Así lo resolvió el pleno al aprobar la comunicación 201 dirigida a la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) en tanto organismo responsable del control y regulación de las condiciones de celebración de contratos mediante sistemas de ahorro previo.
La comunicación dirigida al IGJ solicita información sobre la cantidad de denuncias recibidas por parte de suscriptores de contratos de ahorro previo para la adquisición de automotores durante el año pasado y este año; cantidad de denuncias que hacen referencia al incremento abusivo en los valores de las cuotas de los planes; y qué trámites se le dieron a las denuncias y los correspondientes resultados obtenidos.
Asimismo pregunta por las sanciones aplicadas en caso de corresponder, y los mecanismos de control implementados para evaluar el aumento de los precios de los vehículos, entre otros aspectos.
Al respecto, el miembro informante, Carlos Coggiola (PDC) dijo que “la Legislatura no puede permanecer ajena a este problema” que implica serios inconvenientes para los adherentes que no pueden afrontar los incrementos de las cuotas. En tal sentido, cuestionó que los valores que imponen arbitrariamente las terminales automotrices superan ampliamente los índices inflacionarios y, generalmente, se encuentran adecuados en relación al dólar cuando se trata una industria nacional.
