Alberto Fernández prometió que a partir del viernes su gobierno iniciará la guerra contra la inflación. Dijo que irán contra los especuladores.
Economía 15 de marzo de 2022
Fue en la previa de la difusión de otro dato negativo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), que publicó el índice de precios de febrero, que llegó al 4,7 por ciento. Las palabras del Presidente tuvieron lugar en el marco de un acto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.
“Cuando creemos que la situación se ordena, todo vuelve a complicarse. Cuando pensamos que la pandemia nos dejaba un terreno libre como para poder avanzar, se desata una guerra en Europa, que tiene repercusiones en todo el mundo, y también en la Argentina, que llegan en forma de complicaciones económicas”, expresó el mandatario. “La mayor complicación es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos y vuelan los precios en todo el mundo”, agregó.
En los últimos días, creció la preocupación del Gobierno por el impacto local económico de la invasión de Rusia a Ucrania, sobre todo por el incremento de la demanda global de alimentos, que puede empujar su precio, además de la alta inflación que registra la Argentina todos los años.
Ayer, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno analiza “una cantidad de medidas” relacionadas con la economía, luego de una reunión que Alberto Fernández mantuvo con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
“Espero que esta semana podamos empezar a poner orden el tema de la deuda, y prometo que el viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina; vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosa en orden”, aseguró Fernández.
Con relación a las medidas que podría anunciar el Gobierno, Cerruti descartó que impliquen una suba de la retención a la producción de maíz, a la soja o al trigo, aunque desde diferentes organizaciones del campo desconfían y están en alerta, sobre todo luego de la decisión de suspender el registro de exportaciones de harina de soja y aceite de soja, lo que habitualmente es la antesala a una suba de gravamen.
Tanto dirigentes como productores autoconvocados discuten en estos días la posibilidad de medidas de fuerza, con las bases presionando para que los líderes encabecen acciones contundentes cuanto antes. A 14 años de la masiva movilización nacional que en 2008 se opuso a las retenciones móviles, se levantan voces que piden volver a las rutas.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
