Representantes del sector indicaron que las empresas agroindustriales no toleran más presión fiscal y que la política debe realizar un ajuste para combatir la inflación.
Agro18 de abril de 2022
El anuncio de un gravamen a la “renta inesperada” para aquellas empresas que obtuvieron ganancias superiores a los $1.000 millones en el último año, causó alarma en el sector agroindustrial, cuyos representantes remarcaron la alta presión tributaria a la que ya está sometido el sector privado.
“Si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertos commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en nuestro país. Sumados a la escasez de insumos críticos han neutralizado, o más, los relativos beneficios de los productos del agro”, explicaron desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA).
En ese sentido, el titular de esa entidad, Gustavo Idígoras remarcó que el anuncio ejerce “más presión a las empresas que están tratando de sacar el país adelante”, y agregó que más allá de que aún no se explicaron las definiciones técnicas sobre quiénes aportarían y cuánto “queda claro que van a estar incluidas todas las firmas agroexportadoras argentinas por su nivel de facturación anual”.
“El campo es el sector que más impuestos paga y además, actualmente la agroindustria exportadora le está dando al estado US$ 400 millones adicionales por la suba de dos puntos de los derechos de exportación. Es el momento de que sea la política la que haga el esfuerzo”, afirmó Idígoras.
Según anunció el propio presidente Alberto Fernández, en un acto junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, se trata de “pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan en esta difícil coyuntura del país”.
“Queremos que el crecimiento llegue a todos por eso vamos a construir un mecanismo que nos permita capturar parte de la renta inesperada que es producto del shock que implica la guerra y hace que ciertos actores de la economía tengan una renta extraordinaria”, dijo el titular de la cartera de economía.
En tanto Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, una de las entidades del campo que forman parte de la mesa de enlace, remarcó que la medida es “un manotazo al sector privado cuando no existe un sector público responsable que equilibre sus cuentas bajando y eficientizando el gasto”.
Y explicó: “En el campo no hay renta inesperada, la bonanza de los precios internacionales no ha llegado al productor argentino porque los precios locales están desacoplados a causa de los derechos de exportación, la intervención en los mercados y la brecha cambiaria. Estamos en el inicio de una campaña agrícola y los productores tienen que afrontar costos en dólares que han subido más que la inflación en pesos”.
Por último, José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un nucleamiento de más de 60 cámaras del sector agroindustrial dijo que “más allá que estamos en contra de los cambios permanentes en las reglas de juego, vamos a esperar la letra chica para pronunciamos”.
"¿Nos van a apoyar o dejar desaparecer?", fue el grito de los chacareros durante la apertura de las compuertas de una nueva temporada de riego en el Alto Valle. Ante autoridades provinciales denunciaron robos, incendios intencionales, altos costos de la energía, puentes rotos por el paso de camiones del petróleo, y finanzas para mantener “canales casi siempre en rojo”.
El corte más emblemático de la parrilla, se mantuvo estable a nivel nacional mientras que en la Patagonia experimentó una histórica baja de más del 20% en apenas un mes. Según el último informe del INDEC, el valor minorista promedio del asado durante julio fue de $10.981,58 por kilo, apenas un 0,1% por encima de los $10.973,35 registrados en junio.
La drástica medida, adoptada por el SAG chileno, se debe a la entrada en vigencia de la resolución del SENASA que autoriza el ingreso de asado con hueso al sur del río Colorado, un cambio sanitario que “compromete la seguridad frente a la fiebre aftosa”.
La Federación de Entidades Rurales de Rio Negro no logró frenar la medida en los tribunales. El juez federal Hugo Greca consideró válidas las razones técnicas del SENASA. Los ganaderos habían alegado que la circulación de carne hacia el sur “sin restricción ni control podría poner en riesgo el estatus sanitario de la Patagonia”.
En el semáforo de las economías regionales, solo hay verde esperanza para la ganadería. El resto de las actividades, están en alerta o crisis. La producción de peras y manzanas, en rojo, según indica un informe de CONINAGRO.
Dirigentes ruralistas y autoridades de Neuquén admiten que Nación no revisará la flexibilización de la barrera sanitaria. “No hay vuelta atrás”, dijo Cecilia de Larminat, presidenta de la SRN, y adelantó que la postura de las entidades ruralistas es “seguir velando por los controles en la Patagonia, y hacer seguimiento para que los requisitos y controles se cumplan”.
