Provincias exigieron cambios sobre hidrocarburos en la Ley Ómnibus

El gobernador Rolando Figueroa participó este miércoles de la reunión de la junta de gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) en la sede del Concejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires. Allí, los representantes de las provincias productoras recordaron que los recursos naturales (petróleo y gas) son propiedad de las provincias y se expresaron abiertos al diálogo con el Gobierno Nacional para modificar el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso.

Los detalles del encuentro se plasmaron en un documento de la Organización, donde tras analizar los alcances del proyecto de Ley Ómnibus del Gobierno Nacional; ratificaron la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos en sus territorios y las facultades de administración sobre los mismos.

En el mismo, solicitan al Gobierno Nacional que propicie un ámbito deliberativo, real y oportuno, para analizar en profundidad las adecuaciones propuestas que modifican de manera sustancial el régimen actual, “entendiendo que es la OFEPHI el espacio natural” donde deben tratarse las cuestiones sobre política hidrocarburífera entre Nación y las provincias.

En este sentido, rechazaron del proyecto de ley Ómnibus los artículos que impliquen una limitación a las facultades de administración de las provincias, como el dominio originario de los recursos. “Incluso aquellos que puedan genera dudas en su redacción respecto a dichas facultades”, agregaron.

Finalmente, los gobernadores manifestaron su disposición a participar en los ámbitos legislativos pertinentes para realizar los aportes necesarios a la redacción de un nuevo proyecto de ley.

Las 10 provincias estuvieron representadas en el encuentro. Participaron de la reunión los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Carlos Sadir (Jujuy). Mientras que Alfredo Cornejo (Mendoza) lo hizo por videoconferencia.

En el documento no plantaron posición sobre la privatización de YPF, una de las medidas más polémicas que propuso Milei durante la campaña y que no está descartada de la agenda del oficialismo a pesar de que el Presidente dijo que “por ahora” no está en sus planes. Sin embargo, en declaraciones off the record a la salida del cónclave, algunos participantes dejaron saber que la postura en común es contraria a la venta de la petrolera nacional.

Los principales reclamos

“Ratificamos la defensa del dominio originario de las Provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, arranca el comunicado que firmaron los mandatarios para “lograr un marco jurídico para la actividad que dote de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo”.

En el documento mencionaron varios puntos técnicos pero vitales para los gobernadores, relacionadas con el sostenimiento de las prerrogativas decisorias de cada distrito y con las regalías que ingresan a cada distrito. Pidieron que el pliego modelo del proceso de licitaciones sea “flexible” y “contemple criterios que permitan adaptarse a cada realidad”, así como flexibilizar los plazos de concesión. 

Además, rechazaron de manera “total” la derogación del artículo 32 de la ley 17.319 que les otorga a las Autoridades de Aplicación de las Provincias el control, la evaluación y la aprobación de las inversiones. Y solicitaron que no se elimine la potestad de las provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de las concesiones vigentes.

Por otra parte, pidieron que se contemplen mecanismos que aseguren el libre acceso a las instalaciones de procesamiento y transporte para defender el libre acceso a mercados por parte de los productores -más chicos- no integrados a las distintas cuencas. Y demandaron mantener en manos de los concesionarios la determinación y el pago de las regalías; y revisar los artículos que establecen los valores de los cánones de exploración, explotación y las multas, para modificarlos por esquemas y parámetros que se actualicen de manera automática.

Desaprobaron el artículo que faculta al Ejecutivo para elaborar la legislación ambiental para el sector. “Si bien podemos compartir el objetivo último, entendemos que una legislación de este tipo debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno sobre el resto”, lanzaron. 

Y, en el mismo sentido, cuestionaron la redacción del punto que le brinda al gobierno nacional la facultad de incrementar, con el argumento de “garantizar la sostenibilidad fiscal”, las alícuotas de los derechos de exportación de las mercaderías con un tope del 15 por ciento. En cambio, pidieron que la alícuota máxima a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8 por ciento actualmente vigente.

Por último, sugirieron revisar el artículo que modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), porque, según detectaron en su redacción, descarta los proyectos de explotación hidrocarburífera, y cerraron con una demanda clave para sus economías: que las empresas cedan las áreas maduras de explotación convencional que no están siendo explotadas por “falta de interés estratégico” a las provincias, que se beneficiarían de trabajarlas.

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