La Legislatura comenzó el debate para autorizar al Gobierno a realizar operaciones de crédito público a partir del próximo año por un total de hasta 100 millones de dólares. La oposición señaló que el endeudamiento “ni siquiera alcanzaría a cubrir los vencimientos sólo del 2024”.
Economía 29 de agosto de 2023
La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) inició el tratamiento del proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por un total de hasta 100 millones de dólares a partir del próximo año. Lo hizo en la reunión de este martes, ocasión en la que el cuerpo que preside la diputada Liliana Murisi (MPN), acordó analizar la información remitida por el ministerio de Economía para avanzar con el debate y evaluar el impacto que la medida tendrá en el stock de deuda en moneda extranjera que tiene la provincia.
Al iniciar el debate, Murisi remarcó que el destino del crédito será “exclusivamente” para amortizar deuda pública en dólares y aseguró que, de aprobarse la ley, constituirá “una herramienta financiera que hoy le vamos a estar dando a la gestión” entrante para atender vencimientos de capital a partir de enero del 2024.
En su intervención, la legisladora explicó que se trata de una operatoria de crédito contemplada en la ley de Administración Financiera y Control (2141), basada en la emisión y colocación de letras del tesoro por un plazo no mayor a cuatro años y en la posibilidad de contratación de préstamos en instituciones financieras.
Finalmente, la diputada mencionó que se socializó a los integrantes de la comisión información que remitió el ministerio de Economía sobre el impacto en el stock de deuda y la forma de atender los vencimientos. En este sentido, indicó además que la iniciativa deviene del nuevo escenario político-económico nacional, y su impacto en las arcas de la provincia, ligado a las próximas elecciones nacionales.
Por ello “la celeridad” en el tratamiento y la necesidad de que se apruebe “antes de las elecciones generales de octubre” que pueden derivar en nuevas fluctuaciones de la moneda extranjera, señaló Murisi tras indicar que la autorización representaría “un resguardo” a la provincia y una forma de asegurar los dólares y poder atender los próximos vencimientos.
Desde el bloque del Frente de Todos (FdT), los diputados Mariano Mansilla y Darío Peralta expresaron reparos a la propuesta. Mansilla requirió “argumentos político-financieros más sólidos” y consideró que debería ser la próxima composición legislativa la que la avale, en la medida en que se trata de vencimientos que deberá afrontar la próxima gestión de Gobierno.
Por su parte, Peralta aseguró que tomar deuda en dólares “no es el camino” y pidió un informe detallado de los vencimientos mensuales de la deuda, los que –según vislumbró- podrían afrontarse con otras herramientas, tales como los recursos afectados con “la derogación” del Fondo Anticíclico que le implican a la provincia unos siete millones de dólares mensuales “extra”, según estimó. “No le veo sentido, o no están contando una parte de la película y nos están contando sólo el final”, señaló Peralta.
Tras el pedido de Mansilla de solicitar la presencia del titular de la cartera de Economía en la comisión, Murisi aseguró que “no habría necesidad, en tanto es abarcativa la información que pusieron a disposición” desde el ministerio.
Por su parte, la diputada Leticia Esteves (JxC) informó que, para el próximo año, el monto del vencimiento de servicio de la deuda pública en moneda extranjera asciende a 262 millones, por lo que el endeudamiento en cuestión “ni siquiera” alcanzaría a cubrir los vencimientos sólo del 2024. La legisladora dijo que “antes de tomar la decisión de acompañar o no” el proyecto, pretende conocer el impacto en el stock de deuda, el estado de la deuda al 2027 y los ingresos proyectados hasta fin de este año.
Por el mismo bloque, el diputado César Gass cuestionó que el proyecto no haya sido remitido a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) además de a la de Hacienda (B) y, en relación al proyecto, lamentó que “Neuquén se esté convirtiendo en una de las provincias más endeudadas del país, con los recursos que tiene”.
A su turno, la diputada Blanca López (FIT) adelantó el voto negativo y se inclinó a favor de obtener los fondos que requiere la provincia para afrontar los vencimientos de las regalías por la actividad hidrocarburífera.
Tras el debate, el cuerpo acordó analizar la información remitida desde Economía y retomar el tratamiento en la próxima reunión.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
