El Gobierno realizará aumentos superiores al 200% en la luz y 150% en el gas
El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a aplicar aumentos superiores al 200% en las boletas de luz y al 150% en el caso del gas a partir de febrero, a los que se sumarán actualizaciones mensuales. Ese camino es clave en el objetivo de equilibrio fiscal que planteó el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que el objetivo es reducir los subsidios a la energía en 0,5 puntos del PBI durante el 2024. También ratificaron la puesta en marcha de un nuevo esquema de asistencia basado en una canasta básica energética.
Por otro lado, el Palacio de Hacienda espera sumar recaudación a través de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos para compensar el retiro del capítulo fiscal de la ley ómnibus. Más precisamente ese ítem reemplazaría el incremento en las retenciones que contemplaba el proyecto que se debate por estas horas en el Congreso, al tiempo que implicará un ingreso adicional para las provincias.
La información surge del staff report aprobado por el Directorio del organismo correspondiente a la séptima revisión del programa argentino, por el cual se aprobó el desembolso de USD 4.700 millones. Allí mencionaron que, inicialmente, la consolidación del gasto se sustentará en un ajuste del gasto en torno a 3% del PBI. Dentro de las medidas propuestas incluyeron: “Reducciones en los subsidios energéticos ineficientes, con aumentos iniciales en las tarifas de electricidad (superiores al 200%) y gas (superiores al 150%) a partir de febrero, luego de audiencias públicas en las que se espera que las autoridades describan sus planes para recuperar el costo de producción”.
En cuanto a las tarifas de energía, en las últimas horas se conoció que la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo estudia la posibilidad de postergar las subas del gas, para evitar un impacto mayor en la inflación, y avanzar con la electricidad. Es que el consumo de luz crece exponencialmente durante el verano y, en consecuencia, el gasto en subsidios es mayor. De hecho, la demanda eléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Argentino (SADI) superó este jueves los 29.500 MW y alcanzó un nuevo récord que generó cortes a lo largo del país.
De todos modos, el Ministerio de Economía fijó un rumbo claro en materia fiscal que involucra directamente a las tarifas. Es por eso que se busca una reducción del 0,5% del PBI en las subvenciones en las facturas de energía. El primer paso en ese sentido fueron las audiencias públicas que se celebraron durante las últimas semanas.
Esa famosa cesta representaría el 10% de los ingresos de cada grupo conviviente, compuesta en partes iguales por luz y gas. Por tanto, si una familia gasta más de ese porcentaje de sus recursos en pagar las facturas el Estado subsidiaría el excedente. Tal como se aclaró, se tendrán en cuenta los tipos de consumo de cada zona geográfica de la Argentina. El informe del Fondo dice que ese proceso se demorará al menos hasta mayo próximo.
Impuesto a los combustibles por retenciones. En otro apartado, el staff report desliza que el aumento en los tributos a los combustibles líquidos reemplazará el ingreso que esperaba Caputo por la suba de retenciones incluida en el texto original de la ley ómnibus, equivalente a 0,5 puntos del PBI. “En cuanto a las medidas fiscales, las autoridades planean ahora normalizar los impuestos especiales sobre los combustibles a partir de febrero, lo que permitirá eliminar los derechos de exportación antes de lo previsto, fortaleciendo así la calidad del ajuste fiscal”, afirmaron.
En efecto, el Gobierno confirmó un aumento de 630% en esos impuestos que redundó en una suba del 6,5% promedio en la nafta súper que vende YPF en la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, aún resta la actualización de los cuatro trimestre de 2023 que serán aplicadas de forma gradual en marzo, abril y mayo próximos. “Si el Gobierno actualiza el impuesto a los combustibles (todo junto), el precio de la nafta podría subir un 25%. El valor real del tributo cayó un 85% entre diciembre 2018 y diciembre 2023. La recaudación mensual cayó un 77%. Nación podría juntar recursos extras por 0,37% del PIB y Provincias por 0,15%”, detalló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Por último, informe del organismo hizo mención a los objetivos que persigue la Secretaría de Energía con la desregulación que lleva adelante. “En lo que respecta al sector energético, la alineación de los precios minoristas de los combustibles con los precios internacionales, la propuesta de eliminar el precio máximo interno del petróleo, junto con la fijación de precios de los servicios públicos de electricidad y gas natural basados en el mercado, respaldarán la inversión en las reservas de gas y petróleo no convencional, impulsando posteriormente exportaciones. También se ha presentado legislación al Congreso para fortalecer las regulaciones y mejorar los incentivos para la inversión a largo plazo en energía y minería, incluidos los metales verdes”, sostuvo.
El Gobierno eliminará el cepo este año. El Fondo Monetario Internacional aseguró que acordó con el Gobierno una hoja de ruta para eliminar este año el cepo cambiario y otras medidas como el tipo de cambio más alto para las exportaciones y, a fin de año, el impuesto PAIS sobre las importaciones. En su último staff report publicado este jueves, el organismo consideró que el plan económico de Javier Milei está expuesto a riesgos por “un contexto político y social complejo, con un Congreso fragmentado, caída de los salarios reales y alta pobreza”, mencionó.
El reporte técnico, hizo una radiografía del plan económico del gobierno libertario. Lo resumió al plantear que el ancla fiscal es fuerte aunque tiene una pata que depende del Congreso, que la devaluación ayudó a recomponer reservas pero que la alta inflación podría propiciar un atraso cambiario que requiera otro ajuste en el dólar oficial; y que las tasas de interés en pesos deberán migrar hacia el terreno positivo en un mediano plazo.
“Existen riesgos de que el paquete de políticas no cumpla inicialmente sus objetivos, lo que requerirá una formulación de políticas ágil, planes de contingencia y la necesidad de ampliar aún más la asistencia social. Dicho esto, incluso si las autoridades no pudieran cumplir plenamente sus ambiciosas metas políticas, de todos modos se habrían tomado medidas importantes para corregir los graves desequilibrios de Argentina. En este contexto, los riesgos empresariales siguen siendo importantes, aunque el potencial de grandes atrasos a corto plazo ha disminuido significativamente”, mencionó el Fondo Monetario en su informe de staff aprobado por el directorio.
En ese sentido, tras hacer una descripción sobre el plan económico de Milei y del ministro Luis Caputo, el FMI aseguró que acordó con el Gobierno un calendario para liberar controles cambiarios. El Poder Ejecutivo pactó con el Fondo tener hacia mitad de año una hoja de ruta concreta, pero prometió que espera levantar todas las restricciones en algún momento de este año. En esa lista se encuentra el cepo cambiario pero también otras como el esquema de exportaciones 80% al MULC y 20% al CCL que da un tipo de cambio más alto y el impuesto PAIS a las importaciones.
Por otra parte, el FMI dijo que el Gobierno se comprometió a mantener la competitividad cambiaria, que se verá afectada por el avance de la inflación ante un tipo de cambio que se actualiza a 2% mensual. “Tras la gran devaluación inicial a mediados de diciembre, las autoridades se han comprometido a mantener una política cambiaria coherente con los objetivos de acumulación de reservas y un régimen basado en el mercado que evite el enfoque anterior de gestionar los mercados de divisas paralelos y de futuros”, mencionó el staff report.
Sobre la actividad económica este año, el staff report consideró que “las políticas fiscales estrictas y la corrección cambiaria inicial” van a tener un impacto en la economía que conducirá a la recesión de 2,8% esperada para este año, junto con una aceleración de la inflación “en el corto plazo a medida que se eliminen los desajustes de precios relativos y otros controles de precios, aunque se espera que la desinflación se active poco después”, apuntó el Fondo.
“La cuenta corriente entrará en superávit (4 puntos porcentuales del PIB este año), respaldada por un repunte de las exportaciones agrícolas y nuevas mejoras en el balance energético, junto con una fuerte compresión de las importaciones. La economía comenzaría a recuperarse a finales de 2024, a medida que los obstáculos iniciales se disipen y se eliminen las distorsiones, aunque las políticas deberán seguir siendo estrictas para preservar los superávits de cuenta corriente y respaldar una mayor acumulación de reservas”, estimó el organismo.
Respecto a las medidas de ajuste fiscal, el FMI acompañó el anuncio de eliminación completa del déficit este año, que proyectó que estará sostenido en “una combinación de impuestos temporales (relacionados con el comercio) y esfuerzos para reducir los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales, y el gasto en infraestructura”.
Un punto débil de algunas de ellas, reconoció el organismo, es que dependerán del visto bueno del Congreso, y que si hubiese un revés en el parlamento, debería tomar otras medidas como podas mayores en el gasto e incluso acelerar la devaluación para asegurarse el acopio de reservas en el Banco Central.
“Si el apoyo del Congreso a una legislación clave de reforma fiscal fuera insuficiente, sería necesario acelerar medidas políticas alternativas abiertas al Ejecutivo para asegurar los objetivos primarios de superávit fiscal, incluso redoblando los esfuerzos para controlar el efectivo y administrar los gastos, mejorar el cumplimiento tributario y racionalizar los gastos tributarios, mientras que la política cambiaria necesitaría ajustarse más ágilmente para lograr los objetivos de acumulación de reservas”, dijo el FMI.
De todas formas, una de las discusiones centrales que tuvo lugar durante la última revisión técnica fue la de reforzar las partidas de ayuda social para paliar el efecto de la crisis. “Las autoridades han reforzado significativamente la asistencia social a través de los programas de subsidios por hijos y cupones de alimentos, al tiempo que se alejan de los programas sociales distribuidos a través de intermediarios y preservan el valor real de las pensiones a través de bonificaciones discrecionales. Puede ser necesaria una mayor ampliación de la asistencia a medida que evolucionen las condiciones”, alertó el FMI.
