Un análisis de la Universidad de Belgrano alertó sobre el impacto de las subas de tarifas en la inflación, el déficit fiscal y la mayor recaudación impositiva.
Economía 09 de febrero de 2022
El principio de entendimiento alcanzado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional por la reestructuración de la deuda de U$S 44.000 millones, sigue generando repercusiones sobre lo que implica para la economía argentina.
Desde el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano (UB) subrayaron que la persistencia del déficit fiscal abre interrogantes sobre los modos en que se va a financiar el mismo, y las condiciones macro de la economía para los próximos años.
En concreto, advierte, que en el macro del acuerdo alcanzado con el FMI "el Gobierno prevé seguir licuando el gasto con una inflación superior al 60%".
"La reducción del déficit se lograría mediante un aumento de tarifas, que permitiría reducir el monto de los subsidios a la energía; de la inflación que este año podría llegar al 61% y que, al igual que en períodos anteriores, licuaría el valor real del gasto público, y de una mejora en la recaudación tributaria", señaló Víctor Beker, director del CENE.
Hasta el momento, es la primera estimación de inflación anual por encima del 60% para 2022, lo que da la pauta de las dificultades que existen para poner en caja los aumentos de precios al consumidor.
CUÁLES SON PRINCIPALES METAS DEL ACUERDO. Tras analizar los trazos gruesos del acuerdo, Beker recortó que la Argentina "recibiría un total de 44.500 millones de dólares, es decir el equivalente de la deuda actual con el organismo, con vencimientos que comenzarán cuatro años después del primer desembolso y terminarán diez años más tarde".
El economista y ex director del INDEC, puntualizó que por otra parte, este año el país "recibirá 5.000 millones de dólares, en concepto de devolución de lo abonado en 2021, que estarán destinados al fortalecimiento de las reservas internacionales", en relación a los vencimientos pagados con parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del propio Fondo.
"En síntesis, el gobierno argentino logró refinanciar a diez años el total de la deuda actual con el organismo", señaló Beker. Y agregó, que el FMI desembolsará gradualmente los 44.500 millones de dólares" a lo largo de dos años y medio, en cuotas trimestrales y condicionadas al cumplimiento de un programa económico fijado para dicho período".
Sobre las metas acordadas con el Fondo, desde la UB destacan que el principal compromiso que asume el Gobierno consiste en una "paulatina reducción del déficit fiscal que, estimado en 3% del PBI en 2021, debería reducirse al 2,5% en 2022, al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024".
En este sentido, apuntaron que en el proyecto de presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación se preveía un déficit de 3,3% para este año, es decir 0,8% por encima del comprometido ahora con el FMI.
CÓMO SERÁ LA BAJA GRADUAL DEL DÉFICIT. Asimismo, se estima que el financiamiento monetario del déficit pasará del 3,5% del PBI en 2021 al 1% en 2022, al 0,6 en 2023 y al 0% en 2024", advierte Beker. Pero allí las dudas persisten en torno a la elevada inflación, el impacto de las anunciadas subas de tarifas de servicios públicos y la mejora de la recaudación, que más allá de la buena noticia, implica siempre el sostenimiento de la fuerte carga impositiva sobre los sectores productivos.
"Al reducir la probabilidad de default con el FMI, el acuerdo podría disminuir la extrema incertidumbre que ha imperado en los mercados en los últimos meses, cuando muchos apostaban a aquel desenlace. Sin embargo, la turbulencia política que sucedió al anuncio del acuerdo conspira contra este resultado, manteniendo abiertos los interrogantes sobre el futuro económico y político", puntualiza Beker.
Y agregó: "A medida que transcurra el tiempo se verá cuál es el efecto real del acuerdo sobre las variables económicas". La historia económica argentina no ayuda en ese sentido, con "una larga historia de acuerdos firmados con el FMI a partir de 1959 y una casi tan larga de incumplimientos", concluyó Víctor Beker.
El proyecto enviado a la Legislatura, prevé ingresos totales por 7,5 billones de pesos y estima mantener el superávit, aunque menor debido al impacto que tiene la baja del barril de petróleo en las regalías. El ministro de Economía, Guillermo Koenig explicó a los diputados que el objetivo es “mantener el equilibrio fiscal y continuar con el programa de obras públicas”.
La consultora Analytica hizo un análisis, provincia por provincia, acerca de cuáles son las Provincias que registran mayor aumento en la canasta del supermercado. En el ranking, Río Negro con 742 mil pesos está tercero mientras, Neuquén, se ubica cuarto con 777 mil pesos. La región patagónica encabeza el ranking de provincias más costosas, con Santa Cruz al tope.
La titular de Hacienda sostuvo que la administración provincial logró revertir una situación de endeudamiento estructural. Recordó que al inicio de la gestión “encontramos letras emitidas para gastos corrientes. Hoy estamos cancelando casi todas, lo que reduce el costo financiero”. “Neuquén se financia a tasas bajas, plazos largos y períodos de gracia".
El Gobierno convocó a la primera ronda de reuniones con estatales. Los gremios sostienen que la actualización salarial por IPC "no se negocia". Pero hay una fuerte presión de Nación para eliminar “privilegios” a los que pretende ponerle un tope del 10%. “El año pasado tuvimos una situación fiscal más favorable. Hoy la realidad es distinta”, dijeron desde Hacienda.
La Provincia se ubica en el segundo lugar detrás de CABA, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Si se aísla Ingresos Brutos por habitante, los resultados confirman que Neuquén fue la primera provincia de mayor recaudación del 2024, con un incremento punta a punta de 125%”.
“La compañía se registró debidamente y ha cumplido todos los requerimientos de la ordenanza y de la reglamentación. Por tanto, Cabify es la única compañía autorizada para operar en la ciudad. El resto de plataformas no son legales en la capital neuquina“, dijo Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte. “Vamos a salir a fiscalizar y controlar a todos aquellas que no estén habilitados”.
