No hubo acuerdo entre gremios y empresas, y el nuevo monto será determinado por la Secretaría de Trabajo. La modificación impactará también en el valor de programas sociales como el Potenciar Trabajo y las becas Progresar. La CGT, que reclamaba un incremento desde $156.000 hasta $288.600, denunció que el Gobierno “hizo fracasar” la reunión.
Economía 16 de febrero de 2024
Gremios y empresas no consensuaron un aumento en el salario mínimo, vital y móvil que establezca un nuevo piso de remuneraciones laborales por lo que la Secretaría de Trabajo lo determinará por decreto ante la falta de acuerdo. El nuevo monto tendrá además un impacto fiscal, ya que modifica el valor de algunos programas sociales clave como el Potenciar Trabajo o las Becas Progresar.
De la reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que se realizó de manera virtual, participaron autoridades de la cartera laboral que dirige Omar Yasín, representantes de cámaras como la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y dirigentes gremiales que pertenecen a la CGT, y las dos CTA. Fuentes oficiales confirmaron que no hubo acuerdo y que la Secretaría de Trabajo laudaría a través de una resolución una cifra nueva a partir de febrero. La CGT, por caso, reclamaba un incremento desde $156.000 hasta $288.600.
“Rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”, dijo la CGT en un comunicado.
“El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon ninguna propuesta. Los mismos empresarios que en la OIT defienden el diálogo social y los consensos colectivos como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social del país, hoy borraron con los hechos lo que pregonan con palabras en los foros internacionales”, cuestionaron desde la central obrera. “La irresponsabilidad social puesta de manifiesto hoy por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos”, concluyeron.
En términos prácticos la actualización del piso remunerativo tiene mayor influencia en el gasto del propio Estado que en el mercado laboral privado, pues hay varias prestaciones sociales que otorga el Poder Ejecutivo atadas al valor del salario mínimo, mientras que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya tienen salarios que superan el SMVM.
El SMVM se toma como referencia para cinco programas sociales. Uno de ellos es “Potenciar Trabajo”, que equivale al 50% de un salario mínimo. También se verá afectada la Prestación por desempleo, cuyo valor será a partir de octubre equivalente al 75% de un SMVM. Influye también en el Programa Acompañar (beneficios para mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género). Las beneficiarias de ese plan perciben el total de una remuneración mínima.
Por otro lado, el salario mínimo sirve como tope para otros programas administrados por ANSES. Es el caso de las Becas Progresar. La reglamentación establece que para acceder al subsidio, el grupo familiar del solicitante no debe superar los tres pisos remunerativos.
Un cambio en el salario mínimo también impacta en parte del sistema previsional. Es el caso de las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes: sus haberes deberán ser como mínimo equivalentes al 82% del salario mínimo, vital y móvil.
El gasto social forma parte de las erogaciones que el ministro de Economía Luis Caputo busca recortar en el marco de su plan de ajuste fiscal para llegar este año al déficit cero. La parte que corresponde a programas sociales -principalmente el Potenciar Trabajo- implicaría según la hoja de ruta del Palacio de Hacienda, un 0,4% del PBI, que equivalen a $750.000 millones.
Vecinos invitaron en redes sociales a sumarse contra el aumento de los impuestos municipales este lunes 19 a las 19 horas frente al municipio. Informaron que hubo aumentos desmedidos que en algunos casos llegan al 600%. Pedirán al Intendente Gaido la derogación de la Tarifaria 2026 “por ilegal” y que se vuelva a la anterior base imponible por valuación fiscal y no por zonificación.
Mientras avanza la transformación vial en la ex ruta 22, los locales no pagarán licencias y habrá estacionamiento facilitado para clientes. “Es un esfuerzo municipal para contribuir con los comerciantes”, dijo el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky. La obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses.
El gobernador Figueroa reiteró la necesidad de que la Nación distribuya lo recaudado en los impuestos a los combustibles líquidos para la ejecución de más infraestructura. Adelantó que el 21 de enero se reunirá con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, a quién reclamará una deuda de más de U$S200 millones que mantiene ANSES con el ISSN.
La obra tiene por objetivos eliminar una barrera urbanística que divide en dos a la ciudad, mejorar el tránsito, y solucionar problemas de inundaciones por lluvias. Contempla mejoras pluviales, ampliación de carriles, espacios verdes, bicisendas y nueva iluminación. “Es la obra más importante en 121 años de historia de la ciudad”, dijo el Intendente Gaido.
El gobernador Figueroa remarcó que, con este nuevo pago, Neuquén habrá reducido su deuda un 38%. Es por intereses y capital de Letras del Tesoro en dólares emitidas durante la anterior gestión. Se trata del primer pago de deuda del año e inaugura un calendario exigido para la administración provincial. Neuquén deberá pagar en el transcurso del 2026 unos U$S304 millones.
Neuquén muestra un crecimiento del 2,2 por ciento, lo que representa 3.212 nuevos empleos privados. Los datos corresponden a octubre de este año comparado contra noviembre de 2023. En ese periodo, el país registró una pérdida de 176.908 puestos de trabajo. Salvo Neuquén, Rio Negro y Mendoza, el resto de las 21 jurisdicciones todavía están en rojo.
