La comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) de la Legislatura neuquina que preside la diputada Lorena Abdala (MPN) continuó el tratamiento del proyecto que le pide a los distintos niveles de gobierno el resguardo de la actividad productiva con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria y los pulmones verdes.

En la reunión de este miércoles, recibieron al intendente de Vista Alegre, Daniel Ridao; al presidente de la Cámara de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre, Héctor Basualdo, y a profesionales del ambiente y la ingeniería agrónoma, quienes se inclinaron a favor del pronunciamiento en debate y de avanzar en un ordenamiento territorial en la provincia.

Ridao mencionó tres grandes causas que afectan directamente a la actividad productiva en la localidad y que delimitan “su situación actual”: el auge inmobiliario, la radicación de empresas prestadoras de servicios petroleros que requieren de nuevos espacios para su maquinaria y, por último, el cambio cultural de las chacras que conlleva, muchas veces, el desinterés de las nuevas generaciones por trabajarlas.

Si bien “se fue perdiendo espacio productivo, también se fue recuperando” bajo políticas que permitieron radicar el sector industrial y diferentes pymes en la altiplanicie de la localidad. También se refirió a la anexión de dos grandes sectores vinculados a la productividad: la planta de producción de la cereza -que se comercializa internacionalmente- y el Parque Industrial. “La presión que teníamos sobre la tierra productiva, la estamos llevando arriba”, sintetizó el jefe comunal, en relación al ordenamiento urbano de la ciudad que, aseguró, “fue históricamente productiva y lo sigue siendo”.

“Se perdieron unas 70 hectáreas productivas pero se ganó otro centenar” dijo en tal sentido y advirtió que, a diferencia de Neuquén y Plottier “presentan una situación irreversible”, los espacios productivos en Vista Alegre “todavía están salvables”.

Ridao explicó que en los últimos 15 años, las chacras devenidas en loteos adquirieron la correspondiente habilitación de manera excepcional mediante legislación local, situaciones que al principio eran esporádicas y que, con el tiempo, se volvieron habituales. Sin embargo, en post de resguardar las unidades productivas, mencionó que en los últimos cuatro años se rechazaron nueve pedidos de loteos masivos.

Además, el intendente mencionó que existe una real necesidad de acceso a la vivienda en la localidad, que se hace difícil de cubrir “no por un problema de oferta sino por la degradación del poder adquisitivo”. Cuestionó la toma irregular de tierras y la legitimidad de la Cooperativa “La Campesina” que, mediante fondos nacionales, ofreció certificados de uso de suelos no habilitados en una chacra de 20 hectáreas que están “en el corazón de la producción, a metros del Dique Ingeniero Ballester, símbolo de la sistematización del riego en la provincia”.

Finalmente, Ridao denunció el “avasallamiento a las competencias municipales por parte de Nación" y de los gobiernos provinciales en todo el país”, lo que genera situaciones “anárquicas y conflictivas”. “Déjenme poner el cordón cuneta a mí y encárguense de cuidar el valor de la moneda”, le pidió el intendente al gobierno de la Nación.

A su turno, Héctor Basualdo sostuvo que la falta de protección de las unidades productivas “es perjudicial para toda la sociedad” y dijo que el proyecto en debate constituye “un punto de partida para establecer un marco de acción” en la materia e implementar un plan estratégico de usos del suelo.

En tanto, Caterina Cimolai, integrante del Área de Ambiente de la Municipalidad de Centenario, se refirió a las consecuencias que el cambio climático acarrea en las zonas urbanas, que reflejan un alto incremento de la temperatura del suelo, y pidió el debate de una ley de ordenamiento territorial y de planificación estratégica del uso del suelo.

En similar sentido se expresó la ingeniera agrónoma Alicia Manuchi, en defensa de las zonas verdes como refugios climáticos y en la necesidad de forestar las bardas y de avanzar así en “la construcción de suelo productivo”.

Impulsan una ley de ordenamiento de tierras productivas y urbanizaciones