Se extenderá por un año y permitirá acortar los plazos administrativos para comprar insumos y medicamentos. Estiman que entre 20 y 30 días podrían empezar a llegar los primeros insumos mientras que lograr el aprovisionamiento demandaría de 3 a 6 meses. La deuda con proveedores asciende a 11.400 millones de pesos.
Economía 09 de enero de 2024
La Legislatura neuquina declaró la emergencia sanitaria en el sistema público de salud al aprobar la ley provincial Nº3422. La iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, permitirá agilizar la compra de insumos y medicamentos para atender la situación crítica que afronta el sistema.
Martín Regueiro, ministro de Salud, calificó a la emergencia como “una estrategia de rescate” al explicar que busca superar el escenario actual, con falta de insumos y medicamentos. Destacó la decisión de los diputados que aprobaron el proyecto en sesiones extraordinarias y la disposición del equipo de Salud que asistió a la Legislatura Provincial para responder todas las consultas que había al respecto.
“El escenario es bastante conmovedor”, indicó sobre los faltantes detectados y destacó que esta ley dará herramientas para acortar los plazos administrativos y avanzar con las compras necesarias para abastecer al sistema de insumos y medicamentos.
La ley 3422 declara la emergencia sanitaria por el lapso de un año, pudiendo ser prorrogada por un plazo similar. Otorga facultades al Poder Ejecutivo para adquirir por contratación directa bienes, servicios e insumos necesarios para garantizar el acceso a la salud y crea un comité de emergencia que deberá informar a la Legislatura cada 45 días sobre las condiciones sanitarias, provisión de insumos, mantenimiento del equipamiento y necesidades detectadas en el sistema.
A partir de que se publique en el Boletín Oficial el decreto de promulgación por parte del gobernador, la nueva norma estará operativa y en Salud ya armaron las órdenes para salir a comprar cuanto antes lo básico. “Hablábamos de insumos de primera necesidad. No estamos hablando de cambiar la complejidad –aclaró el ministro-. Estamos saliendo a cubrir insumos de primera necesidad para que un hospital pueda funcionar”.
Estimó que entre 20 y 30 días podrían empezar a llegar los primeros insumos mientras que lograr el aprovisionamiento demandaría de 3 a 6 meses. “Va a llevarnos un tiempo. El escenario realmente es complicado”, admitió, pero consideró probable que muchos proveedores que dejaron de venderle a la provincia por la falta de pago podrían volver a cotizar en el corto plazo.
La deuda con proveedores asciende a 11.400 millones de pesos. “Realmente hay tanta deuda y tan variada –dijo- que los proveedores nos empiezan a llamar porque saben que estamos poniéndonos al día y todos quieren que les paguemos, lo cual está perfecto, pero tenemos que ir ordenando porque el recurso es finito”.
“Lo que hacemos es repensarnos y poner la cara nuevamente. Entiendo que esto también genera otra sensibilidad (entre los proveedores). Estamos en una provincia que es rica en su tierra, con gente que no, y la idea es que las empresas también estén interesadas en vendernos, porque el escenario nacional es complejo”, opinó Regueiro.
Por último, explicó que “cuando hablábamos de poner el sistema de salud en pie, estábamos hablando de refundarlo realmente, de generar una estructura nueva, va a llevar mucho tiempo, pero bueno, hoy realmente estamos en la urgencia, en una situación muy crítica y hay que salir de eso para poder empezar a soñar un futuro distinto”.
El trámite parlamentario. La ley obtuvo 32 votos favorables durante el tratamiento en general, aportados por los bloques Comunidad, Avanzar, MPN, Juntos, PRO-NCN, Cumplir, Neuquén Federal, Arriba Neuquén, FdT Neuquino y Juntos por el Cambio NQN-UCR. Los bloques PTS-FIT-U y FIT-U votaron en forma negativa. Al momento de la votación en particular, se propusieron algunas modificaciones que finalmente no prosperaron.
La ley declara la emergencia sanitaria por un año, con posibilidad de prorrogarla por un plazo similar, y otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo para adquirir por contratación directa bienes, servicios e insumos necesarios para garantizar el acceso a la salud, previo informe fundado, con independencia de su monto, en forma excepcional y mientras dure la emergencia. Se trata de un mecanismo contemplado en el artículo 64 de la ley 2141 de administración financiera y control.
Por otro lado, crea un comité de emergencia que deberá elevar un informe a la Legislatura cada 45 días sobre las condiciones sanitarias, provisión de insumos, mantenimiento del equipamiento y necesidades detectadas. Las modificaciones incorporadas establecen que la integración será definida por el Poder Ejecutivo, contemplan la posibilidad de constituir comités zonales y agregan como parte de las funciones la elaboración de acciones y planes de emergencia para la compra de insumos y medicamentos para pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, y de equipamientos y vehículos.
El diputado Francisco Lépore (Avanzar) remarcó que la falta de insumos y medicamentos “colisiona con el acceso a la salud de la población” y, en ese sentido, dijo que la ley busca resolver “una coyuntura”, al tiempo que reconoció que a futuro deben abordarse otras problemáticas como la falta de recurso humano. Mencionó que la deuda con proveedores asciende a 11.400 millones de pesos y, conjugada con los índices inflacionarios, dificulta el acceso a tiempo a los medicamentos y señaló que el ministro de Salud aseguró en la reunión de hoy que “lo que urge es la compra inmediata de insumos y medicamentos para hacer frente a la demanda del sistema”.
En referencia a eso, desde el MPN, Claudio Domínguez afirmó que las postas sanitarias y los hospitales públicos tienen “cero insumos y cero medicamentos” y se pronunció a favor de “darle herramientas al Poder Ejecutivo”. En ese sentido, propuso facultarlo a instrumentar las medidas para obtener financiamiento y administración de los pagos pendientes del sistema público de salud, a la contratación directa y a la contratación de personal. El legislador también hizo referencia a la posibilidad de autorizar al Ejecutivo a utilizar el fondo de estabilización y desarrollo de Neuquén que –dijo- cuenta actualmente con 40 millones de dólares, más un ingreso mensual aproximado de 3.500 millones de pesos por exportación de hidrocarburos.
Por el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez consideró que el título de la ley tiene un error conceptual. “Acá no hay una emergencia sanitaria, acá lo que hay es una emergencia económica - financiera del servicio de salud estatal”, expuso y lo diferenció del sistema de salud privado al que calificó de “altísima calidad”. El legislador expuso que Neuquén carece de un buen servicio de salud estatal y opinó que la salida es la buena administración de los recursos públicos.
Sin embargo, según un relevamiento realizado por ACIPAN, se observa que “la tendencia positiva en unidades vendidas, continúa ampliándose para más empresas y sectores”. Dos tercios de los comerciantes manifiestan que este año será económicamente, mucho mejor que el 2024, tanto a nivel nacional como provincial.
Los recursos de origen nacional que recibió la Provincia en marzo aumentaron un 17,7% de manera interanual, y significaron tan solo el 20% de los ingresos. Neuquén se ubica entre las provincias a la que mayor cantidad de fondos se les transfirió. Las regalías son las que sostienen la economía del gobierno de Figueroa, representando el 46% de los ingresos.
La Cámara de Comercio de Centenario manifestó preocupación e impotencia por la instalación nuevamente en Vista Alegre de la Feria de Venta Informal denominada “Saladita”. Y consideraron a este tipo de comercialización como “competencia desleal” que genera un profundo perjuicio para los negocios locales.
El año 2024 dejó un balance con un saldo positivo de 18.823 millones de pesos de superávit, por quinto año consecutivo. El gasto en personal tuvo una incidencia del 25% mientras que el 75% restante corresponde fondos que se destinaron a infraestructura, obra pública y bienes y servicios.
El dato fue el tercero más bajo de la Patagonia en el segundo semestre de 2024. Comparada con la primera medición de 2024, se trata de un descenso del 8,4 por ciento desde el último registro. La indigencia alcanzó al 3,3 por ciento.
El objetivo es lograr eficiencia en la recaudación y evitar la competencia entre municipios colindantes que generan la migración de base imponible y el consecuente perjuicio para las arcas públicas. El gobierno trabaja en el proyecto de ley del Código Tributario Municipal Armonizado. Apuntan a que las tarifas del agua potable sean acordes a los costos del servicio.
