Postergan por un año la revisión integral de tarifas de luz y gas
A través del DNU 815/2022, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno prorrogó por un año el plazo para avanzar con la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) para las transportistas y distribuidoras de electricidad y gas.
Además, se prolongó por un año la intervención en los entes nacionales de regulación de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) hasta que entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios. “La intervención no cumplió con nada de la Ley de Solidaridad Social, entre lo cual estaba reordenar los entes y hacer el RTI o bien una revisión extraordinaria de tarifas”, indicó Julián Rojo, director técnico del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi.
La suspensión de la RTI no cambiará el esquema de segmentación de tarifas, que seguirá con las categorías y topes previstos. Y tampoco implicará una suspensión de los aumentos de tarifas establecidos para 2023, que se seguirán haciendo con medidas transitorias definidas por el Gobierno y no con un esquema de actualización automática. “Patean el tema para el próximo gobierno. En un año electoral tiene sentido que no quieran revisar tarifas de transporte y distribución para no aumentar tarifas ni subsidios”, aseguraron algunos analistas.
“Los servicios públicos de electricidad y gas desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, por lo cual su accesibilidad resulta indispensable para los hogares. Las políticas tarifarias aplicadas desde 2016 hasta 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incrementos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica”, indicó el DNU.
“Sumado a ello, es de público conocimiento que el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania determinó una nueva y más significativa suba de los precios internacionales, especialmente del gas natural licuado (GNL) y del gasoil, commodities a los que la Argentina debe acceder anualmente en el invierno para complementar la producción nacional de gas natural y abastecer la demanda interna invernal tanto de gas por redes como de generación eléctrica por centrales térmicas”, agregó.
En este escenario, recientemente la compañía italiana ENEL (dueña de la distribuidora eléctrica EDESUR, que opera en el sur del AMBA con más de 2,5 millones de clientes) anunció su salida de Argentina y decidió vender todos sus activos en el país.
La salida de Argentina incluye también la venta de las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, y líneas de transmisión y de transporte eléctrico. Fuentes del sector energético aseguran que algunos de estos activos son más valiosos que la propia EDESUR, una empresa con deudas e ingresos en caída por los congelamientos de tarifas.
De hecho, las últimas subas de tarifas en el AMBA fueron más por quita de subsidios que por aumentos en el “Valor Agregado de Distribución” (VAD), el margen que se le reconoce a las distribuidoras en el precio que pagan los consumidores finales.
