El proyecto que crea un Fondo de Estabilización de presupuestos obtuvo este martes dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B). En ambas comisiones el despacho, que incorporó una cláusula de garantía para el funcionamiento del Poder Legislativo sugerida por la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos (ANEL), fue aprobado por mayoría.
Economía 26 de septiembre de 2023
De esta forma, el proyecto presentado por el gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y la presidenta de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María Soledad Gennari, finalizó su tratamiento en comisiones y será girado al recinto para su tratamiento en sesión.
En primer término se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) presidida por Maximiliano Caparroz (MPN) quien, al iniciar el debate, explicó que el objetivo del proyecto es equilibrar los ejercicios financieros de los tres poderes del Estado, creando un fondo compensador presupuestario financiado con el 3% de la coparticipación: 1.5% aportados por el Poder Legislativo y el otro 1.5% por el Ejecutivo. Además, aclaró que “si el Poder Legislativo necesita del 1.5% del presupuesto, vuelve a foja cero” en el marco del acta acuerdo firmada entre el vicegobernador Marcos Koopmann y el sindicato; y destacó que “las modificaciones a la iniciativa se realizaron conjuntamente con el gremio ANEL”.
En efecto, de la reunión participaron las autoridades gremiales de ANEL. Al hablar, el secretario general, Juan Horacio Benítez, expresó el apoyo al proyecto con las incorporaciones en la redacción orientadas a garantizar el normal funcionamiento, la autarquía y los derechos laborales al interior del Poder Legislativo.
Benítez manifestó que desde el gremio “reaccionamos” a la presentación del proyecto en tanto “ponía en juego el normal funcionamiento de esta Legislatura”. Sostuvo que los aportes a la redacción final –junto con el acta acuerdo firmada entre el gremio y las actuales autoridades que retoman los principales puntos demandados en asamblea- “enriquecieron el debate. Sin embargo, reparó en la firma de la máxima autoridad del Poder Judicial en el proyecto, lo que constituye “un atropello” a la independencia de poderes y es “inadmisible” que un poder “vaya a la baja” de otro poder. “Esa injerencia, la seguimos rechazando”, enfatizó el sindicalista.
La redacción añadida sostiene que el presupuesto anual “debe garantizar el pleno cumplimiento de la ley 1703, ley 2915, sus complementarias y modificatorias, sosteniendo la totalidad de los beneficios y demás Resoluciones con referencia a las mencionadas normas”. Según explicó el secretario Adjunto de ANEL Marcelo Bagés, la alusión apunta sostener los beneficios de la planta de personal, determinadas en el Estatuto -1703-.
El texto también especifica que, en ninguna circunstancia, las transferencias a los municipios se verán afectadas.
Durante el debate, César Gass (JxC), Andrés Blanco (PTS-FIT) y Soledad Salaburu (FdT) cuestionaron la “extemporaneidad” del proyecto, la injerencia del Poder Judicial en el Legislativo y la falta de acuerdo, en un principio, con la planta trabajadora.
Gass calificó de “desprolijo” que el proyecto de facultades de política fiscal sea refrendado por el Poder Judicial, pero adelantó su voto positivo porque “no me parece correcto obstaculizar” un proyecto que alcanzó acuerdo entre las partes implicadas.
En la misma línea, Salaburu se pronunció en contra de que se recorte el presupuesto de la Legislatura para cederlo al Poder Judicial y de que no se haya discutido en “una mesa de transición”, al tiempo que celebró las cláusulas y garantías incorporadas, que constituyeron un “logro de los trabajadores”.
El despacho fue aprobado por mayoría con 11 votos positivos aportados por el MPN, UP-FR-, FNN, Siempre, CC-ARI, JC y parte del FdT. En contra votaron Darío Peralta (FdT) y Andrés Blanco (PTS-FIT).
Finalizada la comisión “A”, tuvo lugar la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B), ocasión en la que también se emitió despacho al proyecto, con nueve votos a favor, devenidos de los bloques del MPN, JC, MAV, Avanzar, Siempre, Juntos, UP-FR. En contra lo hicieron Lorena Parrilli (FdT) y Blanca López (PTS), argumentando que la medida implica un “ajuste” presupuestario.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
