El Gobierno Provincial, la Defensoría del Pueblo, intendentes de municipios afectados y entidades empresariales presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad, por el deplorable estado de la Ruta Nacional 151. El escrito reclama que se ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro.
Economía 06 de julio de 2025
La presentación judicial busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario, señalando que la falta de mantenimiento afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional.
El amparo fue realizado por el Estado rionegrino, representado por el gobernador Alberto Weretilneck; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal adjunto, Luciano Minetti Kern; la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter; de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo; y de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo.
El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso a la acción y requirió al Estado Nacional y a Vialidad un informe detallado sobre las razones de la omisión denunciada, otorgando un plazo de once días para responder, mientras que para la medida cautelar se fijó un plazo de cinco días para que las demandadas informen antes de su análisis judicial.
El escrito reclama al tribunal que declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento de la ruta y que ordene la reparación completa de los 150 kilómetros del tramo que atraviesa Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
También exige medidas cautelares urgentes como la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances.
Entre los puntos centrales del amparo se detalla que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
La demanda también denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, evidenciando que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso.
Entre las normas invocadas se destacan artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449), además de jurisprudencia relevante.
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Los mercados anticipan una desaceleración de la inflación y que la economía mantenga un ritmo de crecimiento moderado. Para junio prevén una inflación mensual del 1,5%; un PIB creciendo 0,9% en el primer trimestre; tipo de cambio nominal en $1.720 por dólar para diciembre de 2026; y una Tasa Activa de Referencia proyectada en 20,9% nominal anual.
Ambas iniciativas fueron avaladas por amplia mayoría. El cálculo de gastos es de $557.000 millones, con un superávit de $229.761,4 millones. La tarifaria elimina dos tasas, e incorpora el “Descuento Neuquino” en la tasa por servicio a la propiedad inmueble, con beneficios que van del 10% al 100% según la categoría del contribuyente.
Incluye una actualización salarial por IPC entre enero y junio; el pago de una suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos en la segunda quincena de enero; una compensación por Ropa de Trabajo y un incremento en las Asignaciones Familiares, entre otros puntos. ATEN no aceptó la última oferta salarial y amenazó con ir al paro.
Incluye una actualización salarial trimestral por IPC entre enero y junio; el pago de una suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos en enero; una compensación por Ropa de Trabajo para el primer semestre de 2026; y la actualización por IPC ponderado de las Asignaciones Familiares. Desde ATE pidieron acompañar la propuesta “que es única en el país".
En la provincia se patentaron 1.154 vehículos, lo que implicó una caída del 24 por ciento respecto a octubre (1.519 unidades) y del -4,1% con relación a noviembre de 2024 (1.203). La pickup Hilux volvió a ser el modelo más elegido el mes pasado, con 1.831 unidades, seguida por el Peugeot 208 (1.343). En el ranking general continúa dominando el Toyota Yaris.
El gobernador Figueroa consideró que en el debate salarial “hay dos modelos en juego”. “Uno consiste en lo que propone el gobierno nacional, con un incremento anual del 10%. Y la alternativa es “un proyecto a la neuquina como venimos desarrollando”. Este lunes, el gremio docente ATEN rechazo la propuesta en sus asambleas.
