El Gobierno prorrogó hasta el 31 de enero de 2023 la vigencia del Fideicomiso del Fondo Fiduciario Aceitero con el propósito de asegurar la estabilidad de los precios en el mercado interno.
Economía 01 de febrero de 2022
Lo hizo a través de la resolución conjunta 1/2022 de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, publicada hoy en el Boletín Oficial.
Los productos sujetos a compensación son los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas destinados al mercado interno para consumo final y familiar en envases de hasta 3 litros, hasta un máximo de 29 millones de litros por mes calendario, según lo establecido en el anexo de la norma.
Por su parte los productos sujetos a aportes son la harina y pellets de girasol, pellets de harina de soja, expellers de soja, habas de soja, semillas de girasol y harina de habas de soja. Asimismo, la resolución conjunta deja abierta la posibilidad de una nueva prórroga, que podrá ser puesta en consideración en septiembre de este año.
La extensión del fideicomiso, que venció el 31 de enero de 2022, se fundamentó en que su implementación "ha demostrado ser adecuada para el cumplimiento de los objetivos propuestos" de lograr la estabilidad de los precios internos de los aceites comestibles más consumidos por la población, se indicó en los considerandos de la norma.
Por otra parte, con la extensión por un año del fideicomiso "resulta conveniente ampliar la posibilidad de que se incorporen nuevos fiduciantes", se agregó. Al tratarse de un fideicomiso entre privados, el instrumento no demanda ninguna erogación estatal.
La medida ratifica el alcance del acta firmada el 30 de diciembre de 2020 entre el Gobierno y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara CEC).
En el acta, los distintos actores del sector se comprometieron a implementar un mecanismo de financiamiento con la finalidad de que "los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites, bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica", de acuerdo con la información oficial dada a conocer por entonces.
Tiempo atrás desde CIARA –CEC, la cámara que nuclea a las empresas del sector, detallaron: “Los precios publicados son responsabilidad del Gobierno, que los fija muy por debajo de toda estructura real de costos. La intervención estatal en precios nunca funciona, y destruye empleo y la producción”, señalaron.
“En nuestro programa brindamos beneficios impositivos de hasta un 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario; subsidios en tarifas servicios públicos, garantizándo estabilidad fiscal de hasta 10 años y líneas de crédito promocionales”, señaló Figueroa en redes sociales. El anuncio fue replicado por el ministro de Economía, Luis Caputo: “Este es el camino. Bravo @Rolo_Figueroa”.
Un relevamiento realizado por ACIPAN da cuenta que el costo de la Canasta Escolar en febrero es de 242 mil pesos, casi 20 mil mas que el año pasado. La mayor incidencia fue de indumentaria y enseres escolares que se incrementaron un 16 por ciento mientras los útiles escolares se mantuvieron prácticamente sin cambios.
Con este resultado, el avance de los precios se desacelería respecto del mes pasado, en el cuál corrieron al 2,8% según el dato oficial provisto por el INDEC. Por su parte, la variación interanual se colocaría en 32,1%, consolidándose como el segundo dato de menor cuantía en los últimos veintidós meses. El dato oficial de inflación de enero se dará a conocer el martes 10 de febrero.
“Decir que no compra ropa en el país para no dejarse estafar, no solo resulta desafortunado: expone una mirada reduccionista, cuando no evasiva, sobre el verdadero problema de fondo, el llamado Costo Argentino”. Para ACIPAN “la ropa cara es el síntoma, no la enfermedad”. Pidieron a los legisladores que la modernización laboral avance con “equilibrio, previsibilidad y diálogo”.
Si bien compartió la necesidad de modernizar el marco laboral, consideró que el texto incluye disposiciones que resultan regresivas y comprometen la estabilidad y previsibilidad de las pymes neuquinas. “Una reforma impuesta sin consenso solo profundizará los problemas que pretende resolver”, señalaron desde ACIPAN. Mencionaron que podría aumentar la conflictividad laboral.
Las entidades expresaron su desacuerdo con la postura de la CAME frente al proyecto de reforma laboral. Sostienen que el esquema actual de convenios colectivos por actividad funciona como un "corsé rígido" que no refleja las asimetrías regionales ni las escalas de las pymes. Entre otros puntos, apoyaron la eliminación de los aportes patronales obligatorios a las cámaras.
