Representantes del sector indicaron que las empresas agroindustriales no toleran más presión fiscal y que la política debe realizar un ajuste para combatir la inflación.
Agro18 de abril de 2022
El anuncio de un gravamen a la “renta inesperada” para aquellas empresas que obtuvieron ganancias superiores a los $1.000 millones en el último año, causó alarma en el sector agroindustrial, cuyos representantes remarcaron la alta presión tributaria a la que ya está sometido el sector privado.
“Si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertos commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en nuestro país. Sumados a la escasez de insumos críticos han neutralizado, o más, los relativos beneficios de los productos del agro”, explicaron desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA).
En ese sentido, el titular de esa entidad, Gustavo Idígoras remarcó que el anuncio ejerce “más presión a las empresas que están tratando de sacar el país adelante”, y agregó que más allá de que aún no se explicaron las definiciones técnicas sobre quiénes aportarían y cuánto “queda claro que van a estar incluidas todas las firmas agroexportadoras argentinas por su nivel de facturación anual”.
“El campo es el sector que más impuestos paga y además, actualmente la agroindustria exportadora le está dando al estado US$ 400 millones adicionales por la suba de dos puntos de los derechos de exportación. Es el momento de que sea la política la que haga el esfuerzo”, afirmó Idígoras.
Según anunció el propio presidente Alberto Fernández, en un acto junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, se trata de “pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan en esta difícil coyuntura del país”.
“Queremos que el crecimiento llegue a todos por eso vamos a construir un mecanismo que nos permita capturar parte de la renta inesperada que es producto del shock que implica la guerra y hace que ciertos actores de la economía tengan una renta extraordinaria”, dijo el titular de la cartera de economía.
En tanto Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, una de las entidades del campo que forman parte de la mesa de enlace, remarcó que la medida es “un manotazo al sector privado cuando no existe un sector público responsable que equilibre sus cuentas bajando y eficientizando el gasto”.
Y explicó: “En el campo no hay renta inesperada, la bonanza de los precios internacionales no ha llegado al productor argentino porque los precios locales están desacoplados a causa de los derechos de exportación, la intervención en los mercados y la brecha cambiaria. Estamos en el inicio de una campaña agrícola y los productores tienen que afrontar costos en dólares que han subido más que la inflación en pesos”.
Por último, José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un nucleamiento de más de 60 cámaras del sector agroindustrial dijo que “más allá que estamos en contra de los cambios permanentes en las reglas de juego, vamos a esperar la letra chica para pronunciamos”.
Según el SENASA, se registró un desplome del 24% de la faena en la región norte de la Patagonia, durante los primeros meses del año. Son unas 18.000 cabezas menos de vacunos provenientes de los campos de Río Negro y Neuquén respecto de mismo período del año pasado.
El SENASA derogó la resolución anterior y estableció un nuevo esquema en el marco sanitario, que da la apertura para que llegue asado con hueso. Se publicó este viernes en el Boletín Oficial.
Más de 40 productores del Alto Valle se reunieron en Cipolletti para analizar el panorama de la fruticultura. Los chacareros piden la intervención del gobernador Weretilneck ante una situación que definieron como “lapidaria”. “La ganancia que tenemos es mínima: producimos para 10 y nos pagan cinco”, dijeron. No descartan un tractorazo sino hay respuestas.
El Secretario de Producción e Industria Diego García Rambeaud defendió el mantenimiento de la barrera sanitaria. "La Patagonia es declarada libre de aftosa sin vacunación ya hace 21 años y es importante mantener ese estatus, defenderlo, y elevar ese estatus sanitario hacia el norte”.
Dirigentes rurales de Río Negro y del partido de Patagones presentaron un recurso administrativo para anular la resolución 180 del SENASA y que, además, se la suspenda. La norma es la que flexibiliza la barrera sanitaria de la Patagonia para que pueda ingresar al sur del río Colorado el asado con hueso.
Nación espera respuestas de Chile y la Unión Europea, ante el riesgo de que la Patagonia pueda perder mercados para sus carnes. Sectores rurales alertaron que la apertura podría derivar en el quiebre de las explotaciones ovinas, el abandono de campos y la pérdida de soberanía territorial en zonas de muy baja densidad poblacional.
