El Gobernador neuquino presentó una iniciativa para modificar el Código Procesal Penal para que los delitos “in fraganti” sean llevados a juicio rápido. La idea es cortar de raíz los hechos de robos organizados a comercios y supermercados y a sus instigadores.
Economía 24 de agosto de 2023
El gobernador Omar Gutiérrez envió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Procesal Penal, de manera que casos como robos organizados y saqueos puedan cerrarse con un juicio directo.
La movida no es nueva, sino que pretende reactivar un viejo proyecto para que los delitos “in fraganti” sean llevados a juicio rápido y no supone que los imputados pierdan garantías de defensa. En este caso, por el argumento de la escalada de hechos y robos, donde también se investiga a instigadores.
“Necesitamos herramientas ágiles que den respuestas a hechos como los registrados en los últimos días”, dijo el mandatario provincial en su cuenta de Twitter, en clara referencia a los robos que se organizaron a supermercados y comercios de Neuquén capital y Cutral Co, en los cuales hay cuatro detenidos con prisión domiciliaria y tres en preventiva.
Para agilizar este juicio, por la urgencia del contexto social, Gutiérrez reflotó un proyecto que hace un año había presentado el Consejo Municipal del Delito de San Martín de los Andes, con el intendente Carlos Saloniti a la cabeza.
Se trata de la modificación del artículo 222 del Código Procesal Penal, que regula la realización de los juicios directos. En este caso, los delitos flagrantes, como los que están siendo investigados en los grupos de personas que ingresaron a supermercados y comercios a robar mercadería.
El intendente de San Martín de los Andes junto al fiscal general José Gerez presentaron la iniciativa en septiembre de 2022 en la Legislatura neuquina, y Gutiérrez pidió su urgente tratamiento.
La escalada de hechos como los robos organizados fue de tal magnitud, que, hasta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la visita por Neuquén durante la inauguración de 251 viviendas en el barrio Zabaleta, se refirió a “preservar la paz y la tranquilidad social”.
El fiscal general José Gerez y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, presentaron el proyecto para modificar el artículo 222 del Código Procesal Penal. Es una iniciativa que ya se había propuesto desde esa ciudad cordillerana. Esta vez se quiere aplicar a los robos organizados.
“Solicito a la Legislatura de Neuquén la pronta sanción del proyecto de ley que permita rápidos procesos judiciales ante delitos cometidos de esta manera. Son juicios más rápidos que facultan, en poco tiempo, tener una respuesta de la Justicia”, sostuvo Gutiérrez.
Respecto a cómo se quiere modificar el código, tanto Saloniti como Gerez argumentaron en la nota presentada a la Legislatura: “En su redacción actual, el juicio directo requiere la anuencia de la defensa del imputado para llevarse a cabo y la respuesta habitual de los representantes legales ha sido negativa. Esta circunstancia ha hecho que, en nuestra provincia, desde la vigencia del Código Procesal Penal, no se llevan adelante Juicios Directos. Es decir, es una herramienta que no está siendo utilizada”.
“Este proyecto pone en cabeza del fiscal la facultad de solicitar el juicio directo cuando estén dadas las condiciones. Ello no afecta los derechos y garantías del imputado, pues los mismos gozan de toda su vigencia durante la realización del juicio”, añadieron. Y destacaron que “esta modificación permitirá la realización efectiva de juicios directos en casos de flagrancia o en otros donde la prueba es recolectada de manera inmediata, posibilitando que el delincuente sea condenado rápidamente. Se intenta con ello combatir al delincuente habitual y reiterante, especialmente a aquel que comete delitos contra la propiedad”, indicaron en los argumentos.
Desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en la provincia en 2014, ha sido prácticamente inaplicable el juicio directo. Esto porque la redacción original prevé el consentimiento de los abogados y abogadas de la defensa para desarrollarlos, algo que en la práctica no ocurre. Según las estadísticas de la oficina de Calidad Institucional del Ministerio Público Fiscal, en la provincia desde 2014, se han realizado sólo 9 juicios directos: 4 en Chos Malal, 3 en Neuquén y 2 en Zapala.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
