El staff del organismo hizo públicos los detalles de la renegociación. Los vencimientos de la semana próxima se pagarían con operaciones puente de otros multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, garantizadas por el Fondo. El comunicado del FMI cuestionó a Argentina por “desvíos y retrasos” en las metas.
Economía 28 de julio de 2023
El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo pública la aprobación de la quinta y sexta revisiones del acuerdo de facilidades extendidas que mantiene con la Argentina. Se trata de un entendimiento a nivel de staff para la continuidad del programa que adapta objetivos y medidas ante las dificultades del país para alcanzar las inicialmente fijadas en el acuerdo, que necesita la aprobación del directorio del organismo internacional para volverse operativo.
“Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina. El acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas y la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en la segunda quincena de agosto. Una vez completadas las revisiones quinta y sexta, Argentina tendrá acceso a alrededor de USD 7.500 millones”, dijo el Fondo.
El acuerdo, según destacaron fuentes del ministerio de Economía, prevé un primer desembolso en agosto y otro en noviembre. Esos fondos, con todo, llegan tarde para hacer frente a desembolsos por casi USD 3.500 millones que caen la semana que viene. Ese pago se haría con un crédito puente de otros organismos como la CAF, el BID y el Banco Mundial, de manera tal de no forzar aún más a las alicaídas reservas del Banco Central (BCRA) ni al swap de monedas acordado con China.
Las nuevas condiciones permiten al Gobierno intervenir en el mercado de dólares financieros. “La política monetaria seguirá siendo un instrumento clave para contener las presiones del mercado, con intervenciones en los mercados paralelos y de futuros de divisas centradas en abordar situaciones de condiciones desordenadas”, reza el texto oficial.
Se trata de un punto fundamental para el Gobierno en un contexto electoral en el que el dólar podría dispararse. El objetivo del nuevo acuerdo, que se anunció hace tres meses, como parte de una reprogramación del esquema vigente por el impacto de la sequía, es también fortalecer las reservas del Banco Central.
“Desde la finalización de la cuarta revisión, la situación económica de Argentina se ha vuelto muy desafiante debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía, que tuvo un impacto significativo en las exportaciones y los ingresos fiscales. También ha habido desvíos y retrasos en las políticas, que han contribuido a una fuerte demanda interna y una balanza comercial más débil. Como resultado, no se alcanzaron los criterios de desempeño de finales de junio de 2023 (CP) para la acumulación de reservas internacionales netas (NIR), el saldo fiscal primario y el financiamiento monetario del déficit fiscal”, señaló el comunicado.
Después de una prolongada negociación que retrasó dos desembolsos vitales para el pago de vencimientos con el propio organismo y necesitó de la implementación de nuevas medidas impositivas y cambiarias por parte del gobierno argentino, los técnicos del organismo internacional finalmente tienen el documento que será elevado al directorio para habilitar nuevos desembolsos de dinero.
“Lo que se define es un programa de objetivos y metas de acumulación de reservas, de equilibrio en las cuentas públicas. No es que hay que entregar absolutamente nada, sino que lo que se define es un programa de cómo llevar adelante cuentas públicas, acumulación de reservas”, había dicho Massa minutos antes de la publicación del entendimiento.
“El programa es un programa que tiene dos momentos de desembolso: uno en agosto, la tercera semana; otro en noviembre; la primera semana”, agregó.
Medidas acordadas
El comunicado detalla las siguientes medidas y recalibraciones de objetivos:
Política cambiaria y monetaria: Se han tomado medidas para alentar la liquidación de exportaciones y contener las importaciones en el corto plazo. La tasa de crawl -ritmo de avance del dólar oficial- continuará utilizándose para preservar la competitividad y respaldar los objetivos de acumulación de reservas. Para sostener la demanda de pesos y hacer frente a la alta inflación, las autoridades continuarán asegurando que las tasas de política monetaria se mantengan suficientemente positivas en términos reales.
Política fiscal: La meta de déficit fiscal primario para 2023 se mantiene sin cambios en 1,9% del PIB. El cumplimiento de la meta requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año, respaldado por una serie de medidas acordadas de ingresos y gastos, protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios.
Estrategia de financiamiento: La senda fiscal acordada no supone una dependencia adicional del financiamiento monetario directo del déficit fiscal. Los recientes y exitosos canjes voluntarios de deuda han reducido significativamente los riesgos de refinanciación y se espera que apoyen la movilización de financiamiento interno neto adicional durante el resto del año.
Reservas: El paquete de políticas acordado busca aumentar las reservas durante el resto de este año, en consonancia con un objetivo de acumulación de reservas internacionales netas acumulativas de alrededor de USD 1.000 millones para fines de 2023.
Crédito puente
El lunes 31 de julio y el 1° de agosto, es decir el lunes y martes de la semana próxima, caerán vencimientos por casi USD 3.500 millones, entre los USD 2.660 millones de capital y USD 830 millones de interés. Se pagarán, afirmaron cerca del ministro Sergio Massa, con “operaciones puente” de organismos multilaterales –en principio el Banco Mundial y el BID– para que Argentina siga adelante con el programa. Son fondos garantizados por el FMI que se devolverán con los desembolsos.
Así, quedaría descartada por el momento el pago con yuanes, una versión que había cobrado fuerza en las últimas horas.
El acuerdo, además, fija una nueva meta para el déficit fiscal del año: 1,9% del Producto Bruto. Ese fue uno de los ejes de las discusiones de las últimas semanas ya que el Fondo pretendía un ajuste mayor y bajar el déficit a 1,5 puntos del PBI.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
