Desde FECENE aseguran que hacen caso omiso a las normas vigentes. Denuncian la proliferación de empresas extraterritoriales y el no cumplimiento del compre neuquino. Por su parte, la CEIPA apuntó a YPF y al “pernicioso” sistema de trabajo “on call”.
Energía29 de julio de 2022
La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) y la Cámara Empresarial de la Industria Petrolera y Afines (CEIPA), advirtieron con preocupación la contratación directa de empresas subsidiarias y que se sienten asfixiadas por las políticas empresarias de las Operadoras.
FECENE denunció la contratación de empresas que no son locales y ni siquiera regionales, otorgando preferencias en plazos, contratos y relaciones, ajenas totalmente al logro del objetivo del desarrollo de las economías regionales y de la cadena de valor local y regional.
En dialogo con AGENDA ECONOMICA, el referente de la entidad Edgardo Phiellip señaló que “estamos en un escenario en el que proliferan las empresas extraterritoriales, existiendo empresas locales y regionales con capacidades ociosas, que están sufriendo las consecuencias de la pandemia y de las medidas, en muchos casos arbitrarias e ilegales de las contratantes, en un claro ejercicio de abuso de posición dominante”.
Phiellip dijo que van a hacer las denuncias y que “corresponderá retirar la licencia social que es la que permite el desarrollo de la actividad, si es que no se corrige esta ilegal y perniciosa conducta”.
Y apuntaron a la empresa de bandera YPF, “que ha canalizado cientos de millones de dólares en su subsidiaria AESA, a la cual aporto el año pasado 400 millones de dólares para evitar su disolución por pérdida del capital”.
“No podemos aceptar inmóviles la caída de más empresas, las situaciones de desempleo, los cortes de ruta, los problemas financieros derivados de prácticas incorrectas, la discriminación inmotivada, la perniciosa conducta inmotivada, en muchos casos, de la contratación denominada on call y tanto otros problemas que nos hemos cansado de señalar”, finalizó.
Para la FECENE han existido claras definiciones de las autoridades políticas nacionales, a través del plan Gas ar, y provinciales por intermedio de la sanción de la ley del compre local hidrocarburífero que “no se ha concretado y ha dado lugar, a maniobras que violan abiertamente esos objetivos”.
“Las pymes deben tener prioridades, no subsidios, que permitan generar un mantenimiento y crecimiento de la cadena de valor en el territorio”, dijeron en un comunicado de prensa.
Por su parte, la CEIPA advirtió sobre la contratación directa de empresas subsidiarias y que se sienten asfixiadas por las políticas empresarias de las Operadoras. “Nos preocupa y ocupa, que teniendo empresas locales y regionales que cumplen con todos los requisitos; las firmas, tal es el caso de AESA (subsidiaria de YPF) y SACDE (subsidiaria de PAMPA Energía) se queden con la mayoría de los contratos de Obras y Servicios”.
Apuntaron contra el sistema de trabajo “on call” porque es altamente pernicioso para las pymes locales, ya que supone una disponibilidad de recursos humanos y equipos, sujetos a la necesidad puntual de las empresas (se da muy frecuentemente en las empresas de servicios del segundo anillo), debiendo correr la Pymes con los costos fijos generados por esa disponibilidad sin la seguridad de ser convocados con el transcurrir del tiempo”.
Denunciaron “competencia desleal” y “asfixia” por la presión que ejercen las operadoras. “Las grandes operadoras comienzan a implementar políticas que nos afectan directamente y pueden reducir los volúmenes de trabajo. Hacen contratos integrados que incluyen una gran cantidad de servicios que solo pueden ser ofrecidos por algunas grandes empresas en detrimento de las Pymes que ni siquiera pueden presentarse a las licitaciones. Las empresas del primer y segundo anillo, por un lado demoran los pagos y en el mismo acto exigen cumplimientos estrictos en los planos fiscal y sindical a sus proveedores. Se exige a las PYMES que tengan todo al día, pero no les cancelan sus pagos regularmente”.
“No se está pidiendo que se contrate directamente, sino que haya igualdad de oportunidades, que se respete el Compre Neuquino y que no existan abusos de posición dominante”, dijeron.
La Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos es sobre el área Puesto Silva Oeste, que operaba Pluspetrol, e incluye un Plan Piloto con una inversión prevista de 14,5 millones de dólares. Además, la compañía abonará a la Provincia 4.000.000 de dólares como Bono de Infraestructura y 362.500 dólares en concepto de Responsabilidad Social Empresaria.
El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que el proyecto “Argentina LNG” generará 50.000 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto en Neuquén y Río Negro. Anticipó que en el próximo año la empresa invertirá entre USD 5.000 y USD 6.000 millones. Este proyecto se enmarca en el objetivo de que el país logre exportaciones superiores a USD 30.000 millones a partir de 2031.
Entre los proyectos aprobados sobresalen la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), impulsado por YPF, y un buque flotante de licuefacción de GNL, liderado por Southern Energy y Golar LNG, que dominan la agenda de inversiones 2025. Estas obras apuntan a consolidar la exportación de gas y petróleo no convencional desde Vaca Muerta.
Las petroleras firmaron el Technical FID de la iniciativa integrada que contempla la producción de 12 millones de toneladas de GNL por año, con una proyección de exportaciones que podría alcanzar los USD 14.000 millones al año. El Gobernador Figueroa participó de la firma y aseguró que “es el mayor proyecto en importancia de exportación de GNL de la historia de nuestro país”.
Las regalías de petróleo alcanzaron los 174.441 millones en septiembre, una variación real interanual del 24,3%, por encima de las gasíferas, que totalizaron 73.993 millones de pesos, con un alza del 11,9%. Hoy, representan el 50% de los ingresos totales de la Provincia. Ingresos Brutos concentra más del 90% de la recaudación propia.
El organismo negocia transferir a la Provincia sus acciones en ENSI y la cesión de la planta de agua pesada por 25 años a cambio del cobro de un canon por el usufructo de la misma. Los trabajos para volver a producir agua pesada demorarían unos 24 meses. La canadiense Candu Energy fue hasta ahora la empresa más activamente interesada en rubricar acuerdos por la PIAP con CNEA.
