El Gobierno prorrogó hasta el 31 de enero de 2023 la vigencia del Fideicomiso del Fondo Fiduciario Aceitero con el propósito de asegurar la estabilidad de los precios en el mercado interno.
Economía 01 de febrero de 2022
Lo hizo a través de la resolución conjunta 1/2022 de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, publicada hoy en el Boletín Oficial.
Los productos sujetos a compensación son los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta 3 litros, hasta un máximo de 29 millones de litros por mes calendario, según lo establecido en el anexo de la norma.
Por su parte los productos sujetos a aportes son la harina y pellets de girasol, pellets de harina de soja, expellers de soja, habas de soja, semillas de girasol y harina de habas de soja. Asimismo, la resolución conjunta deja abierta la posibilidad de una nueva prórroga, que podrá ser puesta en consideración en septiembre de este año.
La extensión del fideicomiso, que venció el 31 de enero de 2022, se fundamentó en que su implementación "ha demostrado ser adecuada para el cumplimiento de los objetivos propuestos" de lograr la estabilidad de los precios internos de los aceites comestibles más consumidos por la población, se indicó en los considerandos de la norma.
Por otra parte, con la extensión por un año del fideicomiso "resulta conveniente ampliar la posibilidad de que se incorporen nuevos fiduciantes", se agregó. Al tratarse de un fideicomiso entre privados, el instrumento no demanda ninguna erogación estatal.
La medida ratifica el alcance del acta firmada el 30 de diciembre de 2020 entre el Gobierno y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara CEC).
En el acta, los distintos actores del sector se comprometieron a implementar un mecanismo de financiamiento con la finalidad de que "los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites, bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica", de acuerdo con la información oficial dada a conocer por entonces.
Tiempo atrás desde CIARA –CEC, la cámara que nuclea a las empresas del sector, detallaron: “Los precios publicados son responsabilidad del Gobierno, que los fija muy por debajo de toda estructura real de costos. La intervención estatal en precios nunca funciona, y destruye empleo y la producción”, señalaron.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
