inflación correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio).
Se trata de la firma concesionaria del emprendimiento minero de Andacollo, que se encuentra en concurso preventivo. Desde el Ejecutivo remarcaron que “se defenderán los intereses de Neuquén” y apuntan a poder avanzar en una nueva licitación pública, nacional e internacional.
La implementación de este software busca agilizar las tareas de fiscalización en beneficio de los consumidores y comerciantes, garantizando una gestión más eficiente y transparente y logrando la despapelización de los procedimientos. La aplicación permite, entre otras funciones, el labrado de actas por presuntas infracciones como la falta de exhibición de precios o productos vencidos.
El ministro de Economía destacó el orden de las cuentas neuquinas y recordó que”el endeudamiento tiene que ser para obras de infraestructura. “Cuando recibimos el gobierno la deuda en dólares era de 1.267 millones de dólares. A julio es de 920 millones de dólares. La inversión en infraestructura pasó de 1% en diciembre de 2023 al 73% y podría alcanzar un 81% en diciembre”.
Figueroa lanzó el Plan Neuquino para la Vivienda cuyo acceso será únicamente a través del RUPROVI. La inversión combina aportes provinciales y nacionales, recupero financiero, créditos hipotecarios, capitales privados y financiamiento multilateral. Anunció que a partir del 1 de enero, se comenzará a cobrar aquellas viviendas entregadas por la Provincia, que aún no fueron pagadas.
