Los subsidios energéticos son el 36% de la recaudación del IVA

Mientras que la política debate sobre los planes sociales como el Potenciar Trabajo, que representa el 0.3% del PBI, los subsidios energéticos, que asisten proporcionalmente más a la clase media y alta que a los pobres, llegarán este año a representar el 2.8% del producto. Ese fondo permitiría bajar a 11,4% el IVA, o más progresivo aún, duplicar el gasto en educación y salud del Estado.

Aunque en la Argentina debatimos constantemente sobre el gran aporte que hacen los sectores medios y altos de la población para sostener a los sectores bajos, la política de subsidios energéticos ponen en jaque esa afirmación y revelan la ineficiencia del Estado en asistir a los que verdaderamente lo necesitan y la capacidad de ahogar con carga impositiva a todos.

Mientras la suma de los planes AUH, Progresar, Potenciar y Alimentar llegan en la Argentina a 1,6% del PBI, el economista de FIEL, Fernando Navajas, estima que el subsidio a la energía alcanzará 13.420 millones de dólares este año, un 2,8% del PBI, en un escenario “optimista” en el que considera que se morigerará la suba de los precios internacionales de la energía y que asume la implementación del ajuste tarifario comprometido con el FMI.

Esa bola de nieve que son los subsidios a la energía vuelven a estar cerca del pico que alcanzaron a finales del 2015, cuando llegaron al 3,5% del PBI y fueron los mayores responsables del desbalance de las cuentas públicas. Con la particularidad de que benefician mucho más a los sectores medios y altos de la población que a los más necesitados.

Un estudio que hicieron hace unos años en el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) determinó que el 20% más rico de la población recibía el 26,1% de los subsidios a la electricidad residencial, mientras que al 20% más pobre solo le llegaba el 14.4% del aporte. El mismo informe demostró que en el caso del gas, el 20% más rico recibía el 31.7% del subsidio y el 20% más pobre solo el 9,7% de ese beneficio.

“El impacto del subsidio generalizado a la energía sobre indicadores como el coeficiente de Gini -que mide la desigualdad en la población- es casi nulo, mientras que la inversión en educación o en salud son mucho más transformadoras”, dice Jorge Puig, uno de los autores del informe del CEDLAS.

A esa lista de distorsiones habría que sumarle 2800 millones de dólares que compensan el déficit de las empresas públicas concentrado fundamentalmente en Aerolíneas Argentinas, AYSA y Trenes, que tampoco prestan un servicio universal y que en el caso de la línea aérea son 100% un aporte del Estado a subsidiar consumos de los segmentos más altos de la población.

“¿Para qué se subsidia la energía si el Estado le da un cheque a todas las familias que necesitan asistencia mes a mes con la AUH? Podríamos tener un solo programa eficiente de asistencia social que sirva para cubrir los gastos de transporte, alimentos y escolaridad para las familias que lo necesitan, pero el Estado llega con poco y mal”, marca el economista Fausto Spotorno.

El director de la consultora Ferreres y asociados marca también el impacto en el crecimiento de la economía que producen estas distorsiones: “El gasto requiere un financiamiento, y la presión tributaria o el endeudamiento para compensar ese gasto ahoga el crecimiento”.

Puestos a comparar, el monto que destina la Argentina a subsidiar la energía permitiría multiplicar por 3 el gasto en salud o en Educación, o duplicar ambos.

Es que la energía en la Argentina, salvo por la implementación de la tarifa social, tiene un subsidio generalizado que no discrimina, pero además, que excluye a todos los sectores más bajos y marginados que no tienen acceso a los servicios públicos.

“Cuando el subsidio es universal, para todos los grupos de consumidores, el que más consume es el que más absorbe el beneficio y el que tiene la casa más grande es el más subsidiado. El sesgo de nuestros subsidios es en favor del rico”, explica Puig.

El economista reconoce la barrera para corregir ese desarreglo: “La mitad de la población que no debe recibir el subsidio, no quiere pagar lo que corresponde. Eso tiene que ver con la irreversibilidad de las políticas públicas. En la Argentina cuando das una transferencia de ingreso se considera un derecho adquirido”, marca el referente del CEDLAS.

En el extremo, una familia indigente cuando compra un alimento paga el 21% del IVA y esos recursos va a subsidiar la calefacción de una pileta climatizada en un country. El total de los subsidios energéticos estimados para este año representa el 36% de la recaudación del IVA.

Si consideramos una alícuota única de IVA para mantener el mismo nivel de recaudación actual -que tiene cargos del 10.5 y del 21% para distintos bienes- el impuesto al valor agregado debería ser del 19%, y necesitás 7,6% de esa recaudación para solventar los subsidios al gas y la electricidad.

Simplificando, la Argentina podría reducir a 11.4% el IVA y eliminar los subsidios energéticos manteniendo el mismo nivel de déficit. ¿Qué sería mejor para un hogar pobre? La respuesta es obvia. El dilema es que para la política cortoplacista y marcada por la agenda electoral lo mejor es congelar tarifas. “La política decide por sus necesidades electorales, condicionando la política pública”, sintetiza Puig.

Las tarifas se ajustarán según el coeficiente de variación salarial