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El 90% del presupuesto judicial 2024 se destina a salarios

Economía 25/10/2023
El presupuesto del Poder Judicial 2024 será de 102 mil millones de pesos. El 90% del cálculo se destinará a salario de agentes y magistrados judiciales, con casi 92 mil millones de pesos.
PODER JUDICIAL NQN
El 90% del Presupuesto Judicial se destinará a salarios de agentes y magistrados.

La presidente del Tribunal superior de Justicia, Soledad Gennari, presentó el presupuesto 2024 del Poder Judicial, por un total de 102.500.000.000 pesos. El 90% del cálculo se destinará a salario de agentes y magistrados judiciales, con casi 92 mil millones de pesos. “Expone una relación de equilibrio” entre ingresos y egresos, sostiene la fundamentación que indica, además, que se incluyó una “cuantificación mínima e indispensable” de los cargos planta, no previéndose partidas para recomposición salarial ni la creación de cargos nuevos.

Los recursos devendrán, en su mayoría, del régimen de coparticipación federal de impuestos que aportará poco más de 62 mil millones de pesos, mientras que por recursos propios se prevén 1.6 mil millones y por las contribuciones figurativas del servicio del Tesoro Provincial se prevén 38 mil millones.

La propuesta fija en 2.518 los cargos de la planta de personal del Poder Judicial, de los cuales 2.461 corresponden a planta permanente y 57 a la planta temporaria.

En cuanto a los gastos, además del inciso “personal”, se prevén un mil millones para “Bienes de Consumo” y ocho mil millones para “Servicios No personales”, montos a los que se arribó considerando los efectos del comportamiento de las variables macroeconómicas, destacándose el significativo incremento en el costo de los servicios públicos, de los servicios de limpieza, de vigilancia, de la locación de inmuebles y la incidencia sobre el costo de los servicios e insumos sujetos a la variación del tipo de cambio, tales como licencias, conectividad e insumos informáticos y forenses.

En relación a la inversión real, del orden de los 1.600 millones de pesos, unos 888 millones se destinarán a dar continuidad a las ampliaciones y mejoras en los edificios de Neuquén, Plottier, Zapala, Chos Malal y Juzgados de Paz del interior. Además, se prevé avanzar con los proyectos ejecutivos para los futuros edificios judiciales de la zona oeste de Neuquén, Mielo, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar y Zapala.

En los fundamentos, Gennari argumenta que las estimaciones proyectadas buscan “dar continuidad a las gestiones en torno a los ejes preeminentes” abordados este año, vinculadas principalmente al Fuero de Familia, la Oficina de Violencia, la Justicia de Paz, el plan de modernización y el acceso a la justicia.

Menciona por caso la necesidad de mantener y profundizar, en política de persecución penal, la reorganización del Ministerio Público Fiscal en la Primera Circunscripción - la más poblada y con mayor grado de conflictividad-.

En tanto, en materia de Defensa Pública se avanzará con la consolidación del Cuerpo de Asesores de Mediación, a fin de ampliar los canales de acceso a la justicia, considerando el papel preponderante que han tomado los métodos alternativos para la solución de conflictos. También destaca que se prevé completar la estructura en Rincón de Los Sauces y en la IV Circunscripción respecto al Servicio de Orientación Jurídica, así como también reforzar las estructuras de la Defensorías Civiles de Rincón de los Sauces, Junín de los Andes y, en el área penal, ampliar la asistencia especializada necesaria en la Defensoría Penal del Niño/a y Adolescente en el interior.

En cuanto al uso de los recursos, aclara que cualquier “desvío financiero”, en función del contexto de inestabilidad e incertidumbre económica, demandará requerir al Tesoro Provincial “la asistencia financiera necesaria y suficiente, de modo de permitir el pleno y normal funcionamiento del servicio de justicia”.

Finalmente, destaca la continuidad del plan de modernización de los sistemas informáticos de gestión judicial, mientras que, en cuanto a la política de género, indica que se avanzó en la identificación de los programas que contribuyen a potenciar autonomías y reducir brechas de género, conforme la metodología y herramientas del presupuesto con perspectiva de género y diversidad (PPGyD) previstas por el Poder Ejecutivo.

 

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