Lo hizo al aprobar en la sesión de ayer miércoles su tratamiento en general y en la sesión de hoy en particular. La deuda está destinada a la amortización de vencimientos a partir del próximo año. La autorización fue aprobada por amplia mayoría con el apoyo de los bloques aliados del Gobernador electo Rolando Figueroa.
Economía 06 de septiembre de 2023
La Cámara sancionó este jueves, la ley 3389 que autoriza al Ejecutivo neuquino a tomar crédito público por hasta 150 millones de dólares, destinados a la amortización de deuda pública con vencimientos a partir del próximo año. La norma incluyó una modificación de la comisión de Hacienda y Presupuesto que faculta al Poder Ejecutivo para incrementar en hasta un 50% el monto original de 100 millones. Lo hizo al aprobar en la sesión de ayer miércoles su tratamiento en general y en la sesión de hoy jueves, en particular.
La autorización al Ejecutivo para contraer crédito en moneda estadounidense por un tope de hasta 150 millones fue aprobada por mayoría con 25 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. En forma positiva votaron los bloques del MPN, Juntos, UP-FR, FNN, Siempre, PDC, Avanzar, CC-ARI, MAV, Movimiento Auténtico y JxC. El bloque del FdT votó en forma dividida: Soledad Martínez, Javier Bertoldi y Sergio Fernández Novoa votaron a favor, mientras que el resto del bloque lo hizo en contra, a excepción de Mariano Mansilla que se abstuvo de votar. Las bancas del PTS-FIT y FIT también votaron en forma negativa.
El pedido original, elevado por el gobernador Omar Gutiérrez, ascendía a 100 millones de dólares, pero la redacción final incorporó un nuevo artículo para autorizar al gobierno a incrementar hasta 50 millones más la operatoria, considerando los elevados índices de vencimiento de deuda que regirán a partir del 2024. El plazo de emisión se mantiene por cuatro años, en distintos tramos.
Al fundamentar la propuesta, la diputada Liliana Murisi (MPN) remarcó que la medida constituye una “herramienta financiera” que debe enmarcarse en la situación provincial y el contexto nacional, caracterizado por la “creciente incertidumbre” y mencionó por caso la última devaluación del peso argentino y los elevados índices inflacionarios. Aseguró que el objetivo es permitirle “a la administración entrante contar con fondos y disminuir el riesgo de la variación del tipo de cambio a niveles previsibles”.
A su turno, el diputado Lucas Castelli (Avanzar), quien también ofició como miembro informante, defendió el incremento del monto final hasta un 50% más en la medida en que el volumen de pago de deuda para el próximo ejercicio financiero, según informó la cartera de Economía, totalizará poco más de 300 millones de dólares, resultando “insuficiente” la cifra original.
Por JxC, Leticia Esteves dijo que “el debate es estéril si no se conecta deuda con déficit” y recordó que los últimos presupuestos presentaron números deficitarios. Frente a los próximos vencimientos de los pasivos advirtió dos caminos alternativos: no pagar la deuda y que “Vaca Muerta se termine” y no se vuelquen desarrollo e inversiones en la provincia, o afrontar las deudas y pagarlas. Dijo que la solución es “generar presupuestos superavitarios” y avanzar en materia de “responsabilidad económica”.
Sergio Fernández Novoa y Soledad Martínez (FdT), Carlos Coggiola (PDC) y César Gass (JxC) refirieron a un voto “incómodo” en la medida en que acompañaron el pedido, pero hicieron reparos al mecanismo de toma de deuda de la actual administración. Coincidieron en calificar de “herramienta política” la nueva ley para la gestión entrante que acumula elevados índices de vencimiento de capital en el primer tramo de gestión.
Las bancas del PTS-FIT y FIT se opusieron y “repudiaron” la medida, al tiempo que sugirieron incrementar el valor de las regalías para la obtención de fondos genuinos en la provincia. Criticaron el tratamiento “mega-expréss” que tuvo la ley y lamentaron que autoridades del ministerio de Economía no hayan asistido a la comisión para el debate.
Al rechazar la propuesta, Soledad Salaburu, Lorena Parrilli y Darío Peralta del FdT cuestionaron el incremento del 50% extra; las autorizaciones de deuda que solicitó el gobierno en los últimos años que, según informaron, asciende a 400 millones de dólares y a 13500 millones de pesos; y el aval para un gobierno que aun no inició. Pidieron afrontar “las verdaderas deudas” con la ciudadanía, como la falta de viviendas, de insumos en los hospitales y de recursos en las escuelas.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
