Es para que el gobierno provincial pueda negociar nuevamente con las empresas y modificar contratos que requieran actualizaciones o por la paralización de las mismas. La falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional derivó en la paralización de unas 400 obras de infraestructura escolar, hospitales, dependencias policiales y rutas.
Economía 11 de abril de 2024
La Legislatura neuquina aprobó, en general, cuatro leyes enviadas por el gobernador Rolando Figueroa. Se trata del plan de reactivación de obra pública; la reincorporación voluntaria de policías retirados; el programa de entrenamiento, certificación y capacitación laboral, y la adhesión a la ley nacional 26906 que implementa un sistema de trazabilidad de los medicamentos. Lo hizo esta tarde en la tercera sesión ordinaria del cuerpo que fue presidida por la vicegobernadora Gloria Ruiz.
El tratamiento del proyecto de reactivación de obra pública se realizó sobre tablas, es decir, sin un despacho de comisión, situación que generó fuertes críticas por parte de la oposición. Durante el debate, se modificó el texto original y se incorporó un artículo que declara la emergencia en la obra pública provincial como consecuencia de la ruptura de la ecuación económica, cambio propuesto por el MPN y que abarca a todos los contratos en curso de ejecución.
Al explicar la iniciativa, el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) mencionó que se trata de una autorización para renegociar contratos por la falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional que derivaron en la paralización de 400 obras y ante la necesidad de la provincia de dar continuidad y resolver cuestiones de infraestructura de escuelas, hospitales, dependencias policiales y rutas. “Hay obras que no pueden esperar más”, dijo.
Sobre el articulado, Novoa sostuvo que se trata de una autorización para que el gobierno provincial pueda negociar nuevamente con las empresas contratistas y modificar contratos que requieran actualizaciones relacionadas al proceso inflacionario o por la paralización de las mismas. “Es darle seguridad jurídica a los actos de gobierno”, sintetizó el legislador al resaltar la importancia de la ley.
En ese sentido, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) señaló que el Poder Ejecutivo necesita contar con un instrumento legal para renegociar esos contratos. Aclaró que la redefinición de las obras es una potestad que le corresponde al Ejecutivo provincial y sostuvo que la urgencia en el tratamiento de la normativa se debe a que extender los plazos de su aprobación pueden derivar en un incremento de los costos que se debe negociar en cada caso.
La incorporación de la declaración de emergencia la planteó el diputado Claudio Domínguez (MPN) al observar que el texto original del proyecto carecía del motivo para justificar la reactivación de la obra pública. “Autorizamos al Ejecutivo a renegociar, pero sin la declaración de emergencia, le decimos que aplique la ley 687 tanto para alcanzar un acuerdo como para rescindir un contrato”, fundamentó el legislador al observar su declaración otorga seguridad jurídica a las partes.
También criticó la decisión del gobierno nacional de reiterar el financiamiento de las obras acordado con la anterior gestión, no obstante indicó que desde el mes de diciembre hay una gran cantidad de obreros esperando la reactivación de la actividad y posponer más tiempo su puesta en marcha puede significar un aumento en dólares en cada contrato.
Sobre este punto, Guillermo Monzani, de Hacemos Neuquén, recordó que también existe una inflación en dólares y la misma ronda el 20%. Respecto a la incorporación del concepto de emergencia en la ley, postuló que de esta forma se “blinda” a la provincia ante posibles instancias jurídicas que se puedan ocasionar en el futuro.
Desde Unión por la Patria, el diputado Darío Martínez calificó de “escandaloso” votar una ley sobre tablas sin tener información del tipo de obras, los montos y las prioridades. Objetó que en una declaración de emergencia se deben explicitar los motivos que la justifiquen e indicó que no efectuar algún reclamo ante el gobierno nacional para solicitar la continuidad del financiamiento de los contratos, puede derivar en una disputa judicial que a futuro puede comprometer a la provincia.
Su compañera Lorena Parrilli consideró que la Legislatura sigue “batiendo récords en relación a cheques en blanco” al advertir que nunca se votó una ley sobre tablas “cuando acaba de entrar” y pidió analizarlo “a la luz del endeudamiento feroz que quiere meter el gobernador de 500 millones de dólares”. En tanto, Darío Peralta hizo eje en las dudas que genera el apuro para tratar la ley y pidió transparencia. Recordó que su bloque presentó un proyecto para que la Fiscalía de Estado inicie acciones contra el Estado nacional exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones de financiamiento de obras. Al respecto, subrayó que el reclamo debe hacerse ante Nación y advirtió que “no está bien que se hagan cargo los neuquinos y neuquinas”.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
