Aprobaron en Diputados el Presupuesto 2023
Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el texto del proyecto de Presupuesto 2023 en general. A la hora de la votación en particular, el Frente de Todos no consiguió los votos necesarios y optó por retirar el artículo 95 que extendía las facultades delegadas para imponer retenciones a las exportaciones. Por su parte, la oposición logró frenar el artículo que proponía cobrar Ganancias al Poder Judicial.
El proyecto obtuvo 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La UCR, Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas votaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvieron. La Coalición Cívica, liberales y libertarios rechazó la iniciativa.
La aprobación en general del texto fue interpretado como un importante logro político para el ministro de Economía, Sergio Massa. En el Palacio de Hacienda destacaron que el plan de gastos y recursos “incluye un orden muy fuerte de las cuentas públicas”.
El Frente de Todos logró el quórum gracias a un puñado de diputados de Evolución y de la UCR. Emiliano Yacobitti y Danya Tavela, del bloque referenciado en Martín Lousteau a nivel nacional, fueron los primeros en entrar en el recinto. Poco después se sumaron varios radicales como Hugo Romero, Miguel Ángel Bazze, Jorge Rizzoti y Martín Arjol. Máximo Kirchner, por su parte, fue uno de los pocos oficialistas que no ocupó su banca al inicio de la jornada.
El PRO y la Coalición Cívica no bajaron hasta que el oficialismo consiguió el número para comenzar con el debate. Los “lilitos” habían adelantado hace días que no acompañarían el Presupuesto porque sus variables macroeconómicas son “poco realistas”, porque intentaba habilitar suba de impuestos (como a los productos electrónicos de Tierra del Fuego) y porque buscaba extender las facultades delegadas para establecer retenciones, entre otros puntos.
Por su parte, el PRO también informó, ni bien comenzó el debate, que se abstendría en la votación en general. “Estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, detallaron a través de un comunicado.
Los opositores que apoyaron el Presupuesto destacaron que las pautas macroeconómicas son más “realistas” (60% inflación y 2% de crecimiento económico) que las que presentó Martín Guzmán el años pasado y que el oficialismo aceptó varias modificaciones. Por otro lado, evaluaron que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto. Su objetivo fue limitar lo más posible la capacidad de reasignar partidas sin control en un año electoral.
Entre las principales concesiones que hizo el Frente de Todos para evitar el bloqueo del proyecto se destacó la inclusión de una cláusula gatillo que estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.
Por otro lado, a pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.
Varias provincias también plantearon reparos ante el artículo 90, que propone que CAMMESA (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.
Retenciones. A la hora de la votación en particular, el oficialismo no pudo avanzar con el artículo 95 del dictamen, que permitía al Poder Ejecutivo recuperar el manejo de las retenciones a las exportaciones del agro. Ante la posibilidad de que fuera rechazada, el oficialismo optó por retirar el artículo.
La iniciativa contemplaba que se prorrogue dicha facultad hasta el 31 de diciembre del año próximo. La misma le permitiría al Gobierno fijar retenciones con un tope en la alícuota del 33% del valor imponible o del precio oficial FOB sobre los productos agropecuarios.
“La presión impositiva que sufre el campo es récord, perdimos la oportunidad de tener una discusión racional sobre esta cuestión”, señaló el diputado del PRO, Luciano Laspina.
Durante la sesión, el ministro de Economía, Sergio Massa, había asegurado que el Gobierno se comprometía a no aumentar las retenciones y que buscaría incluir una cláusula para que quede garantizado. Con este agregado al texto oficial, en Economía consideraban que parte de la oposición podría acompañar. También contribuirían a evitar la judicialización de más casos de ruralistas que acuden a tribunales para que se declare inconstitucional que el Gobierno cobre derechos de exportación al sector.
Cobro de Ganancias al Poder Judicial. Otro de los artículos que generó controversias fue el que proponía el cobro del impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial. La iniciativa había sido incluida sorpresivamente el jueves en la última reunión de la comisión de Presupuesto y fue duramente criticada por las asociaciones de fiscales y magistrados.
El artículo fue rechazado por 134 votos negativos y 116 afirmativos. Entre los votos en contra se destacaron los oficialistas Vanesa Siley y Sergio Palazzo, ambos de extracción sindical.
Durante el debate, desde el oficialismo remarcaron que el costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces será de $237.850 millones para 2023. “Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, había planteado el diputado Marcelo Casaretto, autor de la iniciativa. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, detalló el diputado Itai Hagman del Frente Patria Grande.
Casaretto también explicó que si bien los magistrados que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017 pagan Ganancias, solo lo hacen por una parte de sus remuneraciones debido a una resolución del Consejo de la Magistratura. “Deben pagar por todo”, insistió.
“No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se dé en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del Presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar ganancias”, había planteado el PRO al inicio del debate a través de un comunicado.
El pago de Ganancias para todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017 había sido establecido por la Ley 27.346, impulsada por el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli y sancionada en diciembre de 2016. Sin embargo, su aplicación para quienes ya se desempeñaban en la Justicia había sido frenada por un amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional. La Corte Suprema revocó esa medida cautelar y resolvió la constitucionalidad de la norma. En su acordada sostuvo que todos los que juraron a partir del 1 de enero de 2017 -no solo los que vienen del ámbito privado, sino también los de carrera judicial-, debían pagar el gravamen.
No obstante, el Consejo de la Magistratura terminó reglamentando que no estén alcanzados por Ganancias los ítems salariales correspondientes a “compensación jerárquica”, “compensación funcional” y “bonificación por título”.
Nuevo impuesto para volar. Por 123 votos afirmativos a 122 negativos, el Frente de Todos logró consolidar una mayoría para agregar una nueva tasa a los viajes en avión, que se cobraría tanto en vuelos domésticos como internacionales.
“Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del texto.
La norma establecerá un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.
“Crear una tasa muestra una vez más lo errático de la política aeronáutica del Gobierno. Cerraron el aeropuerto de El Palomar, sacaron el Pre Viaje y ahora perjudican al turismo con esto. Es una política errática y va a terminar todo mal”, dijo Hernán Lombardi, del PRO.
