El plazo vencía este lunes 22 de enero, pero en ente recaudador resolvió extenderlo hasta el próximo 5 de febrero. Cómo son las nuevas categorías.
Economía 23 de enero de 2024
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el próximo 5 de febrero, inclusive, el plazo para la recategorización del Monotributo correspondiente al semestre julio/diciembre de 2024 (establecido en el artículo 20° de la Resolución General 4.309).
Así quedó plasmado en la Resolución General 5480/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí el organismo de control tributario informó que las obligaciones de pago resultantes de la citada recategorización tendrán efectos para el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2024.
Hasta el 5 de febrero los contribuyentes del Régimen Simplificado deberán evaluar los parámetros que determinan su categoría como monotributistas e informar los cambios que se produzcan, en caso de que les corresponda una categoría distinta de la actual o, también, si quedan encuadrados en el régimen general.
Aquellos monotributistas que deban permanecer en la misma categoría o bien tengan menos de seis meses de actividad, quedan excluidos de la obligación de recategorizarse y no deberán realizar ninguna acción.
Esta medida responde a las peticiones efectuadas por las entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas.
Cabe recordar que los parámetros de cada categoría fueron actualizados en alrededor de un 40% a partir del 1° de enero de 2024 y quedaron establecidos en los siguientes valores:
Categoría A: hasta $2.108.288 de facturación;
Categoría B: hasta $3.133.941;
Categoría C: hasta $4.387.518;
Categoría D: hasta $5.449.094;
Categoría E: hasta $6.416.528;
Categoría F: hasta $8.020.660;
Categoría G: hasta $9.624.793;
Categoría H (escalón más alto para la prestación de servicios): hasta $11.916.410.
En las tres categorías en las que solo se admite a quienes se dedican a la venta de cosas muebles, que son la I, la J y la K, los topes de ingresos son de $13.337.213; $15.285.088 y $16.957.968 respectivamente.
Además de esos topes, también subieron (en este caso, un 110,9%, ya que no habían sido actualizados en julio), los importes de los alquileres devengados anualmente, correspondientes a inmuebles afectados a la actividad. En los escalones más altos la cifra alcanza $1.941.795.
También, el precio unitario máximo que puede tener un producto comercializado por un monotributista se incrementó de $85.627 a $180.589 a partir de enero.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
