Es para que el gobierno provincial pueda negociar nuevamente con las empresas y modificar contratos que requieran actualizaciones o por la paralización de las mismas. La falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional derivó en la paralización de unas 400 obras de infraestructura escolar, hospitales, dependencias policiales y rutas.
Economía 11 de abril de 2024
La Legislatura neuquina aprobó, en general, cuatro leyes enviadas por el gobernador Rolando Figueroa. Se trata del plan de reactivación de obra pública; la reincorporación voluntaria de policías retirados; el programa de entrenamiento, certificación y capacitación laboral, y la adhesión a la ley nacional 26906 que implementa un sistema de trazabilidad de los medicamentos. Lo hizo esta tarde en la tercera sesión ordinaria del cuerpo que fue presidida por la vicegobernadora Gloria Ruiz.
El tratamiento del proyecto de reactivación de obra pública se realizó sobre tablas, es decir, sin un despacho de comisión, situación que generó fuertes críticas por parte de la oposición. Durante el debate, se modificó el texto original y se incorporó un artículo que declara la emergencia en la obra pública provincial como consecuencia de la ruptura de la ecuación económica, cambio propuesto por el MPN y que abarca a todos los contratos en curso de ejecución.
Al explicar la iniciativa, el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) mencionó que se trata de una autorización para renegociar contratos por la falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional que derivaron en la paralización de 400 obras y ante la necesidad de la provincia de dar continuidad y resolver cuestiones de infraestructura de escuelas, hospitales, dependencias policiales y rutas. “Hay obras que no pueden esperar más”, dijo.
Sobre el articulado, Novoa sostuvo que se trata de una autorización para que el gobierno provincial pueda negociar nuevamente con las empresas contratistas y modificar contratos que requieran actualizaciones relacionadas al proceso inflacionario o por la paralización de las mismas. “Es darle seguridad jurídica a los actos de gobierno”, sintetizó el legislador al resaltar la importancia de la ley.
En ese sentido, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) señaló que el Poder Ejecutivo necesita contar con un instrumento legal para renegociar esos contratos. Aclaró que la redefinición de las obras es una potestad que le corresponde al Ejecutivo provincial y sostuvo que la urgencia en el tratamiento de la normativa se debe a que extender los plazos de su aprobación pueden derivar en un incremento de los costos que se debe negociar en cada caso.
La incorporación de la declaración de emergencia la planteó el diputado Claudio Domínguez (MPN) al observar que el texto original del proyecto carecía del motivo para justificar la reactivación de la obra pública. “Autorizamos al Ejecutivo a renegociar, pero sin la declaración de emergencia, le decimos que aplique la ley 687 tanto para alcanzar un acuerdo como para rescindir un contrato”, fundamentó el legislador al observar su declaración otorga seguridad jurídica a las partes.
También criticó la decisión del gobierno nacional de reiterar el financiamiento de las obras acordado con la anterior gestión, no obstante indicó que desde el mes de diciembre hay una gran cantidad de obreros esperando la reactivación de la actividad y posponer más tiempo su puesta en marcha puede significar un aumento en dólares en cada contrato.
Sobre este punto, Guillermo Monzani, de Hacemos Neuquén, recordó que también existe una inflación en dólares y la misma ronda el 20%. Respecto a la incorporación del concepto de emergencia en la ley, postuló que de esta forma se “blinda” a la provincia ante posibles instancias jurídicas que se puedan ocasionar en el futuro.
Desde Unión por la Patria, el diputado Darío Martínez calificó de “escandaloso” votar una ley sobre tablas sin tener información del tipo de obras, los montos y las prioridades. Objetó que en una declaración de emergencia se deben explicitar los motivos que la justifiquen e indicó que no efectuar algún reclamo ante el gobierno nacional para solicitar la continuidad del financiamiento de los contratos, puede derivar en una disputa judicial que a futuro puede comprometer a la provincia.
Su compañera Lorena Parrilli consideró que la Legislatura sigue “batiendo récords en relación a cheques en blanco” al advertir que nunca se votó una ley sobre tablas “cuando acaba de entrar” y pidió analizarlo “a la luz del endeudamiento feroz que quiere meter el gobernador de 500 millones de dólares”. En tanto, Darío Peralta hizo eje en las dudas que genera el apuro para tratar la ley y pidió transparencia. Recordó que su bloque presentó un proyecto para que la Fiscalía de Estado inicie acciones contra el Estado nacional exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones de financiamiento de obras. Al respecto, subrayó que el reclamo debe hacerse ante Nación y advirtió que “no está bien que se hagan cargo los neuquinos y neuquinas”.
La aplicación móvil formalizó su registro en la Municipalidad de Neuquén y cumplió todos los requisitos que estipula la ordenanza. La empresa convocará a titulares de vehículos y a choferes a incorporarse para poder prestar el servicio en la ciudad. El municipio ya secuestró más de 30 coches que operaban sin autorización para ejercer la actividad de plataformas de transporte de pasajeros.
El incremento será del 6,96 por ciento y surge de la última actualización de los salarios por IPC del año. El último aumento había impactado con los salarios en julio. El índice de IPC de Neuquén correspondiente a septiembre arrojó 2,8%, mientras que a nivel nacional la inflación fue del 2,1 por ciento.
Neuquén mantuvo en el noveno mes del año la misma inflación que en agosto, y acumula un alza del 41% interanual. Los servicios y combustibles lideraron las subas, mientras que los alimentos mostraron aumentos más moderados. A nivel país, el IPC fue 2,1%. Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,8% y acumuló 22% en lo que va del 2025.
El gobernador recordó que en dos años de gestión “se disminuyó 31% la deuda” y anticipó que “la proyección es eliminarla totalmente hacia 2030, quedando solamente lo que está comprometido con organismos internacionales”. Recordó que hasta 2023 se pagaban aguinaldos a los empleados del Estado “pidiéndole anticipos a las petroleras, ahora lo hacemos con fondos propios”.
La entidad solicitó modernizar el Código de Faltas y fortalecer los mecanismos de control sobre la venta callejera y el comercio irregular. La propuesta plantea que toda actividad comercial que se desarrolle en domicilios particulares, eventos privados o depósitos alquilados y sea promocionada por medios digitales o cartelería, debe contar con licencia comercial habilitante.
El Juzgado Federal de General Roca hizo lugar al amparo colectivo presentado por el gobernador Weretilneck, y ordenó a Vialidad que ejecute de manera urgente las obras de reparación y mantenimiento en la Ruta Nacional 151. La sentencia, obliga al organismo a presentar un plan de acción en 10 días y a iniciar los trabajos de remediación en un plazo máximo de 90.
