El proyecto que crea un Fondo de Estabilización de presupuestos obtuvo este martes dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B). En ambas comisiones el despacho, que incorporó una cláusula de garantía para el funcionamiento del Poder Legislativo sugerida por la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos (ANEL), fue aprobado por mayoría.
Economía 26 de septiembre de 2023
De esta forma, el proyecto presentado por el gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y la presidenta de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María Soledad Gennari, finalizó su tratamiento en comisiones y será girado al recinto para su tratamiento en sesión.
En primer término se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) presidida por Maximiliano Caparroz (MPN) quien, al iniciar el debate, explicó que el objetivo del proyecto es equilibrar los ejercicios financieros de los tres poderes del Estado, creando un fondo compensador presupuestario financiado con el 3% de la coparticipación: 1.5% aportados por el Poder Legislativo y el otro 1.5% por el Ejecutivo. Además, aclaró que “si el Poder Legislativo necesita del 1.5% del presupuesto, vuelve a foja cero” en el marco del acta acuerdo firmada entre el vicegobernador Marcos Koopmann y el sindicato; y destacó que “las modificaciones a la iniciativa se realizaron conjuntamente con el gremio ANEL”.
En efecto, de la reunión participaron las autoridades gremiales de ANEL. Al hablar, el secretario general, Juan Horacio Benítez, expresó el apoyo al proyecto con las incorporaciones en la redacción orientadas a garantizar el normal funcionamiento, la autarquía y los derechos laborales al interior del Poder Legislativo.
Benítez manifestó que desde el gremio “reaccionamos” a la presentación del proyecto en tanto “ponía en juego el normal funcionamiento de esta Legislatura”. Sostuvo que los aportes a la redacción final –junto con el acta acuerdo firmada entre el gremio y las actuales autoridades que retoman los principales puntos demandados en asamblea- “enriquecieron el debate. Sin embargo, reparó en la firma de la máxima autoridad del Poder Judicial en el proyecto, lo que constituye “un atropello” a la independencia de poderes y es “inadmisible” que un poder “vaya a la baja” de otro poder. “Esa injerencia, la seguimos rechazando”, enfatizó el sindicalista.
La redacción añadida sostiene que el presupuesto anual “debe garantizar el pleno cumplimiento de la ley 1703, ley 2915, sus complementarias y modificatorias, sosteniendo la totalidad de los beneficios y demás Resoluciones con referencia a las mencionadas normas”. Según explicó el secretario Adjunto de ANEL Marcelo Bagés, la alusión apunta sostener los beneficios de la planta de personal, determinadas en el Estatuto -1703-.
El texto también especifica que, en ninguna circunstancia, las transferencias a los municipios se verán afectadas.
Durante el debate, César Gass (JxC), Andrés Blanco (PTS-FIT) y Soledad Salaburu (FdT) cuestionaron la “extemporaneidad” del proyecto, la injerencia del Poder Judicial en el Legislativo y la falta de acuerdo, en un principio, con la planta trabajadora.
Gass calificó de “desprolijo” que el proyecto de facultades de política fiscal sea refrendado por el Poder Judicial, pero adelantó su voto positivo porque “no me parece correcto obstaculizar” un proyecto que alcanzó acuerdo entre las partes implicadas.
En la misma línea, Salaburu se pronunció en contra de que se recorte el presupuesto de la Legislatura para cederlo al Poder Judicial y de que no se haya discutido en “una mesa de transición”, al tiempo que celebró las cláusulas y garantías incorporadas, que constituyeron un “logro de los trabajadores”.
El despacho fue aprobado por mayoría con 11 votos positivos aportados por el MPN, UP-FR-, FNN, Siempre, CC-ARI, JC y parte del FdT. En contra votaron Darío Peralta (FdT) y Andrés Blanco (PTS-FIT).
Finalizada la comisión “A”, tuvo lugar la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B), ocasión en la que también se emitió despacho al proyecto, con nueve votos a favor, devenidos de los bloques del MPN, JC, MAV, Avanzar, Siempre, Juntos, UP-FR. En contra lo hicieron Lorena Parrilli (FdT) y Blanca López (PTS), argumentando que la medida implica un “ajuste” presupuestario.
Veinte mandatarios aceptaron la invitación de la Casa Rosada, aunque cuatro peronistas K no fueron invitados, entre ellos Kicillof. El presupuesto, entre los principales objetivos, porque sería clave para comprimir el riesgo país a la zona de 400/500 puntos y la refinanciación de vencimientos del año próximo. El vocero Adorni dijo que “el próximo Congreso será el más reformista”.
El gobernador presentó el proyecto en la Legislatura que será de $7,57 billones y destinará cerca de un 16% a obra pública. La provincia estima mantener el superávit aunque menor al actual, producto de la caída del precio del barril de petróleo que mermará la suba de regalías. Hay más de 6,2 billones de pesos en gastos corrientes, casi 68% se lo llevan los sueldos de estatales.
El gobierno provincial comenzará el diálogo el miércoles 5 de noviembre. Para esa fecha están convocados los gremios ATE, ATEN, UPCN y los viales de UNAVP. Las reuniones definirán la pauta salarial que regirá para los agentes públicos el próximo año. El próximo viernes 31 inicia el cronograma de pagos que contempla un aumento del 6,96%.
El nuevo beneficio ofrece reducciones de hasta el 50% en el pago de retributivos para los contribuyentes. En el caso de jubilados, pensionados, personas con discapacidad y organizaciones sin fines de lucro, el descuento llega al 100 por ciento. Entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y el trámite podrá realizarse hasta el 15 de diciembre de 2025.
El ministro Luis Caputo, aseguró que luego de las elecciones propondrá la baja, eliminación y simplificación de impuestos con epicentro en Ganancias a trabajadores y jubilados, e Ingresos Brutos. “Los gobernadores tienen clarísimo que es el peor de los impuestos”. Según una encuesta de la UIA, los saldos a favor que las provincias le deben a las empresas alcanzan $54.000 millones.
La totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día. Los salarios incluirán el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios, con una suba que será del 6,96%.
