Lo hizo a través de la resolución conjunta 1/2022 de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, publicada hoy en el Boletín Oficial.
Los productos sujetos a compensación son los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta 3 litros, hasta un máximo de 29 millones de litros por mes calendario, según lo establecido en el anexo de la norma.
Por su parte los productos sujetos a aportes son la harina y pellets de girasol, pellets de harina de soja, expellers de soja, habas de soja, semillas de girasol y harina de habas de soja. Asimismo, la resolución conjunta deja abierta la posibilidad de una nueva prórroga, que podrá ser puesta en consideración en septiembre de este año.
La extensión del fideicomiso, que venció el 31 de enero de 2022, se fundamentó en que su implementación "ha demostrado ser adecuada para el cumplimiento de los objetivos propuestos" de lograr la estabilidad de los precios internos de los aceites comestibles más consumidos por la población, se indicó en los considerandos de la norma.
Por otra parte, con la extensión por un año del fideicomiso "resulta conveniente ampliar la posibilidad de que se incorporen nuevos fiduciantes", se agregó. Al tratarse de un fideicomiso entre privados, el instrumento no demanda ninguna erogación estatal.
La medida ratifica el alcance del acta firmada el 30 de diciembre de 2020 entre el Gobierno y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara CEC).
En el acta, los distintos actores del sector se comprometieron a implementar un mecanismo de financiamiento con la finalidad de que "los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites, bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica", de acuerdo con la información oficial dada a conocer por entonces.
Tiempo atrás desde CIARA –CEC, la cámara que nuclea a las empresas del sector, detallaron: “Los precios publicados son responsabilidad del Gobierno, que los fija muy por debajo de toda estructura real de costos. La intervención estatal en precios nunca funciona, y destruye empleo y la producción”, señalaron.
