Comienza el juicio por la expropiación de la petrolera estatal que encabeza la jueza Loretta Preska y durará tres días. Según expertos en la causa, es la mayor sentencia económica contra un país en la historia de las cortes de EEUU. YPF quedó afuera de la acusación en marzo.
Energía26 de julio de 2023
La causa duró unos ocho años y se definirá en tres días. Esta semana se sabrá cuánto tendrá que pagar el Estado argentino por la expropiación de YPF dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato, en 2012.
La jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, definirá de cuánto es el resarcimiento que deberá pagar el Estado Argentina. El que cobrará es el bufete Burford, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en comprar juicios: lo hizo hace varios años con la causa YPF, cuando se quedó con los derechos a litigar, recorrió los tribunales de Nueva York y ahora cobrará.
Hay que recordar que en marzo de este año Preska determinó que la petrolera estatal, que también estaba demandada, no era culpable. Sí lo era, dijo la magistrada que reemplazó al ya fallecido, polémico y muy conocido por estos lares, Thomas Griesa.
“Hoy empieza el juicio de 3 días que decidirá cuánto deberemos pagar todos los argentinos porque nuestro Congreso decidió expropiar YPF sin respetar su Estatuto. El rango ya fue establecido por ambas partes: USD 4.999 millones a USD 16.100 millones”, destacó en Twitter Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y el mayor experto local en la causa.
Según Maril, quien está en Nueva York para presenciar el juicio, se trata de “la mayor sentencia económica contra un país soberano en la historia de las cortes norteamericanas”.
Preska encabezará estos días un debate técnico para determinar el monto a pagar. “¿Por qué es tan importante el juicio? Porque de los USD 16.100 millones que Argentina podría pagar por la expropiación de YPF, USD 7.600 millones dependen de la tasa de interés aplicable que la Juez Preska decidirá: entre 0% y 8%”, explicó Maril.
Argentina acumula una serie de fallos en contra desde que comenzó la demanda: un total de 6 reveses entre 2016 y 2023. Incluso recurrió a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en 2019, que rechazó analizar el caso y apoyó lo realizado por Preska. El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández.
Por su accionar, a Burford Capital muchos compararon con un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que entonces argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario cuando fue la expropiación, la española Repsol. Ese fue el eje central de la causa. Ahora Burford espera cobrar unos USD 7.500 millones, según estimó en un comunicado en abril.
En su fallo de marzo, Preska dijo que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.
Después de estar muy castigada y alcanzar mínimos –menos de 3 dólares en 2022–, la acción de YPF –en medio de una suba generalizada de los activos locales en los últimos meses– tuvo un alza de 70 por ciento. Hoy cotiza por sobre los 15 dólares en Wall Street, donde está listada en el New York Stock Exchange desde hace 30 años. En 2005 llegó a valer casi 70 dólares.
En abril, YPF también consiguió otro fallo favorable en EEUU. Logró un acuerdo en el llamado caso Maxus, una petrolera americana que YPF compró en 1995 y que luego fue acusada de contaminación. La demanda tenía resarcimientos proyectados de unos USD 14.000 millones y la petrolera local, y también su ex socia Repsol, acordaron pagar USD 287,5 millones cada una, el 2% del potencial de la demanda, sin admitir responsabilidades y quedando eximidas de culpas.
Fuente: INFOBAE
Las petroleras firmaron el Technical FID de la iniciativa integrada que contempla la producción de 12 millones de toneladas de GNL por año, con una proyección de exportaciones que podría alcanzar los USD 14.000 millones al año. El Gobernador Figueroa participó de la firma y aseguró que “es el mayor proyecto en importancia de exportación de GNL de la historia de nuestro país”.
Las regalías de petróleo alcanzaron los 174.441 millones en septiembre, una variación real interanual del 24,3%, por encima de las gasíferas, que totalizaron 73.993 millones de pesos, con un alza del 11,9%. Hoy, representan el 50% de los ingresos totales de la Provincia. Ingresos Brutos concentra más del 90% de la recaudación propia.
El organismo negocia transferir a la Provincia sus acciones en ENSI y la cesión de la planta de agua pesada por 25 años a cambio del cobro de un canon por el usufructo de la misma. Los trabajos para volver a producir agua pesada demorarían unos 24 meses. La canadiense Candu Energy fue hasta ahora la empresa más activamente interesada en rubricar acuerdos por la PIAP con CNEA.
El gobernador presentó un proyecto de ley para ratificar el acuerdo marco entre la provincia y TMF Trust Company para la pavimentación de 51 kilómetros de las rutas provinciales 8 y 17 y la construcción de un by-pass. La obra se construirá bajo la modalidad de donación a favor de la provincia, que implementará un régimen de peaje.
La CEIPA aseguró que hay situación de merma de un 50% en facturación y 50% de capacidad ociosa en las 180 empresas asociadas. “Estos datos demuestran el escenario que estamos parados y genera más incertidumbre y riesgo. Hoy la situación es compleja y desbordada”. Apuntaron a una “alarmante” falta de repuestas por parte del Estado y las operadoras petroleras.
Sería el paso previo a la decisión final de inversión. El proyecto forma parte del plan Argentina LNG, una iniciativa que prevé la construcción de tres unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad de 6 millones de toneladas anuales (MTPA) cada una, equivalentes a 27 millones de metros cúbicos diarios (m³/d) de gas, es decir, el 18% de la producción actual del país.
