Desde el sector agropecuario cuestionaron duramente al Consenso Fiscal, firmado por el presidente Alberto Fernández con los 23 gobernadores.
Agro28 de diciembre de 2021
Carlos
Desde el sector agropecuario consideran que el Consenso Fiscal abre la puerta al impuesto a la herencia y a un aumento de la presión tributaria en general.
En su cuenta de Twitter, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseguró:
“El campo y la sociedad no resisten un tributo más, somos la actividad que más paga y pedimos igualdad contributiva con los otros sectores de la economía. Este acuerdo político también debe contemplar una reducción del gasto y el endeudamiento público”.
Al respecto, opinó: “Esperemos que para el 2022 el Consenso Fiscal sea una manera de que los gobiernos provinciales dejen de postergar la disminución de impuestos, porque para eso fue creado. Deben ser consecuentes con lo que firmaron hace años”.
Asimismo, un informe técnico elaborado por la entidad advirtió que el impuesto a la herencia impediría “el crecimiento genuino, la generación permanente de empleo, el ahorro futuro y el sustento familiar”.
“Es el ejemplo más devastador de un impuesto sobre el capital, que en el caso de Argentina ya tributó Ganancias cuando se generó, tributa Bienes Personales al mantenerse en el patrimonio y ahora buscan que también lo haga al momento de su transmisión intergeneracional”, indicaron desde la entidad que integra la mesa de enlace junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria y CONINAGRO.
En tanto, el presidente de CRA, Jorge Chemes, también se expresó públicamente sobre el tema.
“Es un mal impuesto, una nueva forma de sacarle dinero a todo lo que es capital. Esto atenta contra la transmisión de bienes que puede hacer un padre a su hijo para apoyarlo en su desarrollo y crecimiento”.
En el marco de un webinar, el dirigente rural además opinó: “Es algo increíble, se hace todo lo contrario a lo que hay que hacer. En lugar de incentivar para que el capital crezca, le ponen el pie encima para asfixiarlo”.
“Es un impuesto a la muerte”.
En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), Juan José Madero, afirmó que un gravamen a la herencia se trataría de un “impuesto a la muerte”, al que consideró “absurdo” y manifestó el “rechazo absoluto a cualquier política que trabe la inversión”.
“Se grava sobre lo que se pagó en vida, que ya de por sí es confiscatorio y que en la agricultura arranca desde las retenciones. También hay pago de Bienes personales, e Ingresos Brutos, y los que ya están incluidos en todo lo que se compra. Tengo entendido que ya hay unos 270 impuestos. Entonces, sobre ese verdadero ahorro ahora habrá un nuevo tributo. Es algo que ya es irracional”, evaluó.
“En nuestro rubro, que es el inmobiliario rural, hay mucho de lo que es la visión generacional de la inversión. Cuando uno invierte en tierras, lo hace con una mirada en el largo plazo, pensando en lo que le va a dejar a sus hijos y nietos. Hay algo del sentido de la pertenencia, el arraigo y el amor por lo que se hace. No solo es una herencia material, sino de valores y de forma de vida”, explicó.
Asimismo, Madero recordó que el Consenso Fiscal en un principio se ideó con el objetivo de “aliviar la carga impositiva al contribuyente”. Por eso, criticó que se esté “abriendo la puerta contraria para la cual fue pensado”.
Asimismo, evaluó que este tipo de medidas “desalienta el crecimiento y favorece la evasión”. Sobre eso, profundizó: “Los números a veces no dan y la carga impositiva hace que el resultado sea negativo. Entonces, ahí quedan dos alternativas: retirarse o no pagar y judicializar todo, porque ya hay una presión demasiado fuerte que es confiscatoria y habría que ver si es inconstitucional.
El directivo de los operadores inmobiliarios reflejó que “ya hay gente que está preparando amparos por este ´impuesto a la muerte´´ y hay diputados que están presentando proyectos de ley para derogar el decreto que llama a ese Consenso Fiscal”.
Por ello, concluyó: “Esperamos que esto no prospere, y que sea solo un intento del Gobierno, porque sería como pegarse un tiro en el pie. Es más, nuestro deseo es que esta nueva constitución del Congreso, más equilibrado, apunte a eliminar impuestos”.
En lo que va del año, el 45% de la producción de manzanas se destinó a la industria, segmento que paga apenas una cuarta parte de lo que podría obtenerse en el mercado interno o en la exportación. El dato se explica ya que la fruta del Alto Valle pierde competitividad frente a Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda.
La Federación de Sociedades Rurales, pedirá la derogación definitiva de la resolución del SENASA que fue tildada como “inconsulta y política”. Para los ganaderos, la apertura de la barrera a la carne con hueso, representó “una caída del 30%” de los precios". “No nos gusta ni aceptamos que la Nación nos cambie las reglas de nuestra ganadería con medidas inconsultas”, dijo Weretilneck.
La jueza de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego y prohibió por 30 días el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado. Así, frenó la medida del SENASA que regía desde fines de junio. Desde la entidad rural ratificaron que la medida tiene alcance para toda la Patagonia y no únicamente para Tierra del Fuego.
Sin nieve ni lluvia, ganaderos de la Provincia pidieron la emergencia del sector. “Así no hay campo que aguante”. El Gobierno anunció créditos y un manejo más estricto del riego, en especial en aquellas zonas donde no existen consorcios. Inyectarán unos $4.400 millones para el sector, de los cuales unos $3.000 serán para crear líneas de financiamiento.
"¿Nos van a apoyar o dejar desaparecer?", fue el grito de los chacareros durante la apertura de las compuertas de una nueva temporada de riego en el Alto Valle. Ante autoridades provinciales denunciaron robos, incendios intencionales, altos costos de la energía, puentes rotos por el paso de camiones del petróleo, y finanzas para mantener “canales casi siempre en rojo”.
El corte más emblemático de la parrilla, se mantuvo estable a nivel nacional mientras que en la Patagonia experimentó una histórica baja de más del 20% en apenas un mes. Según el último informe del INDEC, el valor minorista promedio del asado durante julio fue de $10.981,58 por kilo, apenas un 0,1% por encima de los $10.973,35 registrados en junio.
