La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Amcham se manifestaron en contra del aumento de número de miembros del tribunal.
Economía 23 de septiembre de 2022
Dos entidades empresarias se manifestaron en contra de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “honda preocupación” ante la iniciativa, aprobada por el Senado de la Nación, para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia, de aumentar de 5 a 15 el número de miembros.
A través de un comunicado, la entidad afirmó que rechaza el proyecto por entender que afecta la división de poderes “La CAC es una institución gremial empresaria con una amplia presencia a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, y como tal, comprometida con el federalismo. Pero entiende que es incorrecta la manifestación de que para garantizar el federalismo sea necesario ampliar el número de integrantes de la Corte, toda vez que el poder en el que naturalmente tiene lugar la representación de las diversas jurisdicciones es el legislativo y no el judicial”, expresaron.
Urge procurar un desarrollo sostenido, mediante la generación de empleo genuino y la inversión y, para ello, resulta indispensable un marco institucional que brinde seguridad jurídica (CAC)
“Asimismo, ante la evidencia de que la Justicia argentina registra significativas falencias, triplicar la cantidad de miembros del máximo tribunal, al entorpecer aún más los procedimientos, no haría más que agravar el mal funcionamiento del Poder Judicial. Significaría, también, incurrir en mayores erogaciones que recaerían sobre unas finanzas públicas ya exhaustas”, señalaron.
Desde la cámara, indicaron que la Argentina necesita ”reformas estructurales” que otorguen confianza y previsibilidad. “Urge procurar un desarrollo sostenido, mediante la generación de empleo genuino y la inversión y, para ello, resulta indispensable un marco institucional que brinde seguridad jurídica. En este contexto, pretender alterar la composición del máximo tribunal con una iniciativa legislativa como la señalada, que además de sus falencias intrínsecas carece de los consensos amplios que ameritaría cualquier reforma de esta envergadura, resulta ciertamente desafortunado”.
Por otro lado, también expresó su preocupación la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham Argentina). Previo al tratamiento en el Senado, que derivó en la media sanción de la norma, señalaron que la independencia del poder judicial es una característica propia de todo país republicano, un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones. “Y si bien el servicio de justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros”, detallaron en un comunicado.
“A tan solo un año de celebrar cuatro décadas de democracia ininterrumpida, Argentina ha asistido a dos modificaciones en la composición de la Corte Suprema (1990, 2006), y otras dos modificaciones a un organismo asociado, el Consejo de la Magistratura (2006, 2013), creado en 1994 por la última reforma constitucional. Si bien en estos últimos 40 años ha habido en nuestro país profundas transformaciones, nos parece excesivo tener tantos procesos de cambio en los dos organismos centrales de la justicia argentina”, remarcaron.
Luego, señalaron que el principal desafío actual es fortalecer la calidad institucional y respetar el principio de división de poderes. “Solo a través de este camino lograremos consolidar una recuperación económica sostenida, con indicadores positivos en inversión privada y la creación de empleos de calidad”, concluyeron.
Veinte mandatarios aceptaron la invitación de la Casa Rosada, aunque cuatro peronistas K no fueron invitados, entre ellos Kicillof. El presupuesto, entre los principales objetivos, porque sería clave para comprimir el riesgo país a la zona de 400/500 puntos y la refinanciación de vencimientos del año próximo. El vocero Adorni dijo que “el próximo Congreso será el más reformista”.
El gobernador presentó el proyecto en la Legislatura que será de $7,57 billones y destinará cerca de un 16% a obra pública. La provincia estima mantener el superávit aunque menor al actual, producto de la caída del precio del barril de petróleo que mermará la suba de regalías. Hay más de 6,2 billones de pesos en gastos corrientes, casi 68% se lo llevan los sueldos de estatales.
El gobierno provincial comenzará el diálogo el miércoles 5 de noviembre. Para esa fecha están convocados los gremios ATE, ATEN, UPCN y los viales de UNAVP. Las reuniones definirán la pauta salarial que regirá para los agentes públicos el próximo año. El próximo viernes 31 inicia el cronograma de pagos que contempla un aumento del 6,96%.
El nuevo beneficio ofrece reducciones de hasta el 50% en el pago de retributivos para los contribuyentes. En el caso de jubilados, pensionados, personas con discapacidad y organizaciones sin fines de lucro, el descuento llega al 100 por ciento. Entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y el trámite podrá realizarse hasta el 15 de diciembre de 2025.
El ministro Luis Caputo, aseguró que luego de las elecciones propondrá la baja, eliminación y simplificación de impuestos con epicentro en Ganancias a trabajadores y jubilados, e Ingresos Brutos. “Los gobernadores tienen clarísimo que es el peor de los impuestos”. Según una encuesta de la UIA, los saldos a favor que las provincias le deben a las empresas alcanzan $54.000 millones.
La totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día. Los salarios incluirán el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios, con una suba que será del 6,96%.
