El proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2025, esta estimado en 260.197 millones de pesos. La partida de personal demandará 241.697 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 93% de los gastos, mientras la planta de personal es de 2.518 cargos.
Economía 24 de octubre de 2024
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, presentó el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2025, estimado en 260.197 millones de pesos. “Expone una relación de equilibrio entre recursos y gastos”, sostiene en la iniciativa.
Los recursos se generarán por los ingresos de coparticipación federal, calculados en 134.397 millones; recursos propios, por 4.500 millones y contribuciones figurativas del Tesoro Provincial por 121.300 millones.
En cuanto a los gastos corrientes, la partida de personal demandará 241.697 millones. Aclara que, para ese cálculo, se tuvo en cuenta “el crecimiento vegetativo —antigüedad—, el impacto de la inflación (IPC) proyectada para el cierre del ejercicio actual, así como la estimada para el ejercicio 2025, conforme a las pautas macro-fiscales definidas por el órgano rector provincial”. Y añade que cualquier desvío del indicador “demandará mayor asistencia financiera, de modo de permitir el pleno y normal funcionamiento del servicio de justicia”.
En tanto, el rubro bienes de consumo obtuvo una asignación de 1.400 millones y servicios no personales 12.600 millones. Para su estimación, se consideraron los efectos del comportamiento de las variables macroeconómicas, “destacándose el incremento significativo en el costo de los servicios públicos, de los servicios de limpieza, de vigilancia, de la locación de inmuebles, y la incidencia sobre el costo de los servicios e insumos sujetos a la variación del tipo de cambio, tales como licencias, conectividad e insumos informáticos y forenses”.
La inversión real demandará 4.500 millones y la planta de personal que contempla el proyecto es de 2.518 cargos, de los cuales 2.464 corresponden a planta permanente y 54 a la planta temporaria. Establece que el Poder Judicial podrá reestructurar y modificar las categorías programáticas, con las limitaciones impuestas por la ley de administración financiera 2141.
La exposición de motivos señala que el presupuesto requiere de la asignación de recursos para dar continuidad a las gestiones en materia de acceso a la justicia, el plan de modernización, el Fuero de Familia, la Oficina de Violencia y la Justicia de Paz.
También menciona que, como parte de las medidas previstas por el Ministerio Público Fiscal para optimizar la distribución de recursos y acercar la justicia a los ciudadanos, se crearán nuevas sedes en Añelo y Piedra del Águila.
En cuanto a la Defensa Pública, contempla una reorganización de los servicios que alcanzará al Servicio de Orientación Jurídica en el interior, que funciona como puerta de acceso al sistema en materia de niñez y adolescencia.
Por otro lado, prevé avanzar con las ampliaciones y mejoras en los inmuebles, y con la implementación del Plan de Modernización Integral. De igual modo, proyecto continuar con el plan integral de capacitación y revalorización del capital humano.
“En relación a las reestructuras presupuestarias que puede llevar a cabo este Poder Judicial, se pone a consideración autorizar al Tribunal Superior de Justicia a efectuar anticipos por recomposición salarial, a cuenta de futuros aumentos, cuando existan elementos objetivos que así lo ameriten, en atención a los plazos legislativos que conlleva la sanción del proyecto de ley de remuneraciones y su promulgación”, afirma.
Actualización de tasas judiciales para el 2025
Por otro lado, Gennari, presentó un proyecto de modificación de la ley impositiva a fin de actualizar los montos de tasas del Poder Judicial para el próximo año. Se trata de un incremento del valor de las tasas expresadas con montos fijos para atenuar los efectos del proceso inflacionario.
A tal fin, se modifica la ley 3407 con el objetivo de aumentar el valor de las tasas fijas en concepto de trámites y servicios que brinda la justicia neuquina, así como también por las actuaciones ante el TSJ. Igual criterio se replica para las tasas de la Justicia de Paz, las tasas retributivas del Registro Público de Comercio, las del Archivo General, del Registro de Juicios Universales y Otras Actuaciones Administrativas y Servicios del Cuerpo Médico Forense.
Los fundamentos indican que la propuesta se elaboró sobre la base de los principios de igualdad, proporcionalidad, generalidad y no confiscatoriedad, pilares del principio de capacidad contributiva.
En este sentido, se procura mantener actualizados los valores fijos, que en concepto de tasas se recaudan por el servicio de justicia, con un incremento en sus importes para atenuar.
Redes sociales, sitios no oficiales y correos electrónicos se han convertido también en herramientas para posibles estafas. Desde el banco provincial recordaron a sus clientes ingresar únicamente en sitios oficiales, y nunca brindar claves personales de homebanking, token, además de evitar ser guiado telefónicamente por alguien desconocido que solicite dichas claves.
El 97 por ciento de las firmas corresponden al segmento de micro, pequeña y mediana empresa. Los datos corresponden a un informe generado por la secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento.
En el comité de Integración de los Lagos propuso una agenda común de gas, electricidad y la pavimentación de los pasos fronterizos para el 2033. Y remarcó que Neuquén tiene reservas suficientes para exportar “seis veces el consumo de Argentina y Chile juntos durante los próximos 30 años”.
El Gobierno de Neuquén informó que depositarán los salarios del personal de la administración pública el mismo día que se pagará el aguinaldo. La fecha cae justo un día antes del feriado del viernes 27, día del empleado estatal, por lo que los estatales tienen un tercer fin de semana largo.
El Gobernador lamentó que la administración central recauda con el impuesto sobre los combustibles, pero no realiza las inversiones que debería realizar. “Un gran porcentaje del precio del combustible, una tercera o cuarta parte, va hacia impuestos nacionales y en realidad no vemos que las rutas nacionales estén mantenidas”, dijo Figueroa.
Las provincias acordaron impulsar un proyecto de Ley “para la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Buscan que un 48% del impuesto sea administrado por Nación mientras que el 52% quede en manos de las jurisdicciones. Pidieron que los ATN se distribuyan de acuerdo con la coparticipación.
