Un análisis de la Universidad de Belgrano alertó sobre el impacto de las subas de tarifas en la inflación, el déficit fiscal y la mayor recaudación impositiva.
Economía 09 de febrero de 2022
El principio de entendimiento alcanzado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional por la reestructuración de la deuda de U$S 44.000 millones, sigue generando repercusiones sobre lo que implica para la economía argentina.
Desde el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano (UB) subrayaron que la persistencia del déficit fiscal abre interrogantes sobre los modos en que se va a financiar el mismo, y las condiciones macro de la economía para los próximos años.
En concreto, advierte, que en el macro del acuerdo alcanzado con el FMI "el Gobierno prevé seguir licuando el gasto con una inflación superior al 60%".
"La reducción del déficit se lograría mediante un aumento de tarifas, que permitiría reducir el monto de los subsidios a la energía; de la inflación que este año podría llegar al 61% y que, al igual que en períodos anteriores, licuaría el valor real del gasto público, y de una mejora en la recaudación tributaria", señaló Víctor Beker, director del CENE.
Hasta el momento, es la primera estimación de inflación anual por encima del 60% para 2022, lo que da la pauta de las dificultades que existen para poner en caja los aumentos de precios al consumidor.
CUÁLES SON PRINCIPALES METAS DEL ACUERDO. Tras analizar los trazos gruesos del acuerdo, Beker recortó que la Argentina "recibiría un total de 44.500 millones de dólares, es decir el equivalente de la deuda actual con el organismo, con vencimientos que comenzarán cuatro años después del primer desembolso y terminarán diez años más tarde".
El economista y ex director del INDEC, puntualizó que por otra parte, este año el país "recibirá 5.000 millones de dólares, en concepto de devolución de lo abonado en 2021, que estarán destinados al fortalecimiento de las reservas internacionales", en relación a los vencimientos pagados con parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del propio Fondo.
"En síntesis, el gobierno argentino logró refinanciar a diez años el total de la deuda actual con el organismo", señaló Beker. Y agregó, que el FMI desembolsará gradualmente los 44.500 millones de dólares" a lo largo de dos años y medio, en cuotas trimestrales y condicionadas al cumplimiento de un programa económico fijado para dicho período".
Sobre las metas acordadas con el Fondo, desde la UB destacan que el principal compromiso que asume el Gobierno consiste en una "paulatina reducción del déficit fiscal que, estimado en 3% del PBI en 2021, debería reducirse al 2,5% en 2022, al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024".
En este sentido, apuntaron que en el proyecto de presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación se preveía un déficit de 3,3% para este año, es decir 0,8% por encima del comprometido ahora con el FMI.
CÓMO SERÁ LA BAJA GRADUAL DEL DÉFICIT. Asimismo, se estima que el financiamiento monetario del déficit pasará del 3,5% del PBI en 2021 al 1% en 2022, al 0,6 en 2023 y al 0% en 2024", advierte Beker. Pero allí las dudas persisten en torno a la elevada inflación, el impacto de las anunciadas subas de tarifas de servicios públicos y la mejora de la recaudación, que más allá de la buena noticia, implica siempre el sostenimiento de la fuerte carga impositiva sobre los sectores productivos.
"Al reducir la probabilidad de default con el FMI, el acuerdo podría disminuir la extrema incertidumbre que ha imperado en los mercados en los últimos meses, cuando muchos apostaban a aquel desenlace. Sin embargo, la turbulencia política que sucedió al anuncio del acuerdo conspira contra este resultado, manteniendo abiertos los interrogantes sobre el futuro económico y político", puntualiza Beker.
Y agregó: "A medida que transcurra el tiempo se verá cuál es el efecto real del acuerdo sobre las variables económicas". La historia económica argentina no ayuda en ese sentido, con "una larga historia de acuerdos firmados con el FMI a partir de 1959 y una casi tan larga de incumplimientos", concluyó Víctor Beker.
Vecinos invitaron en redes sociales a sumarse contra el aumento de los impuestos municipales este lunes 19 a las 19 horas frente al municipio. Informaron que hubo aumentos desmedidos que en algunos casos llegan al 600%. Pedirán al Intendente Gaido la derogación de la Tarifaria 2026 “por ilegal” y que se vuelva a la anterior base imponible por valuación fiscal y no por zonificación.
Mientras avanza la transformación vial en la ex ruta 22, los locales no pagarán licencias y habrá estacionamiento facilitado para clientes. “Es un esfuerzo municipal para contribuir con los comerciantes”, dijo el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky. La obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses.
El gobernador Figueroa reiteró la necesidad de que la Nación distribuya lo recaudado en los impuestos a los combustibles líquidos para la ejecución de más infraestructura. Adelantó que el 21 de enero se reunirá con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, a quién reclamará una deuda de más de U$S200 millones que mantiene ANSES con el ISSN.
La obra tiene por objetivos eliminar una barrera urbanística que divide en dos a la ciudad, mejorar el tránsito, y solucionar problemas de inundaciones por lluvias. Contempla mejoras pluviales, ampliación de carriles, espacios verdes, bicisendas y nueva iluminación. “Es la obra más importante en 121 años de historia de la ciudad”, dijo el Intendente Gaido.
El gobernador Figueroa remarcó que, con este nuevo pago, Neuquén habrá reducido su deuda un 38%. Es por intereses y capital de Letras del Tesoro en dólares emitidas durante la anterior gestión. Se trata del primer pago de deuda del año e inaugura un calendario exigido para la administración provincial. Neuquén deberá pagar en el transcurso del 2026 unos U$S304 millones.
Neuquén muestra un crecimiento del 2,2 por ciento, lo que representa 3.212 nuevos empleos privados. Los datos corresponden a octubre de este año comparado contra noviembre de 2023. En ese periodo, el país registró una pérdida de 176.908 puestos de trabajo. Salvo Neuquén, Rio Negro y Mendoza, el resto de las 21 jurisdicciones todavía están en rojo.
