El proyecto del nuevo impuesto será enviado al Congreso y afectará a empresas que tuvieron ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos en el último año.
Economía 18 de abril de 2022
El gobierno nacional anunció la implementación de un nuevo impuesto al que denominó “renta inesperada”. Afectará a aquellas empresas que tuvieron ganancias superiores a los 1000 millones de pesos en el último año.
Se trata de “pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan” en esta difícil coyuntura del país, afirmó el presidente Alberto Fernández. La novedad fue comunicada en un acto junto al ministro de Economía, Martín Guzmán.
“Los que han ganado inesperadamente como consecuencia de una guerra que colaboren con su aporte a ayudar a los que han quedado más postergados. Ver cómo los ayudamos a promover trabajo genuinamente. Llegar a los últimos es mi mayor obsesión. Primero los últimos”, afirmó el mandatario. Y adelantó que la iniciativa será discutida “en las próximas semanas” en el Congreso. La oposición adelantó que rechazará la medida.
En tanto, Guzmán dijo que esta nueva medida “plantea una alícuota que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos en el año”. Según dijo, en 2021 tan solo el 3,2% de las empresas tuvo ganancias por encima de ese monto.
Guzmán dijo que hoy “se vive una crisis de la distribución de los ingresos” y detalló que el gobierno busca “construir un mecanismo para garantizar que este shock (derivado de la guerra en Ucrania) no tenga un impacto desigualador y regresivo en nuestra sociedad”. “Estamos buscando que el crecimiento sea compartido y no se beneficien solo unos pocos”, indicó.
El ministro adelantó que “en las próximas semanas” el gobierno convocará “a las fuerzas productivas, laborales y políticas” para debatir la “construcción de un mecanismo que permita capturar parte de la renta inesperada que no es producto de inversiones adicionales, sino del shock de la guerra” en Ucrania.
En ese marco, detalló que el conflicto bélico hizo que “ciertos sectores tengan una renta extraordinaria y afirmó: “Se busca capturar parte de esa renta” para que el Estado pueda llevar adelante un desarrollo equitativo, atacar la pobreza infantil y lograr una mayor inclusión social.
Cuáles son los criterios para gravar a la “renta inesperada”. Guzmán dijo que las ganancias de las empresas por encima de los 1.000 millones de pesos serán “un punto de partida”.
“Lo que se plantea es una alícuota sobre este componente de renta inesperada, que se enfoca en empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos. No solo tener una ganancia alta es condición para contribuir”, indicó.
“Habrá otros criterios. La ganancia real tiene que haber aumentado en forma significativa y el resultado ordinario en relación a las ventas (el margen de ganancias) tiene que ser anormalmente elevado en 2022”, prosiguió.
Sin embargo, aseguró que “si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva el monto de contribución será menor”.
En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dijo que con esta medida el gobierno busca “reforzar la política de ingresos”.
“El ministro de Economía dio detalles de una mesa de trabajo y producción para aquellos que generen en esta situación especial una renta extraordinaria. Estamos convencidos de que hay que distribuir mucho más, fundamentalmente hacia los que menos tienen”, indicó.
La reacción de la oposición. El proyecto deberá pasar por el Congreso para poder ser aprobado. Parte de Juntos por el Cambio ya adelantó que rechazarán la iniciativa. “NO MÁS IMPUESTOS. Hay que bajar la carga impositiva y cambiar la estructura impositiva que es anti empleo y anti exportación. Al gobierno no se le cae una idea que no sea crear más y pésimos impuestos. NO PASARÁN”, tuiteó el diputado Luciano Laspina.
En el mismo sentido se mostró Waldo Wolf: “Si a mí me fue bien y gane un 20% más, pero a mi hermano, a mi mamá, a dos amigos y a mi hijo les fue mal y quebraron, la renta inesperada se netea con la ayuda que les procure a ellos? Dejen de meterse en la vida privada de la gente cambiando las reglas a mitad del partido”.
En tanto, el diputado Ricardo López Murphy escribió: “¿Controlar la emisión, bajar impuestos y abordar reformas estructurales? Por supuesto que no. El kirchnerismo analiza un nuevo impuesto a la renta ¿INESPERADA? No se les ocurre otra cosa que crear o aumentar impuestos”.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
