El BCRA apelará la medida. Es la provincia que más pagos de deuda en dólares tiene previsto para este año. El Banco Central emitió una regulación que la obliga a refinanciar o fondear con divisas propias el 60% de sus obligaciones.
Economía 07 de junio de 2023
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció en su cuenta de Twitter que la Justicia Federal se expidió a favor de esa ante la decisión del Banco Central (BCRA) de restringir el acceso al mercado de dólares oficial para las jurisdicciones que tengan que hacer pagos de deuda. Según pudo trascendió, la autoridad monetaria apelará la medida.
La medida, que se publicó la semana pasada, tiene como objetivo forzar a las provincias a usar las divisas que tienen en sus cuentas bancarias para hacer frente a sus compromisos en lugar de comprar dólares con ese fin en el mercado oficial.
“La disposición imprevista del BCRA fue una medida ilegal, antifederal y discriminatoria contra las provincias. Más aún, cuando aquellos compromisos asumidos en moneda extranjera han sido autorizados oportunamente por el propio Estado nacional”, dijo Schiaretti.
Y agregó: “Este tipo de resoluciones generan un notable perjuicio a la seguridad jurídica, nos quita previsibilidad y nos aleja cada vez más de ser un país normal que avanza con certezas”.
Córdoba es la provincia con más pagos de deuda en dólares este año (US$240 millones) y por eso presentó un pedido de medida cautelar en la justicia luego de la resolución del BCRA que obligó a las provincias a refinanciar o cubrir con fondos propios el 60% de sus pagos de deuda.
El Ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, había anticipado la intención de pedir una medida cautelar a los fines de que el BCRA rectificara su decisión y facilitara a la provincia el cumplimiento de sus compromisos. Ahora, la justicia le otorgó la cautelar.
Córdoba es la jurisdicción con mayor cantidad de vencimientos hasta fin de año, ya que suman US$240 millones. Los depósitos en dólares de la provincia suman US$166 millones y, si bien no alcanzan a cubrir el total de las obligaciones para este año, sí permitirían pagar los US$145 millones que vencen el próximo 10 de junio (y que se pagarán el lunes 12).
Qué dice el fallo y cuál es la respuesta del BCRA. El juzgado se declaró incompetente y afirmó que este reclamo debe ser evaluado por la Corte Suprema. No obstante, consideró que, dado que Córdoba tiene que pagar un vencimiento el próximo 10 de junio, corresponde otorgarle la medida cautelar solamente a los efectos del monto que debe abonar en esa fecha.
“Se ordena la suspensión de los efectos de la Comunicación “A” 7782 del BCRA y de sus actos de aplicación, por lo que se le deberá permitir a la actora acceder de manera inmediata al mercado de cambios para la compra de los dólares necesarios, solo para cancelar el vencimiento de deuda del 10.06 del corriente año”, expresa la Resolución del Juzgado Federal 2 de Córdoba.
“La medida aquí dispuesta, se encuentra justificada en razón de los derechos en juego, ya que de no mediar inmediatez en esta decisión podría provocar efectos jurídicos y patrimoniales inmediatos una vez consumado el incumplimiento, afectando la incorporación de su fuente genuina de ingresos destinados a cumplir y llevar a cabo el cometido estatal”, argumenta.
En tiempos de cepo cambiario y ya sin el incentivo del “dólar soja” (aunque continúa el tipo de cambio diferencial para economías regionales) en el mercado oficial de cambios no abundan los vendedores de divisas que prefieran desprenderse de ellas a la cotización del dólar financiero o directamente del dólar blue.
Por el contrario, el BCRA es el que termina cubriendo la poca demanda autorizada -fundamentalmente importadores, pagos de energía y de deuda- mediante la venta de reservas. De hecho, este martes la entidad interrumpió una racha de 20 ruedas consecutivas con saldo a favor y tuvo que vender US$48 millones.
A pesar de eso, la resolución subrayó que “la medida cautelar solicitada no afecta el interés público superior ya que la medida requerida no importa un pedido al BCRA de venta de sus reservas sino que se le permita al Estado Provincial concurrir al mercado de cambios como comprador”.
El organismo fue notificado de la medida y advirtió cómo avanzará con esta situación. “El Banco Central de la República Argentina procederá a interponer los recursos de ley contra la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Córdoba”, comunicó.
Un informe de ACIPAN expresa preocupación por la fuerte caída en la recaudación de Ingresos Brutos proveniente del sector hidrocarburos y en el consumo masivo, que refleja la retracción en las ventas de supermercados y comercios. Sin embargo, se observan señales positivas en venta de automóviles 0 km y en la creación de empleo privado en los primeros tres meses del año.
Los sueldos de los agentes de la administración pública estarán depositados el próximo viernes 30. En esta oportunidad, los salarios no tendrán ajuste por IPC ya que el incremento trimestral se dio con los haberes de abril. Todavía no hay fecha de pago del aguinaldo.
El gobernador Weretilneck adelantó que iniciará acciones legales junto a los intendentes del Alto Valle y sectores privados. “El Estado Nacional no termina de generar una decisión para administrar las rutas, no hace mantenimiento, no resuelve contratos incumplidos y no resuelve proyectos ejecutivos, sea en la Ruta 22 o en la 151”, dijo el mandatario.
La Provincia logró un incremento del 3,2 por ciento en el empleo registrado, lo que significó 4.526 nuevos puestos de trabajo. Petróleo y construcción marcan el ritmo de la generación de empleo. Río Negro experimentó una leve baja del 0,1 por ciento.
Firmaron un memorándum de entendimiento con la provincia para concretar la pavimentación de 51 kilómetros sobre las rutas provinciales 8 y 17, en el tramo correspondiente a la circunvalación de Añelo. Las empresas constituirán un fideicomiso responsable de gestionar los recursos y Neuquén se ocupará del mantenimiento de la obra a través de peaje.
La Anónima, la Empresa B más grande de Argentina, obtuvo la certificación que reconoce a aquellas compañías que cumplen altos estándares de desempeño social, ambiental, transparencia y responsabilidad, y que se comprometen pública y legalmente a transitar un proceso de mejora continua de su impacto.
