Es para que el gobierno provincial pueda negociar nuevamente con las empresas y modificar contratos que requieran actualizaciones o por la paralización de las mismas. La falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional derivó en la paralización de unas 400 obras de infraestructura escolar, hospitales, dependencias policiales y rutas.
Economía 11 de abril de 2024
La Legislatura neuquina aprobó, en general, cuatro leyes enviadas por el gobernador Rolando Figueroa. Se trata del plan de reactivación de obra pública; la reincorporación voluntaria de policías retirados; el programa de entrenamiento, certificación y capacitación laboral, y la adhesión a la ley nacional 26906 que implementa un sistema de trazabilidad de los medicamentos. Lo hizo esta tarde en la tercera sesión ordinaria del cuerpo que fue presidida por la vicegobernadora Gloria Ruiz.
El tratamiento del proyecto de reactivación de obra pública se realizó sobre tablas, es decir, sin un despacho de comisión, situación que generó fuertes críticas por parte de la oposición. Durante el debate, se modificó el texto original y se incorporó un artículo que declara la emergencia en la obra pública provincial como consecuencia de la ruptura de la ecuación económica, cambio propuesto por el MPN y que abarca a todos los contratos en curso de ejecución.
Al explicar la iniciativa, el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) mencionó que se trata de una autorización para renegociar contratos por la falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional que derivaron en la paralización de 400 obras y ante la necesidad de la provincia de dar continuidad y resolver cuestiones de infraestructura de escuelas, hospitales, dependencias policiales y rutas. “Hay obras que no pueden esperar más”, dijo.
Sobre el articulado, Novoa sostuvo que se trata de una autorización para que el gobierno provincial pueda negociar nuevamente con las empresas contratistas y modificar contratos que requieran actualizaciones relacionadas al proceso inflacionario o por la paralización de las mismas. “Es darle seguridad jurídica a los actos de gobierno”, sintetizó el legislador al resaltar la importancia de la ley.
En ese sentido, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) señaló que el Poder Ejecutivo necesita contar con un instrumento legal para renegociar esos contratos. Aclaró que la redefinición de las obras es una potestad que le corresponde al Ejecutivo provincial y sostuvo que la urgencia en el tratamiento de la normativa se debe a que extender los plazos de su aprobación pueden derivar en un incremento de los costos que se debe negociar en cada caso.
La incorporación de la declaración de emergencia la planteó el diputado Claudio Domínguez (MPN) al observar que el texto original del proyecto carecía del motivo para justificar la reactivación de la obra pública. “Autorizamos al Ejecutivo a renegociar, pero sin la declaración de emergencia, le decimos que aplique la ley 687 tanto para alcanzar un acuerdo como para rescindir un contrato”, fundamentó el legislador al observar su declaración otorga seguridad jurídica a las partes.
También criticó la decisión del gobierno nacional de reiterar el financiamiento de las obras acordado con la anterior gestión, no obstante indicó que desde el mes de diciembre hay una gran cantidad de obreros esperando la reactivación de la actividad y posponer más tiempo su puesta en marcha puede significar un aumento en dólares en cada contrato.
Sobre este punto, Guillermo Monzani, de Hacemos Neuquén, recordó que también existe una inflación en dólares y la misma ronda el 20%. Respecto a la incorporación del concepto de emergencia en la ley, postuló que de esta forma se “blinda” a la provincia ante posibles instancias jurídicas que se puedan ocasionar en el futuro.
Desde Unión por la Patria, el diputado Darío Martínez calificó de “escandaloso” votar una ley sobre tablas sin tener información del tipo de obras, los montos y las prioridades. Objetó que en una declaración de emergencia se deben explicitar los motivos que la justifiquen e indicó que no efectuar algún reclamo ante el gobierno nacional para solicitar la continuidad del financiamiento de los contratos, puede derivar en una disputa judicial que a futuro puede comprometer a la provincia.
Su compañera Lorena Parrilli consideró que la Legislatura sigue “batiendo récords en relación a cheques en blanco” al advertir que nunca se votó una ley sobre tablas “cuando acaba de entrar” y pidió analizarlo “a la luz del endeudamiento feroz que quiere meter el gobernador de 500 millones de dólares”. En tanto, Darío Peralta hizo eje en las dudas que genera el apuro para tratar la ley y pidió transparencia. Recordó que su bloque presentó un proyecto para que la Fiscalía de Estado inicie acciones contra el Estado nacional exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones de financiamiento de obras. Al respecto, subrayó que el reclamo debe hacerse ante Nación y advirtió que “no está bien que se hagan cargo los neuquinos y neuquinas”.
El Ejecutivo se reunió con dirigentes de ATE, ATEN, UPCN y Viales, donde propuso la continuidad de la actualización salarial durante los próximos seis meses. Los aumentos se calcularán con una media ponderada de 50% del IPC Neuquén y 50% del índice de precios del INDEC nacional. Los períodos de actualización corresponderán a los meses de abril y julio del 2026.
La norma estipula que más del 95% de los contribuyentes que tributan Ingresos Brutos en la Provincia, accederá a alícuotas reducidas y beneficios fiscales del Régimen Simplificado en 2026. La nueva ley creará el Valor Fiscal de Referencia Impositiva (VFRI), una herramienta clave para evitar incrementos desproporcionados del Impuesto Inmobiliario.
El salario de la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial y del sector pasivo del ISSN estará depositado el viernes 28 en las cuentas del BPN. El último aumento para los estatales se concretó en octubre pasado y fue del 6,96 por ciento. Ese mismo dia tambien perciben sus sueldos los municipales neuquinos.
Tras los amparos colectivos, Vialidad Nacional comenzó con las reparaciones de la Ruta 151 en cercanías de Catriel, en uno de los sectores más deteriorados y peligrosos del corredor. Para el Gobierno rionegrino esto marca un punto de inflexión: es la primera vez en mucho tiempo que Nación actúa sobre la calzada, y lo hace después que la Justicia reconociera el abandono de la ruta.
Según un relevamiento de ACIPAN, el viernes 21 de noviembre más del 70 por ciento de los comercios abrirá en horario normal mientras el lunes 24 de noviembre, será al revés: la mayoría de los comercios (casi el 68%) no abrirá. Recordemos que el viernes es un día no laborable con fines turísticos mientras el lunes es feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional.
El Ministro de Economía explicó a los diputados el proyecto de Presupuesto 2026 donde destacó la “fuerte inversión en obras públicas”. Indicó que el proyecto tiene en consideración las pautas macroeconómicas planteadas por Nación: dólar de $1.423, inflación del 10%, y PIB del 5%. “Sobre estas pautas no nos podemos mover, y las tenemos que respetar”, comentó.
